El 28 de noviembre no fue el día. En esa fecha, el Metro y la Alcaldía de Medellín se reunieron en una audiencia conciliatoria. ¿La razón? El Metro pretendía que el Distrito le pagara los $161.000 millones que le debe para que a, su vez, la empresa pudiera solucionar otra disputa legal que tiene con los transportadores.
Pues bien, como no hubo ánimo de conciliación y la audiencia fracasó, el Metro, al fin, instauró ayer una demanda contra la administración distrital para recuperar la plata.
La demanda fue radicada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. La pretensión principal es recuperar los $161.000 millones, pero además la entrega de los patios que están en manos del Distrito. Una vez eso se haga, indicó el Metro, los patios pasarán a los concesionarios, es decir, los operadores de las rutas 3 y 6 de buses, que operan en Belén y Aranjuez.
Y ahí está la otra arista de este problema. La operación de estas rutas salió a licitación en 2010, pero los transportadores tradicionales no contaban con el músculo financiero para asumir la prestación del servicio. Eso llevó a que la Alcaldía de entonces le encargara al Metro la operación de las dos líneas de Metroplús, además de tener potestad para entregar en concesión las rutas alimentadoras de las cuencas 3 y 6.
Pues bien, el sistema, a partir de ese momento, comenzó a operar con la cofinanciación del Fondo de Estabilización Tarifaria del sistema. Aunque era común que las transferencias se retrasaran con relativa frecuencia, desde el Metro explicaron que era parte de la mecánica: “Se tardaban dos, cuatro o cinco quincenas, pero luego llegaba la plata”.
La crisis por la pandemia ralentizó el ritmo de los giros por parte de la administración de Quintero al Metro y eso, cuentan fuentes cercanas a los concesionarios, los reventó. Los retrasos en los pagos por parte del sistema a Masivo de Occidente y al Sistema Alimentador Oriental (los operadores) pasaron de tres a ocho meses.
Esa situación tiene al Metro entre las cuerdas. Las empresas mencionadas activaron un tribunal de arbitramento que, contó María Clara Córdoba, secretaria general de la empresa, podría resolverse en febrero del año que viene.
“Nosotros hemos intentado conciliar con los concesionarios, pero no podíamos comprometernos, pues los recursos los dispone el Distrito. El principal impacto que tenemos es ese tribunal en este momento”, precisó Córdoba. Es decir, el Metro está entre la espada y la pared y depende únicamente de las transferencias de la Alcaldía al sistema.
Córdoba contó que la fallida audiencia se dio luego de intentar negociar con el Distrito y de presentar “más de 50 propuestas”. O sea, la audiencia, y ahora la demanda, son el desenlace de un laberinto sin salidas.
La secretaria fue enfática en que la demanda recién presentada es un asunto “institucional”, de “protección a lo público”. En cuanto a la audiencia, el argumento de la administración fue que no había pruebas de la obligación del Distrito frente al Metro, ni la cuantía.
“Nos sorprendió este argumento, pues hay un vínculo contractual entre el Metro y el Distrito. Al tratarse de una audiencia de esta índole, el proceso es cerrado y la abogada fue la que nos transmitió esa argumentación”, reveló Córdoba.
