El gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU), Wilder Echavarría, pidió una licencia no remunerada de un mes y está haciendo uso de ella desde el 25 de julio. Personas que lo conocen aseguran que está dedicando este tiempo para ver cómo se logra ubicar con el nuevo gobierno en una entidad en Bogotá.
Tal vez quiere escapar de los problemas que agobian a la EDU, una entidad que había tenido una historia brillante, pues ha sido protagonista de grandes proyectos de transformación de la ciudad como Parques del Río, el intercambio de los Balsos, los Proyectos Urbanos Integrales (PUI), los colegios de calidad o el parque Bicentenario, pero ahora, en la alcaldía de Daniel Quintero, está viviendo su peor momento.
Se han revelado varios tropiezos grandes en lo que va corrido de este año. El nuevo fracaso tiene que ver con el plan parcial del Naranjal, tal vez el proyecto bajo la batuta de la EDU que más expectativa despierta, que está hoy suspendido y, por lo pronto, no se ha revelado quien lo terminará de construir.
En mayo, este diario también dio a conocer testimonios en poder de la Fiscalía, que comprometen a Echavarría, el gerente de la EDU, y a Miguel Quintero, el hermano del alcalde, en una reunión en la que, según los testigos, estarían ofreciendo vender el lote conocido con el nombre de Carabineros para quedarse con cerca de 33.000 millones de pesos.
Y en enero, el portal IFM Noticias denunció que Echavarrría comprometió vigencias futuras a tres años por $1.251 millones, si bien el monto puede no ser significativo, el escándalo se produce porque las utilizaría para pagar contratos de prestación de servicios que superan incluso el periodo de la administración actual, lo que sería una nómina paralela a la autorizada legalmente.
¿Qué es lo nuevo ahora?
EL COLOMBIANO encontró documentos que demuestran que la EDU le entregó varios contratos a una firma en la que ha figurado como directiva y propietaria una gran amiga y socia de Wilder Echavarría, la cual además ocupa un cargo directivo en la EDU, al punto de ser hoy la encargada de la entidad mientras él se toma su licencia no remunerada.
El caso documentado tiene que ver con cinco contratos por $2.773 millones suscritos con Kaliza Arquitectos, donde la representante legal, por lo menos hasta enero de 2019, fue María Antonia Sánchez Rave.
Resulta que Sánchez, una arquitecta de apenas 33 años, no solo sería afectivamente cercana a Echavarría, sino que ha sido su persona de confianza en la EDU.
Siendo él ingeniero civil y ella arquitecta, se habrían conocido entre 2015 y 2018, un periodo en que ambos trabajaron para la firma Delta Ingenieros y Arquitectos SAS –él como gerente de proyectos y ella como arquitecta neófita, tras graduarse de la Universidad Nacional–.
Luego, a principios de 2020, Echavarría asumió la gerencia de la EDU y en febrero del año siguiente se llevó a su aliada para la entidad en calidad de contratista para que lo asesorara en el componente técnico del comité que evalúa las propuestas de contratos.
Hubo un momento en el que esta desarrolló simultáneamente dos contratos que le daban más de doce millones de pesos mensuales. En septiembre de 2021 su amigo la nombró subgerente de gestión organizacional, cargo que ostenta en la actualidad.
“Ella es la persona en la que más confía en el mundo” –le dijo una fuente a EL COLOMBIANO– al punto de que mientras Echavarría perfila su futuro en la capital de la República, ella le cubre la espalda como gerente encargada de la EDU.
Para enero de 2019, cuando Luis Gabriel Franco reemplazó a Sánchez en la gerencia de Kaliza Arquitectos, la firma ya había adoptado ese nombre y se había trasladado a Medellín, pues antes se llamaba Forestaciones Agropinos SAS y estaba registrada en el Magdalena Medio.
Expertos consultados por este diario conceptuaron que si bien el tema de la representación legal no le generaría una inhabilidad legal, sí habría por lo menos un impedimento ético para que Sánchez participara en los comités donde se decidía la contratación y que le adjudicó los cinco contratos a la empresa relacionada con ella.
Sin embargo, en la misma acta a la cual tuvo acceso este diario, en la que Sánchez delega la representación, no se modificó la parte societaria, es decir que ella siguió siendo la accionista única, sin que se haya observado en el archivo oficial otro documento donde se releve de esa condición. Este punto sí le generaría una inhabilidad a la empresa para contratar con la EDU y convertiría a los funcionarios que hayan suscrito los contratos en posibles sujetos de indagación por contratación indebida, hasta con consecuencias penales si se llega a demostrar que hubo dolo.
Dos tierras los unen
Como si esto fuera poco, EL COLOMBIANO halló que Echavarría y Sánchez son además socios en dos terrenos en San Vicente (Oriente antioqueño). Uno de ellos, de 3.600 metros cuadrados, adquirido a mediados del 2018 por $20 millones en la vereda La Porquera, a solo media hora de Rionegro, y 15 minutos del casco urbano de San Vicente. En esa misma zona compró tierra desde 2016 Miguel Quintero, el hermano del alcalde de Medellín, el mismo que acompaña a Echavarría en el expediente judicial sobre el negociado de Carabineros.
En los pasillos de la administración municipal es vox populi que Echavarría sería la cuota de Miguel en la EDU y que este último maneja una influencia determinante en la contratación dentro de ese ente descentralizado de la Alcaldía. Los caminos de ambos personajes se habrían cruzado desde que el hermano mayor del alcalde de Medellín actuó como director de monitoreo y evaluación en el Banco de Proyectos de la Gobernación de Antioquia, durante la administración de Luis Pérez, y Echavarría asesoraba a gran cantidad de municipios en la gestión de iniciativas para captar recursos nacionales de regalías.
El segundo lote, de 4.000 metros cuadrados, Echavarría y Sánchez lo compraron apenas en marzo de este año por una cantidad idéntica al primero, en la vereda Las Hojas, de San Vicente.
Es decir que el gerente de la EDU contrató a su socia en un alto cargo de la entidad y además ella participaría de la decisión para darle contratos a la firma en la que ella ha aparecido como dueña. Sería un tema a aclarar, pues, al ser consultada por este diario, Sánchez aseguró que desde hace varios años no es más la propietaria de Caliza Arquitectos SAS. (ver entrevista) y que no ha incurrido en ninguna conducta ilegal.
