En menos de un mes, más de 400 familias de la zona rural de Briceño tuvieron que abandonar sus hogares a causa del recrudecimiento en las confrontaciones entre el Clan del Golfo y las disidencias del frente 36 de las Farc.
Los desplazados, provenientes de más de 16 veredas, comenzaron a agolparse desde mediados de noviembre pasado en el casco urbano de ese municipio y ya desbordaron la capacidad humanitaria del gobierno local para atenderlos.
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Según informaron fuentes locales, durante las últimas semanas se han dado por lo menos tres oleadas de desplazamientos.
La primera de ellas ocurrió el pasado 17 de noviembre, cuando cerca de 22 familias arribaron al cabecera de Briceño huyendo de la violencia. El segundo desplazamiento, hasta ahora el más grande, se produjo el pasado 30 de noviembre, cuando otras 339 familias huyeron de sus viviendas por amenazas de las AGC.
El pasado lunes 4 de diciembre ocurrió el tercer desplazamiento masivo, cuando al menos 27 familias de las veredas La Calera y Pueblo Nuevo abandonaron sus casas por advertencias de las disidencias del Frente 36.
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Si bien las autoridades aún vienen haciendo un censo para establecer el número total de desplazados, los balances preliminares arrojaban hasta este jueves un saldo de 904 personas y 403 familias desplazadas.
Aunque entidades como la Unidad para las Víctimas del Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia se han volcado a la zona para apoyar la atención de la emergencia, dando kits de albergue, apoyo alimentario y reforzando las capacidades locales para censar a los desplazados, desde otros sectores se cuestiona precisamente el papel de las instituciones del Estado para evitar la emergencia.
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Oscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos del departamento, plantea que el repunte violento que hoy golpea a Briceño viene siendo alertado desde 2020, cuando la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que pidió con urgencia acciones de la Fuerza Pública y el Estado para evitar el fortalecimiento de los reductos de las Farc que no se acogieron al acuerdo de Paz.
“Podríamos decir que todas las veredas fueron copadas completamente por este grupo armado, tanto así que recientemente fue instrumentalizada la población en cerca ocho ocasiones para sacar a la Fuerza Pública de la zona”, señaló Zapata, advirtiendo que la situación más crítica la viven las veredas que limitan con los municipios de Valdivia e Ituango.
Según coincidieron otras fuentes consultadas, pese al fortalecimiento de las disidencias del Frente 36, otras estructuras asociadas al Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) han aparecido en la zona para disputarse el control territorial, generando una inestable situación de orden público.
Bajo esa óptica, tanto para entidades locales como analistas del conflicto, el principal clamado está dirigido a la Fuerza Pública, para que fortalezca su pie de fuerza en la zona y garantice el retorno de los pobladores desplazados.
