La supuesta eliminación sistemática de multas de tránsito sin un sustento legal es el hecho por el que están respondiendo ante la justicia los alcaldes que han gobernado Envigado en los últimos ocho años.
Este jueves, ante la juez 20 penal municipal con funciones de control de garantías, la Fiscalía les imputó los delitos de peculado por apropiación y tráfico de influencias a Héctor Londoño, Raúl Cardona y Sara Cuervo. A esta última, además, le imputaron el delito de prevaricato, pues los presuntos hechos delictivos habrían ocurrido entre 2016 y 2018, cuando ella fungía como Secretaria de Movilidad.
Según el fiscal del caso, Cuervo habría ordenado a varios de sus subalternos que eliminaran de manera ilegal y sin argumentación 634 multas de tránsito. Cardona y Londoño habrían usado sus influencias por lo menos en 140 y 34 de esos casos, respectivamente.
“Los funcionarios (subalternos de Cuervo) ingresaban al sistema para tener una resolución parametrizada que permitiera bajar el comparendo y exonerar ilegalmente a los sancionados”, dijo el representante del ente investigador.
Las órdenes de eliminar los comparendos, de acuerdo con la hipótesis de los investigadores, se habrían dado de manera presencial en reuniones, a través de chats de WhatsApp y mediante llamadas realizadas desde teléfonos fijos.
Esas acciones habrían impedido que llegaran recursos por más de $153 millones a la Secretaría de Movilidad y al Municipio.
Así va el proceso
El fiscal sostuvo que la supuesta acción delictiva fue homogénea, es decir, que se actuaba de manera sistemática: las resoluciones para eliminar las multas estaban parametrizadas y, en ningún caso, se hacían audiencias para demostrar si los infractores eran o no responsables. Incluso se investiga si se destruyó material probatorio de las infracciones.
La Fiscalía realizó pruebas grafológicas, interceptó audios, hizo diligencias de inspección a las oficinas de la Secretaría de Movilidad -de las que informó este diario en su momento-, y entrevistó a agentes de tránsito en la investigación y pudo establecer que casi todos los comparendos eliminados estaban sin la firma de los supervisores o de Cuervo.
“Los funcionarios que recibían la orden de eliminarlos, a fin de salvar su responsabilidad, dejaban en el campo de observaciones anotaciones puntuales que decían que se borraba el parte con el visto bueno” de Cuervo, Londoño o Cardona, según el caso, explicó el fiscal.
Solo en uno de los casos, que será analizado en el juicio, la resolución de eliminación al parecer tiene la firma de la entonces Secretaria de Movilidad.
El pasado martes, Cuervo y Londoño se presentaron de forma voluntaria ante la justicia, pues se habían librado órdenes de captura en su contra. Y el miércoles se legalizó la captura, durante la audiencia en la sala 31 del piso 17 del Palacio de Justicia.
La diligencia se suspendió a las 7:45 p.m. y se reanudará este viernes. La juez deberá resolver la solicitud de medida de aseguramiento hecha por la Fiscalía y que consiste en mantener la detención domiciliaria a Cardona y enviar a prisión a Cuervo y Londoño.
