En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá varias personas se extrañaron por el supuesto cambio de posición de la líder de Gestión Humana de la entidad, Yolanda Botero Álvarez, que, según dijeron, pasó de cuestionar en círculos internos la reforma institucional que se cuece en este momento, a darle su visto bueno.
Ahora, el concejal del Centro Democrático Alfredo Ramos dio pistas de la que, según él, podía ser la razón del bandazo de la funcionaria: publicó la resolución por medio de la cual hace dos semanas nombraron a la hija de la abogada Botero en un cargo provisional dentro de la misma entidad. El documento con radicado del 26 de junio tiene la firma del director del Área, Juan David Palacio.
“Desfachatez en el @Areametropol en materia de burocracia no tiene límites: la líder de gestión humana termina aprobando un cargo para su propia hija. Todo para que deje pasar una cuestionada reforma administrativa que entroniza la politiquería”, escribió Ramos en su cuenta de Twitter.
Al revisar la resolución del nombramiento se puede constatar que debajo de la firma de Palacio también aparece la rúbrica de Botero Álvarez aprobando el acto, algo que es competencia suya por el cargo que detenta, pero que levanta dudas acerca de un posible conflicto de intereses dado el parentesco con la persona beneficiada con el nombramiento.
Adicionalmente, según expresa la misma resolución Metropolitana por la cual se protocoliza el asunto, el empleo de Profesional Universitario código 219, grado 02, que detenta ahora Laura María Giraldo Botero, fue uno de los 128 cargos que creó el Acuerdo Metropolitano No. 12 del 6 de junio pasado, el mismo que contiene el plan de modernización que habría rechazado su mamá.
Según han explicado las directivas del Área, el plan de modernización contiene un rediseño institucional recomendado por un estudio que le encomendaron a la Universidad de Antioquia y que se acometió entre agosto de 2022 y febrero pasado. Sin embargo, ha suscitado revuelo interno porque pondría en vilo la estabilidad de unos 110 contratistas.
Fuera de eso, el aumento de la planta de personal de 224 a 352 empleados generaría un costo adicional de funcionamiento por $722 millones mensuales. El otro resquemor que ronda es que la administración del alcalde Quintero, quien tiene el poder de quitar o poner director en el Área Metropolitana, estaría aprovechando para emplear a fichas suyas y asegurarlas más allá del 31 de diciembre próximo, cuando finaliza su mandato.
Ramos reiteró ayer en la plenaria en el recinto de la Corporación relacionando los dos temas: “Como saben que están de salida, saben que Medellín no los va a reelegir, están intentando dejar allá personas mediocres por cuenta de cambios en las estructuras administrativas. Lamentable lo de la señora Yolanda Botero, lamentable que se deje comprar su silencio con una provisionalidad de su hija”, dijo.
Una fuente interna del Área que pidió guardar su identidad relató: “Cuando hablábamos con ella –Yolanda Botero- decía que no estaba de acuerdo con la reforma, porque nunca contaron con ella para hacerla; todo lo manejaron entre la secretaria general (Carmen Elvira Zapata), la directora jurídica (Isabel Cristina González) y la U. de A. Y a lo último, cuando se presentó el proyecto en la junta, ella iba cambiando de posición y metió duro para que todo eso quedara registrado en la Comisión Nacional del Servicio Civil antes de la Ley de Garantías”.
Sin embargo, la abogada Botero le aseguró a este diario que esa versión no es cierta y que desde noviembre del año pasado, cuando la citaron a la primera reunión para hablar de la modernización, apoyó el proceso que se veía venir y lo sigue apoyando porque la entidad necesita más gente de la que posee actualmente para atender las competencias de tipo ambiental, de planeación y de movilidad que tiene, sino para cumplir con las labores rutinarias. “Por eso permanezco acá de 18 a 20 horas al día”, añadió.
Fue enfática en que nada tuvo que ver con el nombramiento de su hija, porque el nominador es el director del Área, Juan David Palacio, a petición del jefe directo de ella, que la tiene como su mano derecha. Y ante la insistencia de este medio de comunicación para que respondiera si no se debió declarar impedida para emitir un concepto técnico sobre ese acto, sus respuestas fueron evasivas, indicando que su papel no es de moninadora y que su rol es el de funcionaria de carrera desde hace 32 años.
“Ni siquiera sabía que el director iba a tomar la decisión de nombrar a Laura María Giraldo, mi hija, que es una excelente y brillante profesional”, recalcó.
Laura Giraldo ya venía desempeñándose como abogada contratista dentro del mismo equipo de Seguridad, Convivencia y Paz de la Subdirección de Desarrollo Social del AMVA, pero su cambio de condición le da garantías que no tenía, comenzando por figurar dentro de la planta de personal, con derechos como un salario con prestaciones sociales, primas, beneficios de préstamos de vivienda y pagos de actividades de bienestar como el gimnasio.
Lo normal en las entidades que cumplen una función pública, como el Área, es que cuando surge una nueva plaza se haga una convocatoria interna para ver si dentro del talento propio hay quien pueda suplir la vacancia y aunque la resolución de nombramiento expresa que “en cumplimiento a la normatividad vigente la Oficina de Gestión Humana de la Entidad realizó la verificación correspondiente en la planta de empleos, no encontrándose servidor público de carrera administrativa que cumpla con los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 y que tenga interés para ser encargado en dicho empleo”, fuentes internas indicaron que nunca se publicitó esta oferta.
Como ella misma lo confirmó, Yolanda Botero es funcionaria de carrera de vieja data en el Área. Había sido declarada insubsistente en la administración de Mauricio Duque Jaramillo (1995-1997) pero luego ganó una demanda que obligó a la entidad a indemnizarla y el Consejo de Estado ordenó restituirle su cargo en mayo de 2002, año desde el cual ha estado adscrita a la dirección de Gestión Humana del Área.
EL COLOMBIANO buscó conocer la posición del director de la entidad sobre la denuncia, pero su equipo de comunicaciones contestó que no habría ningún pronunciamiento.
