Aunque ayer los concejales de Medellín conocieron la cláusula de protección al patrimonio público, documento que se ha convertido en el corazón de la enajenación de las acciones que EPM tiene en UNE, el trámite aún no despeja por completo las dudas que despierta la venta tasada en hasta $2,8 billones. En la comisión primera, que tumbó la iniciativa el 21 de junio y ahora la estudia nuevamente, los nubarrones de desconfianza no desaparecen. Y el tiempo corre: a las extras en el Concejo les restan nueve días.
Si bien no se ha formalizado el calendario de ponencia para primer debate, se proyecta que la discusión tenga lugar entre el martes o miércoles de la próxima semana. En caso de que allí vuelva a negarse la iniciativa, a la Alcaldía le queda un comodín: apelar en los cinco días siguientes para que el nuevo borrador que formuló se estudie en otra comisión.
Ese procedimiento, que se hizo a destiempo la vez pasada, se debe tener a punto a más tardar el 20 de agosto. De esa forma el alcalde Daniel Quintero podría extender el periodo de sesiones extras y evitar que la iniciativa se hunda por temas de forma. La cuestión es que los vientos, por lo menos en la comisión primera, no son del todo favorables. El destino de la plata de la venta aún genera preocupación.
Reina la desconfianza
Si bien en el artículo seis del nuevo borrador de acuerdo se afirma que el dinero se usaría para el cumplimiento del plan de inversiones de EPM y la cancelación parcial o total de la deuda que resulte, esa claridad no ha sido suficiente. Daniel Duque, uno de los concejales que tiene asiento en la comisión primera, insiste en la falta de pericia de Quintero para manejar el tema.
“¿Qué ha pasado desde que se hundió el proyecto? Echaron a una de las funcionarias con mayor trayectoria en EPM y nos dejaron plantados en un debate de control político al gerente de Afinia. Solo quieren ir al Concejo a pedir permiso para vender cosas, pero en realidad no les importa la empresa”, sostuvo.
El alcalde ha dicho que la plata de la venta serviría para darle cumplimiento al plan de desarrollo, a la reactivación económica posterior al confinamiento, al plan de inversiones de EPM y hasta a los estragos causados por el invierno.
Por eso para otros concejales como Sebastián López y Carlos Ríos, ambos del Centro Democrático y con asiento en la comisión primera, no es del todo confiable lo que se propone en el borrador del proyecto: que la plata servirá para suplir parte de los $6,3 billones requeridos por el flujo de caja proyectado por la empresa a 2024.
Lo que argumenta la Alcaldía, en este sentido, es que de no aprobarse el negocio “la empresa tendrá que buscar alternativas de financiación que van a generar mayor presión sobre el endeudamiento de la compañía y el indicador de cobertura de deuda”.
Para paliar esa desconfianza, luego de ver la cláusula de protección al patrimonio público, en la comisión se ha hablado de llegar a aprobar la venta, pero con incisos que blinden el dinero que entre: que la destinación sea mucho más específica o que los recursos se guarden para inversiones del próximo cuatrienio.
“El clima en el Concejo es muy parecido al que hubo en el debate pasado. No hay un cambio drástico, pero hay una información nueva al ver la cláusula (...)”, dijo Simón Pérez, concejal que carga con esta papa caliente desde las ordinarias, pues es quien puede inclinar la balanza en la comisión. Según agregó, pese a que se mantiene la desconfianza con los escenarios que puedan venir luego de una venta, es novedoso que se estén estudiando mecanismos para autorizarla, garantizando el buen manejo del dinero.
Importancia de la venta
Cabe recordar que los motivos para vender tienen que ver con la posición en la que terminó EPM respecto a Millicom en el proceso de fusión celebrado en 2014. La empresa cedió el control de la sociedad, lo que para Guillermo Maya, profesor de la Universidad Nacional que le ha hecho seguimiento a este proceso, dejó a la empresa prisionera.
“Eso fue un mal negocio. EPM no recibe mayor rendimiento. Y aunque al problema se suman los tiempos de la cláusula, la solución no es quedarse. Si no se puede recuperar el control, hay que terminarlo. La empresa no tiene qué más hacer ahí”, expresó.
La cláusula a la que se refiere Maya fue la que conocieron ayer los concejales bajo confidencialidad. Lo que se sabe es que la figura estará activa hasta 2024 y funciona como un comodín para que EPM pueda ejercer su derecho de salida de la sociedad.
El mecanismo permite que EPM le ofrezca su participación a Millicom de forma preferente. Si esto no sucede, EPM perderá una gabela que no es menor: poner en venta el 100% de las acciones de la sociedad. Eso obligaría a que ambas empresas salgan a vender en conjunto toda la empresa antes de agosto de 2024.
Este escenario podría impactar negativamente la valoración que hasta ahora se hace del negocio, por lo que lo que pase en los próximos nueve días será clave en este debate de ciudad. “El problema de credibilidad que ha causado Quintero lo tiene enfrentado con el Concejo, pero retrasar la venta no es la mejor salida, dadas las circunstancias. Hay gente que llora la salida del negocio, cuando no hay cómo remediarlo”, concluyó Maya.
