En Tarazá y Murindó, dos municipios de Antioquia distantes entre sí, habrá elecciones atípicas el próximo 5 de junio. Así lo dispuso la Gobernación de Antioquia por medio de dos decretos.
Aunque Tarazá queda en la región del Bajo Cauca, cerca al río Cauca, y Murindó está junto al Atrato, al otro lado del Nudo del Paramillo, ambos tienen en común la turbulencia política por la que atraviesan. El caso de Tarazá es más atípico. Su alcalde electo para el periodo 200-2023, Miguel Ángel Gómez, murió por covid en 2020.
Entonces, como ahora, se presentaron unas elecciones atípicas en las que se impuso Dawinson Gómez Tamayo, sobrino del fallecido alcalde. Desde sus primeros días en el poder, Gómez vio amenazada su permanencia en el cargo, pues desde el comienzo se señaló de una supuesta inhabilidad que él trató de evadir. Al ser sobrino del alcalde fallecido, Gómez Tamayo sí estaba inhabilitado, lo que terminó por confirmar el Tribunal Administrativo de Antioquia el pasado 3 de febrero.
El pueblo, una vez más, quedó acéfalo. El 4 de octubre del año pasado, EL COLOMBIANO publicó un completo reportaje titulado “Tarazá: el pueblo que no soporta un nuevo llamado a elecciones”, en el que se evidencia cómo esa turbulencia política y esa silla vacía al frente de la alcaldía ha generado traumatismo a los ciudadanos, quienes se muestran apáticos y hartos de la política.
Junto al Atrato, en Murindó, las cosas también son complejas. Allí gobernaba el alcalde Nafel Palacios Lozano, cuyo mandato fue revocado por la Gobernación de Antioquia en febrero de 2022, cuando se declaró falta absoluta en el cargo. Resulta que su posesión ya había sido anulada parcialmente el 18 de noviembre de 2021. Ante el Tribunal Administrativo de Antioquia se había demandado por inhabilidad para ejercer el cargo.
Como Tarazá, Murindó también ha padecido turbulencias políticas. El alcalde Palacios ya había sido enviado a la cárcel por corrupción al sufragante. Aunque luego retomó el cargo, la investigación continuó.
El 5 de junio, los pobladores de estos dos municipios tendrán la oportunidad de nuevo para escoger un nuevo mandatario que termine el periodo constitucional 2022-2023.
