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Movimientos de grandes sumas de dinero en el Bajo Cauca indicaría posible compra de votos, alertó MinInterior

El ministro Luis Fernando Velasco invitó a denunciar casos de tráfico con el sufragio en las elecciones regionales del próximo domingo 29 de octubre.

  • El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, invitó a denunciar actos de corrupción electoral. FOTO ARCHIVO
    El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, invitó a denunciar actos de corrupción electoral. FOTO ARCHIVO
27 de octubre de 2023
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El gobierno nacional tiene encendidas las alertas por los movimientos de grandes sumas de dinero en la zona del Bajo Cauca antioqueño, que podrían tener como fin la compra de votos en los comicios del próximo domingo, según lo dejó entrever el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco,

Al hablar de las amenazas que podría haber alrededor de los comicios de este 29 de octubre para cargos locales y regionales, el funcionario adelantó que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que es el organismo encargado de rastrear posibles indicios de corrupción haciendo uso del sistema bancario, detectó en los últimos días “inusitados movimientos de efectivo” y dijo que se trata de información que están revisando los organismos de inteligencia del Estado.

Velasco se refirió también a las quejas por presunto comercio de apoyos electorales en la Costa Atlántica, que han recibido a través de la plataforma Uriel (Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral), que depende del Ministerio del Interior y aseguró que “no las vamos simplemente a pasar por alto”. A la vez, recordó el escándalo ocurrido en las elecciones para congreso en 2018, cuando las autoridades allanaron en Barranquilla la llamada “casa blanca”, donde Aida Merlano tenía su imperio de compra de votos para ella misma y para políticos tradicionales de la costa.

Velasco les hizo un llamado a los ciudadanos para que si conocen de “mochileros” que van a comprar votos, denuncien, y recordó el incentivo económico que dará el Gobierno. Son hasta cinco millones de pesos para compra de votos ‘a granel’ y hasta 200 millones de pesos si la información conduce a detectar y desmantelar casas de compra de votos. Fuera de eso, si se desmantela una organización delincuencial y de paso hay incautación de dinero, el denunciante puede recibir hasta el 10% de lo decomisado.

“Venimos a decirle a la gente que hagamos unas elecciones libres, transparentes, que no les hagamos el juego a los delincuentes que compran votos en todo el país”, puntualizó.

Fuentes en el Bajo Cauca le confirmaron a EL COLOMBIANO que en el periodo preelectoral ha habido un gran despliegue de las campañas, con el consiguiente gasto de sumas altas de dinero. Pero además, habría una valorización astronómica del voto, pues estarían pagando hasta 200 mil pesos por cada apoyo en las urnas, en tanto que en las elecciones para el Congreso de 2018 el “reconocimiento” rondaba los 50 mil pesos.

“Hay muchos movimientos, pero acá esto se ha normalizado; la gente no denuncia y las autoridades no hacen nada”, dijo la fuente.

Este diario confirmó con la Misión de Observación Electoral que hasta ahora no ha registrado denuncias por compra de votos en el Bajo Cauca.

ANTIOQUIA, UNO DE LOS DEPARTAMENTOS CON MÁS RIESGO ELECTORAL

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo catalogó a Antioquia dentro de los doce departamentos del país con más municipios que presentan riesgo electoral originado en la conflictividad social para los comicios de este domingo 29 de octubre.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, expuso que la primera región con esa problemática es Bolívar, con 13 municipios. De ahí siguen Antioquia y Chocó, con once cada uno; Sucre y Magdalena (9 cada uno); Caldas, Meta y Córdoba (7), y Santander, Cauca, La Guajira y Boyacá (6). Luego continúan Norte de Santander (5); Cundinamarca, Nariño, Huila y Atlántico (4); Casanare y Cesar (3); Caquetá, Risaralda y Valle del Cauca (2), y Guaviare y Tolima (1 cada uno).

Otro factor analizado por la Defensoría, que se puede combinar con el anterior, es la pugnacidad entre las campañas, los candidatos y los partidos, de cara a la competencia por los votos. El organismo señala que “el aumento de tensiones sociales derivadas de ataques entre y hacia candidatos y movimientos políticos podría desencadenar en hechos de violencia durante o después de la jornada democrática. Un posible fraude por margen menor de votos sería un detonante de un episodio de violencia”.

En ese sentido, otra vez aparece Medellín, pues el organismo garante de derechos humanos advierte que ha observado “con preocupación los continuos ataques entre y hacia los candidatos” en esta ciudad, igual que en Santander, Córdoba, Casanare, Cali, Cartagena, Barranquilla y Bogotá, entre otras ciudades.

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