Luego de más de tres años de debate y controversias, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda con la que Empresas Públicas de Medellín (EPM) busca ser reparada por los líos constructivos que desde 2018 tienen en vilo al proyecto de Hidroituango y que retrasaron su entrada en operación comercial.
La admisión del recurso quedó en firme a través de un auto emitido por ese tribunal el pasado 13 de junio de este año y que se hizo público este martes 18 de junio.
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“Por subsanar los requisitos que fueron exigidos mediante autos del 10 de marzo de 2021 y 20 de mayo de 2024, se ADMITE la demanda del medio de control de controversias contractuales consagrado en el artículo 141 del CPACA, presentada por Empresas Públicas de Medellín, contra el Consorcio Generación Ituango: conformado por las sociedades Integral S.A e Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S.; el Consorcio CCC Ituango: conformado por las sociedades Camargo Correa Infra Construcoes S.A, Constructora Conconcreto S.A y Coninsa Ramón H S.A.; el Consorcio Ingetec - Sedic: conformado por las sociedades Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A.S y Sedic S.A.; Seguros Generales Suramericana S.A. y Chubb Seguros Colombia S.A.”, se lee en la decisión, que aparece firmada por el magistrado Andrew Julián Martínez Martínez.
La sorpresiva decisión se produjo tras más de dos años y medio en el que dicho proceso parecía haberse estancado ante ese tribunal, luego de que una demanda inicial presentada por EPM fuera inadmitida por tener inconsistencias y errores de forma.
Entre los yerros encontrados por el tribunal, se destacaban la falta de anexos para soportar las pretensiones, inconsistencias en los montos exigidos por EPM a los demandados y falta de claridad en las normas citadas en la demanda.
Si bien EPM ya había desde 2021 presentado sus argumentos ante ese auto inadmisorio, el tribunal no se pronunció y el tiempo siguió corriendo hasta el cambio de gobierno.
Según aparece en el expediente, fue por cuenta de una solicitud emitida por la Procuraduría General de la Nación el pasado 15 de febrero de 2024, dirigida al magistrado al frente del caso, que este fue desempolvado, teniendo como resultado la admisión de la demanda.
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Cabe recordar que el proceso de EPM en contra de los constructores de Hidroituango se remonta al 12 de enero de 2021, luego de que tras varios meses de una fuerte polémica la compañía presentara oficialmente dicha acción ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Aunque la demanda ya había sido anunciada desde agosto de 2020 por el entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en una decisión que provocó la renuncia en pleno de la Junta Directiva de la compañía, que adujo haber sido pasada por alto, la misma no se materializó hasta el año siguiente.
El 9 de enero de 2021, EPM y los constructores tuvieron una cita en la Procuraduría en la que descartaron la posibilidad de llegar a un acuerdo, cumpliéndose así el último requisito formal para la demanda.
Según informó ese año EPM, con la acción se pretendía probar que las firmas escogidas para levantar la hidroeléctrica le habían ocasionado millonarios perjuicios, al no actuar ante problemas que amenazaban la obra y que presuntamente habían sido conocidos con antelación, según constaba en 1.230 registros documentales.
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Por su parte, los constructores se negaron a conciliar con EPM argumentando por su lado que nunca se habían apartado de las instrucciones técnicas impartidas por la compañía durante el desarrollo de la obra, al tiempo que aludieron a que la misma empresa era la que había concluido que la emergencia de 2018 se produjo por un siniestro que no era previsible.
“(el consorcio) no solamente que ha actuado de buena fe, sino de forma diligente y acorde con las buenas prácticas de la ingeniería, cumpliendo con los diseños e instrucciones suministrados por Empresas Públicas de Medellín (EPM)”, argumentó en enero de 2021 el Consorcio CCC Ituango al referirse sobre el tema.