La gente de Dabeiba, la puerta de salida del occidente y la de entrada al Urabá, fue durante décadas víctima de los horrores más crueles del conflicto armado en Colombia: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, homicidios, secuestros o desplazamientos forzados.
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Fuerzas militares, paramilitares y grupos guerrilleros se pelearon a sangre y fuego el control de un territorio estratégico para el tráfico de drogas, armas y tropas. No en vano, el 2 de octubre del 2016, en el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz de La Habana, el 65 % de la población de ese municipio votó por el sí.
Pero el pueblo, referente y casi un caso de estudio para dimensionar la crueldad de la guerra en el país, se ha convertido ahora, tras la firma de los acuerdos, en un laboratorio de paz que quiere replicarse en el resto del país.
El viernes pasado, el 12 de julio, un grupo de 18 comparecientes ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), compuesto por siete antiguos miembros de la Fuerza Pública que participaron en ejecuciones extrajudiciales y 11 exintegrantes de las Farc, entregaron la primera parte de Horizontes seguros.
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Se trata de un proyecto restaurativo en el que hicieron dos cosas: en primer lugar, dieron charlas educativas en colegios, jardines infantiles, hospitales y entidades para mitigar los riesgos de caer en una mina antipersonal en Dabeiba, Frontino y Mutatá. En segundo lugar, realizaron acciones reparadoras con la comunidad. Eso, por fuera del lenguaje de oenegé, significa que gente que duró años disparándose y buscándose en el monte para asesinarse, se encontró en la casa o en la finca de alguna víctima y arreglaron una cerca, limpiaron una huerta o hicieron el trabajo que el dueño del predio les pidió.
En total fueron 31 víctimas, de las cuales 15 sobrevivieron a una mina y los demás sufrieron desplazamiento, asesinato y desaparición forzada .Como consecuencia del conflicto armado, Antioquia es el departamento más afectado por la instalación de minas antipersonal y municiones sin explosionar.
De acuerdo con estadísticas de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, a través del programa de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), entre 2006 y 2024 se han registrado 12.454 víctimas por accidentes de este tipo de artefactos, de las cuales el 26% (2.665) son habitantes del departamento.
Solo en los municipios donde se implementó el proyecto restaurativo Horizontes Seguros, según esta entidad estatal, han ocurrido 119 accidentes (78 en Dabeiba, 22 en Mutatá, 11 en Murindó y 8 en Frontino) desde 1990. Los exmilitares y exfarc dictaron, entre febrero y junio de este año, 144 talleres sobre educación en riesgo de mina al que asistieron más de 3.000 personas.
Las víctimas, los exfarc y los exmilitares no solo se pusieron de acuerdo para trabajar. También coincidieron en que el proyecto había sido un éxito absoluto que debería replicarse en el resto del país.
Los resultados y la socialización del proyecto la presentaron en el centro educativo y cultural del municipio que lleva por nombre Laura Montoya. Allí expusieron buena parte de las actividades y los elementos que les han permitido encontrarse y trabajar juntos: pinturas sobre telas con los daños que les dejó la guerra, pero también con cómo se sueñan la reconciliación; cartas y mensajes en los que se disculpan y se comprometen a seguir reparando. Materas rotas como evidencia de que después del daño causado nada vuelve a ser lo mismo.
Un día antes de la entrega del proyecto los antiguos miembros de las Farc se reunieron en el Espacio Territorial de Capacitación Territorial de Llanogrande, en zona rural de Dabeiba, para sacar las conclusiones del piloto. Los exmilitares hicieron lo propio en la casa donde llevan viviendo desde febrero en habitaciones de a dos a la que le dicen la casa estudio. La conclusión en ambos lados fue la misma: necesitaN más tiempo y recursos para reparar.
