Una pesadilla están viviendo cerca de 30 familias, unas 100 personas, que viven en La Chuscala parte baja, un barrio periférico del municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá, que colinda con lo que una vez fueron los rieles del ferrocarril de Amagá.
Las familias, casi todas de escasos recursos, empezaron a construir en la zona en 2011, cuando un hombre llamado Antonio María Agudelo les vendió, al parecer de forma ilegal, el terreno loteado. Las familias se endeudaron y gastaron todos sus ahorros para levantar ahí una vivienda propia. A cambio recibieron una promesa de compraventa, que al parecer resultó trucha.
Para tener más contexto, lea: Lío en Caldas por invasión a predio en La Chuscala
Desde entonces, el barrio ha sido motivo de pleitos jurídicos entre el que vendió los lotes, los que los compraron y Juan Guillermo De la Cuesta, quien es el dueño de una gran finca en el sector y quien reclama ese terreno como propio.
Ha sido una década de acciones judiciales, demandas, tutelas, derechos de petición que parecen, en lugar de resolver, ir enredando una pita que tiene a todo el mundo nervioso, especialmente a los habitantes que viven con la incertidumbre de no saber a dónde ir a parar por los operativos de desalojo que se han incrementado en los últimos días.
Por eso, hicieron a comienzos de esta semana un plantón en La Alpujarra a las afueras del edificio de la Gobernación, en el que pedían que alguien se preocupara por ellos porque ya han desalojado a más de 10 familias, han demolido sus casas y nadie les da solución ni les responde. Incluso, la Alcaldía de Caldas, que es desde donde se han coordinado los operativos con la fuerza pública —el más reciente fue el pasado 3 de febrero y tuvo la participación de más de 200 uniformados, dos por cada habitante— le dijo a EL COLOMBIANO que no se pronunciaría sobre el tema.
Lo que dicen los habitantes
Como se dijo, ya van más de 10 familias las que han sido desalojadas y sus viviendas demolidas y, según les han dicho las autoridades del municipio a las familias que quedan, esa es la suerte que les espera al resto. Sin embargo, ellas aseguran, con base en un documento firmado por la inspectora de Policía del municipio en junio de 2018, que el lote hace parte del espacio público, pues es propiedad del Instituto Nacional de Vías, Invías.
“El predio señalado como propiedad del señor Juan Guillermo Federico De la Cuesta hace parte del espacio público, propiedad del Invías, hecho reconocido por De la Cuesta, quien al presentar acción popular en contra del municipio de Caldas, solicitando la restitución del espacio público da fe al juez administrativo de la inexistencia de la titularidad del particular”, se lee en el documento.
Además, en caso de ser desalojados, al no tener documentos de titularidad del terreno, piden ser reubicados en algún proyecto de vivienda social del municipio. Denuncian además que a los que ya fueron desalojados la alcaldía les prometió apoyarlos con un arrendamiento durante un tiempo, pero que solo recibieron la ayuda por un mes y en viviendas de malas condiciones.
Lo que dice De la Cuesta
“Soy víctima de una pareja de invasores profesionales llamados Antonio María y su hermano Luis Alberto de apellidos Agudelo Jiménez, quienes vienen repitiendo desde hace más de 11 años que ese predio es del Invías”, dice De la Cuesta en respuesta escrita a las preguntas hechas por EL COLOMBIANO.
Según él, Antonio María, quien loteó y vendió, era un subarrendatario ilegal de su finca, quien trazó los linderos como quiso y dispuso de lo que consideró que era espacio público.
Asegura que todas las construcciones sin licencia fueron oportunamente denunciadas en la inspección de control urbanístico, pero nunca tomaron acción. En respuesta a esa inacción, presentó una acción popular que ganó en segunda instancia para proferir resoluciones de demolición sobre 17 viviendas. Finalmente, sostiene que en 2019 firmó un acta de colindancia con el Invías que resolvió las dudas de los linderos.
¿Qué dice la Alcaldía de Caldas y el Invías? Por ahora, al menos públicamente, nada. Mientras tanto, 30 familias esperan que la Policía y las retroexcavadoras lleguen a demostrar que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague.
