Durante los 23 minutos de entrevista con EL COLOMBIANO, el gerente de EPM defendió dos planteamientos luego de la crisis administrativa generada por la renuncia de la junta directiva en pleno debido, argumentaron los ocho miembros, a que no fueron tenidos en cuenta en las decisiones recientes de la empresa. Uno, que la administración les informó de sus planes y proyectos; y dos, que no tenían competencia para decidir ni sobre la propuesta de modificación del objeto social, ni sobre las acciones judiciales por Hidroituango.
¿Cuál es la situación al interior de la organización?
“Con el voto de confianza que el alcalde le había dado a los miembros de junta, que era total, nadie pensaba que una diferencia que ellos dejaron saber públicamente podía conducir a eso. Pero ante este hecho tengo que decir, que todas las organizaciones que tiene juntas directivas están pobladas de personas que tienen acuerdos y desacuerdos y la mayoría de eventos se pueden resolver de forma amistosa en la mesa. Pero esta vez la junta directiva decidió en pleno hacerse a un lado y presentar renuncia. Al interior lo hemos tomado como una situación lamentable, pero esto no le quita gobernabilidad a las instituciones”.
Vamos a los puntos de la carta. El primer reproche es que la propuesta de modificación del objeto social se presentó a título informativo sin que mediara discusión, ¿cómo se radicó ante el Concejo un proyecto de tanta trascendencia, sin discutirlo con la junta?
“Lo primero es referirse a la competencia para revisar la estructura de la administración, incluidos los estatutos de cada entidad municipal o descentralizada en cabeza del señor alcalde. Esa competencia e iniciativa es exclusiva de él. Recibió este proyecto de la administración pasada en el empalme y luego, con unas revisiones para ponerlo a tono con el plan de desarrollo de la ciudad, integramos unas ideas que van muy en el camino de hacer de Medellín una ciudad inteligente. Pero fue llevado a la junta directiva, recuerdo. Ellos no son competentes porque la competencia es exclusiva del alcalde. Sin embargo siguieron trabajando, las actas están allí, las podemos compulsar tranquilamente para que se observe todo lo que pasó en esas tres juntas y en un comité previo a una junta, en la que hasta ellos ayudaron a refinar la línea del proyecto de acuerdo y decidieron que fuera por facultades. Ayer (martes) el alcalde en junta directiva extraordinaria les pidió que se pronunciaran públicamente y que dijeran la verdad, que contaran que sí habían sido informados, aunque no fuera competencia de ellos, pero el trámite sí se cursó al interior de la junta”.
Perdón, gerente, pero los ocho dicen que fue a título informativo, que no hubo ninguna discusión frente al tema, ¿están mintiendo?
“Eso se resuelve mirando las actas de las juntas directivas que si las peticionamos, el secretario general las puede pegar como notario de la organización, da fe de ello, le transcribirá la parte pertinente de cada intervención de los miembros y cómo se construyó finalmente la idea de poderlo pasar como quedó elaborado en la junta al Concejo”.
En cuanto a la conciliación en el caso de Hidroituango, dicen que no conocieron ni participaron en el análisis para adelantar las acciones legales contra los contratistas. ¿Cómo la mayor demanda de una entidad pública por $9,9 billones no la conoce la junta?
“Lo primero es registrar que desde la contingencia de 2018, la organización tenía la obligación de preparar la salida jurídica a lo que allí se presentó sobre todo porque hay reparos por parte de los órganos de control a algunos comportamientos en campo. De tal suerte que sí lo venía conociendo la junta directiva que tenía este deber. Ahora, por cumplimiento de términos, casualmente se están venciendo, para actuar así como las acciones correspondientes. Atendiendo un llamado de la junta directiva, especialmente del doctor Luis Fernando Álvarez, que pidió que llamáramos a una diligencia de conciliación a las partes, lo estamos haciendo. Es que llamar aquí a una conciliación no es un tema litigioso y contencioso, simplemente, es una conciliación ante el procurador delegado ante el Tribunal Administrativo para que llame a todas las partes y contra el documento que nosotros preparamos empezara una discusión.
Si se logra un acuerdo, maravilloso, y en tres meses se levantará un acta y se llevará eso a una decisión y haciendo tránsito a cosa juzgada. Si no hay un acuerdo, quedará la acción contenciosa administrativa ante el mismo tribunal. ¿Qué pasa? Esa conciliación no se podía llevar, como lo planteó alguno de los miembros, sentados en una mesa discutiendo asuntos de interés, pero el buen o mal acuerdo que hubiéramos hecho podía tener reparo de parte de los órganos de control. Teníamos que llevarlo ante la autoridad, en este caso ante el Ministerio Público.
Ahora, tiempo no tuvimos mucho porque la última prueba que terminamos de recaudar fue este último fin de semana para poder incorporarla en las diligencias. El alcalde conoció el tema el mismo domingo y el lunes estábamos hablando para entregar el documento a la opinión pública. Pero la competencia tampoco es de la junta directiva. Si se leen los estatutos, la defensa de la institución es toda del gerente. De tal manera que si los miembros de la junta querían conciliación, a eso llamamos y ellos podían tener participación para intervenir en el debate. Yo no entiendo entonces a qué obedece esa desazón cuando realmente se cumplen los requerimientos por ellos planteados”.
¿Cuál es el plazo que se vence, argumento de la premura y la no consulta con la junta directiva?
“Es una acción de reparación directa. Porque aquí hay una responsabilidad contractual y extracontractual y tiene dos años a partir de la contingencia de abril de 2018. Se cumplieron el 28 de abril de 2020 pero como estábamos en suspensión de términos por la emergencia económica, una vez se levantó la suspensión se volvieron a contabilizar los tiempos y da para justo este 13 de agosto que se estaría venciendo para llevarlo vía conciliación o para ir al debate jurídico. No teníamos más tiempo para eso”.
Otro reproche de fondo de la junta es que no se están observando buenas prácticas de gobierno corporativo que han caracterizado al grupo EPM, ¿qué responde?
“Está probado que la junta no era competente y no pueden decir que las reglas del gobierno corporativo no se están cumpliendo, porque los mismos miembros, con todo el respeto lo digo, saben que aquí se cumplen rigurosamente en todo el proceder, en la manera cómo se confeccionan las decisiones, cómo se enteran, cómo se discute, y la manera como queda consignada en actas. De tal forma que eso no es lo que está pasando. Cuando pasa una situación que es meramente informativa, como la de las facultades del alcalde sobre el objeto social, y la facultad que tiene el gerente para tomar acciones judiciales, pues obviamente lo que se hace es informar, pero ellos no tienen facultad para decidir y en el último caso no tuvimos tiempo de llevarlo a título informativo. Cumplimos más bien la voluntad de ellos de conciliar, y en esa etapa esperamos oírlos a todos. Entonces aquí no está en entredicho las reglas del gobierno corporativo, te lo puedo asegurar porque es lo sagrado de la organización, la columna de nuestra organización: independencia para actuar y las reglas de gobierno corporativo”.
Pero si dos decisiones tan fundamentales no se llevan ni siquiera para consulta o consejo, ¿entonces qué papel estaba jugando la junta directiva para ustedes?
“Por lo que te he venido expresando, tengo cómo probarte que lo del objeto social sí fue consultado y te podemos reproducir a petición tuya las actas, la parte pertinente donde se dio la intervención de los miembros de junta, entonces eso no cuenta para la pregunta. Y sobre la conciliación, esa no es una decisión, es una facultad toda del gerente general. Y le estoy diciendo, no hubo tiempo para citarlos porque la acción se estaba cumpliendo para el día de mañana (hoy) y no se podía esperar para el último día porque podíamos estar omitiendo algún documento formal que impidiera que nosotros pudiéramos formalizar esta conciliación. Pero como lo dije, atendimos el llamado de conciliar, que era más o menos lo que se representaba en todos los miembros de junta”.
El gobierno corporativo busca que las decisiones no respondan solo al criterio del mandatario de turno, ¿qué contrapesos quedan ahora para las decisiones en EPM con solo el alcalde y usted para tomarlas?
“Es deber del señor alcalde integrar rápidamente la junta directiva, está en el marco de sus competencias y estoy seguro que lo dará a conocer en los siguientes días. Pero por ahora no tenemos temas relevantes para llevar a la junta, si no que da espera para que se confeccione y sigue la normalidad interior. Hoy hay una absoluta normalidad en el comportamiento de la organización en todos los órdenes y procesos activos”.
¿Pero queda hoy en esa toma decisiones el alcalde y el gerente EPM?
“No puede verse así, porque para eso hay un órgano colegiado que no puede prescindirse de él, el alcalde va a ejercer sus competencias y va a producir los nombramientos. Vamos a tener de nuevo el órgano colegiado como lo mandan los estatutos, eso no está en discusión”.
El Comité Intergremial de Antioquia dice que la situación de EPM genera pérdida de credibilidad, ¿qué opina?
“Respetarlo, oírlo y obviamente estudiarlo internamente. Pero puede tener la certeza desde mi convicción y con la claridad y contundencia que le estoy hablando a la opinión pública, con la misma transparencia que estoy actuando para defender los intereses de la organización, que aquí no se está inobservando nada. Las ejecutorias se han contado, cada una de ellas a la opinión pública, y para el registro de siete meses creo que se han tomado decisiones claves como reactivar el proyecto de Hidroituango, estamos hoy en Electricaribe, manejamos la crisis de la covid. Hemos resuelto muchas discusiones en muchos frentes como la Ptar de Bello. Manejamos también la intención del gobierno de intervenir la hidrología con un verano intenso. Aquí se toman decisiones tan complejas como el tamaño de la organización y a todo le hemos hecho frente. No entendemos esa preocupación y mas bien los invitaría para que como gremios, que están haciendo seguimiento a todas estas instituciones, se defienda la línea del patrimonio público. Pido que conozcan el proyecto de conciliación y que como ellos defienden el interés público, defiendan el accionar del gerente que es salvaguardar la empresa y defenderla” .
