La decisión fue tomada por la Procuraduría al comprobarse que Samuel Vásquez ejerció funciones públicas estando inhabilitado.
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 11 años a Samuel Roberto Vásquez Arias, quien fue director administrativo y financiero de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia entre 2021 y 2022. Esta decisión se tomó tras comprobarse que Vásquez Arias ejerció funciones públicas a pesar de estar inhabilitado por un fallo de responsabilidad fiscal.
La Procuraduría demostró que Vásquez Arias, mientras era miembro principal de la junta, fue notificado de dos sanciones fiscales emitidas por la Contraloría General de la República en su contra, las cuales quedaron en firme en 2021. A pesar de esto, no se apartó de su cargo como correspondía legalmente.
Ante esto, el organismo disciplinario consideró que Vásquez Arias “desatendió sus deberes funcionales” al no informar a su nominador sobre las sanciones fiscales, que le impedían ocupar cargos públicos. Este comportamiento fue calificado como una falta gravísima a título de dolo, ya que, pese a ser un profesional del derecho y conocer su inhabilidad, decidió guardar silencio y continuar en su cargo.
En su fallo de primera instancia, la Procuraduría hizo énfasis en la importancia de la moralidad y la buena fe en las actuaciones administrativas. Destacó que estos principios no solo implican un manejo adecuado de los recursos públicos, sino que se extienden a todos los actos inherentes al ejercicio de la función pública.
