Casi medio año después de ser entregadas, las obras del polémico autódromo de Bello o Central Park quedaron en el centro de una intrincada batalla legal entre varias entidades de la Gobernación de Antioquia por presuntas irregularidades en las que están en juego miles de millones de pesos.
Pese a que la guerra comenzó desde hace varios meses, la situación terminó saliendo a flote luego de que una veeduría que le viene haciendo control político al proyecto desde 2019, publicara los apartes de un acta levantada en una audiencia de conciliación realizada en la Procuraduría en la que Indeportes Antioquia y la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (Viva) no llegaron a un acuerdo para resolver el lío por las buenas.
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Mientras Indeportes le reclama a Viva al menos $10.636 millones por un supuesto incumplimiento del contrato, Viva también demandó a Indeportes por cerca de $9.617 millones que habrían costado varias obras y trabajos extra en las que habría tenido que incurrir para poner a funcionar ese controvertido parque de deportes a motor.
Por el lado de Viva, en el radar también aparece una demanda interpuesta contra los cuestionados constructores del complejo, Ingeniería y Construcciones S.A.S. (Ingecon), que en 2022 entró en proceso de reorganización, cuando ya arrastraba líos por la construcción de la vía Puente Iglesias - Támesis.
A juicio de Viva, este último contratista también habría dejado varias obras sin ejecutar que habrían golpeado sus cuentas.
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En paralelo a todos estos pleitos, al que se suma otra acción de Indeportes contra el Colegio Mayor (a cargo de la interventoría) y reclamaciones a la aseguradora, cursa un proceso de responsabilidad fiscal abierto a comienzos de 2022 por la Contraloría General de la República, en el que se busca a funcionarios y exfuncionarios responsables por un presunto detrimento patrimonial de por lo menos $112.684 millones.
Las claves de la pelea
Pese a ser lanzado como uno de los proyectos de infraestructura más importantes y costosos del departamento, desde 2019 los trabajos para construir un autódromo en Bello se convirtieron en un verdadero dolor de cabeza para la Gobernación de Antioquia por varios frentes.
En una decisión que luego sería cuestionada, la administración seccional optó por sacar la obra a través de un convenio interadministrativo firmado entre Indeportes Antioquia y Viva, que a su vez seleccionó a otros contratistas.
Además de arrastrar con múltiples cuestionamientos sobre su impacto ambiental, sobre todo en materia de ruido, y lidiar con una disputa predial que tiene contra las cuerdas a varios municipios del Valle de Aburrá, la ejecución de dichos trabajos ha venido arrastrando trabas y alertas desde hace más de cuatro años.
Aunque durante sus últimos días de gobierno, la administración del exgobernador Luis Pérez Gutiérrez (que tenía el autódromo como uno de sus proyectos bandera) encabezó un acto inaugural del lugar y aseguró que era cuestión de pocos meses para que el mismo se pusiera en pleno funcionamiento, durante los primeros meses de 2020, luego del cambio de gobierno, la administración de Aníbal Gaviria señaló que la obra tenía una ejecución del 64.5% y aún estaba lejos de culminarse.
A pesar de que desde sus primeros días de gobierno Gaviria señaló que el contrato continuaría su ejecución, en agosto de 2021 el entonces secretario de Infraestructura de Antioquia, Juan Pablo López, destapó más líos al interior del proyecto, esta vez por cuenta de una alerta lanzada por el Colegio Mayor de Antioquia, encargada de la interventoría, en la que señaló no encontrar soportes para la ejecución de cerca de $24.000 millones en trabajos pagados desde 2019.
A juicio de la administración departamental, esas anomalías eran tan graves que era necesario liquidar los contratos firmados entre Viva e Indeportes, así como los contratos firmados con los constructores.
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Durante más de un año las obras quedaron a merced del sol y el agua y fue por cuenta de un salvavidas tirado por la Asamblea Departamental, que aprobó la destinación de $17.732 millones de las vigencias de 2023, con las que se pudo destrabar el proyecto.
En medio de ese panorama, la Contraloría General de la República abrió por su cuenta un proceso de responsabilidad fiscal que involucró a 16 funcionarios y exfuncionarios, incluyendo las cabezas de Indeportes y Viva, asegurando que no había claridad de cómo se habían invertido por lo menos $112.684 millones de los $148.207 millones que se le habían asignado al megaproyecto.
Dentro de las alertas más sensibles lanzadas por ese ente de control se destacaban desde deficiencias en la etapa de ejecución, hasta debilidades en el ejercicio de control de la interventoría.
Además de los problemas en Indeportes y Viva, el constructor a cargo de los trabajos principales, Ingecon, fue señalado de dejar tirados los trabajos de un tramo de 22,2 kilómetros de las vías Puente Iglesias - El Líbano y Camino de la Virgen - La Pintada, contratadas también durante la administración de Pérez Gutiérrez.
En el caso del Central Park, esta empresa fue duramente criticada luego del cambio de constructor. En abril de 2023, el entonces gerente de Indeportes, Carlos Ignacio Uribe, señaló haber encontrado fallos en la “subestructura y la capa inicial del pavimento”, que tendrían que ser subsanados.
Aunque hasta comienzos de este año las controversias parecían centrarse en el constructor, esta semana terminó conociéndose que Viva e Indeportes se enfrascaron en una batalla legal, cada una buscando que su contraparte asuma supuestos incumplimientos.
Por el lado de Indeportes, que calculó un saldo a favor de $4.474 millones, la pretensión es que Viva le devuelva ese dinero, más las costas y una cláusula penal estipulada en el convenio interadministrativo, en una pretensión que en total asciende a los $10.636 millones.
Por el lado de Viva, que sostiene que nunca ha incumplido el contrato y que, por el contrario, sería Indeportes la que le adeudaría por lo menos $9.617 millones por obras que no se reconocieron.
Como argumento de esta última posición, Viva recordó que durante el proceso de liquidación del convenio interadministrativo firmado con Indeportes habría dejado varias anotaciones en las actas, señalando que no se habrían reconocido trabajos extra como demoliciones, trabajos arqueológicos y muchos más componentes.
De igual forma, Viva demandó a Ingecon buscando que le reconozca otros $8.335 millones por obras no ejecutadas.
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Toda esta disputa, vale recordar, aparece también en medio de una fuerte controversia iniciada por varios vecinos de las obras, que han denunciado no aguantarse el ruido que está generando el uso del autódromo; una situación que ya había sido alertada desde finales de 2019, cuando la Contraloría de Bello advirtió que el escenario podría generar niveles de ruido de hasta 140 decibelios (dB), cuando el límite permitido en zonas residenciales sólo se permiten niveles de 65 dB durante el día y 55 dB en la noche.
Para conocer su versión sobre estos procesos legales y las razones que los llevaron a iniciarlos, EL COLOMBIANO consultó tanto con Viva como con Indeportes.
Sin entrar en mayores detalles, desde Indeportes se entregó una respuesta escrita en la que se señaló que dichos procesos se originan en controversias que vienen tramitándose desde el año pasado y que los mismos no implicarían un deterioro en las relaciones entre Indeportes y Viva.
“El propósito principal de estos procesos, es lograr el reconocimiento por parte de un juez competente, quien debe fallar sobre las discrepancias que surgieron en el momento de la liquidación. Estos son procesos judiciales de controversias contractuales que se adelantan desde 2023”, se señaló desde la entidad.
“La rama judicial es autónoma y cualquier pronunciamiento frente a este caso, puede afectar el debido proceso judicial. Frente al caso del Colegio Mayor e Indeportes Antioquia, se tienen las mismas consideraciones anteriormente presentadas”, añadieron.
Por su parte, desde la Veeduría Ciudadana al Central Park, organización que desde 2019 viene haciéndole vigilancia al proyecto, se cuestionó que todos estos problemas alrededor de la obra parecieran estar saliendo a cuentagotas, pese la millonaria partida de recursos públicos que se mantiene en juego.
