Un supuesto aporte de $10 millones a la “vaca” para las vías 4G que se atribuyó el Clan del Golfo fue utilizado para enturbiar la colecta pública liderada por la Gobernación de Antioquia para culminar las obras del Túnel del Toyo y el intercambio que empalme los tramos Pacífico 1 y 2, en el Suroeste.
La Gobernación y Bancolombia, entidad financiera que recolecta los recursos que ya superaron los $1.240 millones, aseguraron que cuentan con todos los filtros para evitar consignaciones sospechosas y aclararon que si existe un movimiento poco claro las donaciones son reintegradas de inmediato al aportante.
El secretario de Hacienda de Antioquia, Eugenio Prieto, explicó que “la “vaca” se recauda en Bancolombia, mediante un convenio con la Secretaría de Hacienda de Antioquia, es decir que “el banco verifica la trazabilidad de todas las transacciones con una auditoría permanente, cruzando con la cédula de los ciudadanos, plataforma, banco y aporte voluntario realizado, los cuales serán auditados nuevamente, antes de ser incorporados al presupuesto de Antioquia”.
El argumento que entrega el funcionario pasa porque cada persona que hace su aporte debe dejar su número de cédula y su identificación para facilitar el rastreo de cada uno de los recursos y así poder regular si estos provienen de fuentes legales o no.
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De hecho, el gobernador Rendón aseguró que, después de la polémica generada por el supuesto comunicado del Clan del Golfo, se han devuelto algunas donaciones sospechosas, con montos altos, para evitar que se ensucien los recursos y se presenten inconvenientes legales a la hora de entregar los dineros para ejecutar las obras que están inconclusas.
EL COLOMBIANO consultó a Bancolombia para buscar explicaciones de cómo realizan este proceso y afirmaron únicamente que cuentan con protocolos muy estrictos para conocer la legalidad de los aportantes y en caso tal de que esto no se pueda hacer, simplemente se reintegran los aportes.
¿Qué perjuicios tiene?
Según expertos consultados por EL COLOMBIANO, entre las medidas que se deben adoptar para controlar el ingreso de activos ilegales es diligenciar un formulario conocido como Sarlaft, en el que se declara que todos los recursos ingresados no provienen del narcotráfico ni actividades terroristas.
Todo con el fin de que se vayan a generar inhabilidades legales a la hora de utilizar estos dineros en proyectos públicos, como es la finalidad que se tiene con esta “vaca”.
El abogado penalista Iván Durango explicó que como no está regulado el sistema frente a la identificación plena de quien consigna, independiente de su origen, es necesario que se haga una mayor regulación para evitar que se presenten problemas legales frente a estas iniciativas.
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No obstante, tanto para las autoridades departamentales como para los expertos, el presunto comunicado dado a conocer por el Clan del Golfo el sábado tendría más un sentido de sabotear la iniciativa que en realidad hacer un aporte a la ejecución de estas obras.
Además de los controles realizados a esta iniciativa para evitar que los ilegales puedan usarla para limpiar plata, esta cuenta con una veeduría ciudadana para garantizar que cada centavo aportado se destine para la finalidad prevista y no se desvíe para otras cosas.
Quienes conforman este comité de vigilancia de los recursos son Lina Vélez, presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín; Edward Stiven Pino Graciano, trabajador del Túnel del Toyo; María Bibiana Botero, presidenta de Proantioquia; Jorge Iván Díez Vélez, secretario general de la Confederación del Trabajo para Antioquia y Camilo Cano, secretario de Participación de Medellín.
La Gobernación aseguró que seguirá adelante con esta iniciativa e intensificará los controles para evitar que la “vaca” se ensucie.
1.240
millones de pesos se han aportado en la “vaca” de la Gobernación de Antioquia.
