Como una medida improcedente porque el Gobierno Nacional no tiene la potestad de definir los usos del suelo en los municipios calificó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la resolución 0377 de 2024, la cual daría vía libre a las Áreas de Protección para la Producción Agrícola (APPA), limitando así el uso de 250.000 hectáreas del Suroeste antioqueño exclusivamente para este fin. Ante esta razón, el mandatario departamental anunció que se unirá a los demandantes de esta medida para evitar su aplicación arbitraria.
“Es una usurpación que hace el Gobierno Nacional en su lucha ideológica por querer oponerse a todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la minería, a las autoridades locales. Los concejos municipales son los únicos competentes en la Constitución y la ley colombiana para definir los usos del suelo, para establecer dónde se hace industria, dónde se hace vivienda, dónde se desarrolla el comercio, dónde se desarrollan las distintas actividades”, explicó el gobernador, argumentando que la medida golpearía a los principales sectores económicos de la subregión.
Pero mientras se instaura la demanda en contra de esta decisión del Ministerio de Agricultura, el mandatario departamental viajará a Ciudad Bolívar para reunirse con los 23 alcaldes de esta subregión, los directores de las provincias y los congresistas de la bancada antioqueña para tratar todo lo relacionado con esta normatividad y escuchar las posiciones de cada uno de ellos para tener más argumentos para interponer la acción legal contra la misma y, de paso, solicitar una medida cautelar para evitar su implementación hasta que haya un fallo.
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Esta resolución del Ministerio de Agricultura fue firmada el pasado 26 de diciembre, pero apenas se dio a conocer públicamente el pasado fin de semana. La principal polémica se generó porque si bien se anunció que esta se aplicaría en nueve municipios de la alta Guajira, en 21 del departamento de Córdoba, dos de Santander, 11 municipios de la sabana de Bogotá, en Cundinamarca, y ocho municipios de una zona entre Tolima y el Cauca, se le suman los seis del Bajo Cauca y los 23 del Suroeste en Antioquia.
Sin embargo, la primera prueba se implementaría en esta última subregión antioqueña y de acuerdo con las voces que critican esta medida, la determinación de seleccionar al Suroeste tiene que ver con una ofensiva contra las distintas expresiones de minería, principalmente contra Quebradona, el proyecto minero entre Jericó y Támesis que buscaría extraer 4,9 millones de toneladas de concetrado de oro y que cuenta con una fuerte del gobierno de Gustavo Petro.
“No hacen un tratamiento parcial del Suroeste, o de municipios del Suroeste y tomando a algunos del Occidente. No, es una delimitación precisa del Suroeste antioqueño, de los 23 municipios, y podemos intuir que el primer objetivo de ellos se llama la minería”, señaló el representante a la Cámara por Antioquia, Hernán Cadavid, uno de los principales opositores de esta resolución, incluso desde antes de ser firmada.
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Una de las principales polémicas relacionadas con las APPA es que esta no se habría socializado bajo las condiciones establecidas, sino que se sostuvieron reuniones particulares con algunos sectores políticos en recintos cerrados y con poca presencia de personas, para evitar las críticas respectivas por parte de los opositores a la misma, principalmente líderes de los sectores económicos que se verían más afectados, teniendo en cuenta que la resolución no especifica cuáles serían los polígonos en los que se implementaría.
