A la sorpresa de que solo un oferente se le haya medido a las obras del metro de la 80 se sumó un ingrediente que no es menor: una de las firmas que integra la unión temporal que se postuló carga con lunares debido a cuestionamientos por incumplimientos. Se trata de Mota Engil Colombia SAS, consorcio con participación portuguesa que dejó a más de 200 colegios del país viendo un chispero, luego de entrar en controversia con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (Ffie).
La firma asumió en 2016 buena parte de la ejecución del Programa Colegios 10 del Ffie, liderado por el Ministerio de Educación, con el objetivo de atender el deterioro físico de las instituciones de jornada única del país y, en el caso de Antioquia, la construcción de 7.959 aulas nuevas. De 248 colegios proyectados en el territorio nacional, 53 tendrían lugar en el departamento.
Sin embargo, tres años después, las obras en las instituciones locales estaban a medias, paralizadas o no habían comenzado. Las dos partes se echaron el agua sucia en su momento, alegando incumplimientos. El pleito, que aún no se resuelve, resultó en la reasignación de estos contratos, luego de que la firma de origen portugués declarara la imposibilidad de continuar con sus obligaciones.
Ahora, en compañía de una de sus sucursales y de la China Railway Rolling Stock Corporation (Crrc) Limited, busca quedarse con un contrato proyectado a 78 meses, con una inversión cercana a los $1,7 billones. La ausencia de otras propuestas, además de los cuestionamientos con los que lidia la firma, abre la puerta para que la escogencia no cuente con los mejores estándares, según expertos.
Las firmas en cuestión
El tire y afloje entre el Ffie y Mota Engil se hizo evidente en Antioquia en mayo de 2019, cuando los padres de familia de por lo menos 4.000 estudiantes alertaron sobre el estancamiento en la construcción de las sedes José Miguel de la Calle, Normal Superior y Alto de las Flores, de la institución Alejandro Vélez Barrientos, todas en Envigado.
Entonces, los voceros de la firma portuguesa reconocieron los retrasos. “Nos hemos equivocado, lo aceptamos y hemos intentado solucionarlo”, dijo uno de los voceros en una sesión del Concejo de esa localidad. Las tres obras sumaban, en el caso de Envigado, $36.047 millones ($20.421 millones aportados por el Ffie y $15.626 millones dispuestos por la Alcaldía).
Dos meses después se sintieron las mismas afugias en Bello, en medio de las obras de la sede primaria de la institución educativa Atanasio Girardot, afectando a 900 niños. Entonces, el gobernador Luis Pérez afirmó que se habían “embolsillado” la plata, porque para la época ni siquiera la mitad de los 53 colegios priorizados en Antioquia había comenzado obras, y en los que ya rodaban no se alcanzaba ni el 50%.
Con una cofinanciación del departamento por $134.000 millones, a mitad de 2019 eran 73.000 estudiantes locales los afectados por los retrasos en las intervenciones, según la Secretaría de Educación departamental. En un informe que Mota Engil compartió entonces con este diario, en el que habló de “52” obras en el departamento, 35 tenían sede en el área metropolitana, siete en Rionegro y diez en otros municipios. En el caso de las sedes metropolitanas, por ejemplo, el avance en ese momento solo llegaba al 31,1%.
Lo que argumentaba Pedro Bibi, representante del consorcio, era que las demoras se debían a un “desequilibrio en el flujo de caja de los proyectos”. Su versión era que, si bien la intervención debía ser autosustentable en el primer año, para la fecha el consorcio estaba asumiendo el 40% del valor de los trabajos.
Los desacuerdos con el Ffie, alegaba Bibi, tenían relación con la aplicación de multas ante los retrasos y la no recepción de avances por parte de la interventoría. Desde la firma expresaban, además, que el Ffie era responsable de retrasos en los pagos, la falta de emisión de las órdenes de inicio de la fase de construcción de las sedes y la modificación unilateral de la forma de medición del desempeño del contratista.
Esta cadena de reproches llevó a que la firma no continuara ejecutando las obras, aglutinadas en tres contratos marco, debido a “graves y continuados incumplimientos del Ffie”. Mediante una misiva pública, del 4 de septiembre de 2019, el consorcio esgrimió que la decisión se debió a que la Nación determinó “dar por terminados, de manera unilateral, los acuerdos de obra para la construcción de los colegios, incumpliendo lo estipulado en los contratos”.
Aunque después de su retiro vino un destrabe paulatino, con empresas que asumieron la reactivación de las obras en 2020 y que ya han entregado algunas sedes, este no ha sido el único proceso en el que se ha visto envuelta esta firma que, pese a concentrar la mayor parte de sus actividades en Latinoamérica en el sector minero, en Colombia ha apostado por la construcción y mantenimiento de carreteras y edificios.
En 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) suspendió la construcción de la Fase II del muelle de carga de Buenaventura porque las empresas que integraban el consorcio constructor —entre las que se contaba Mota Engil— no acreditaron que una carga de acero proveniente de Turquía contaba con los respectivos certificados de conformidad técnica.
La Crrc, firma estatal china que surgió en 2015 luego de la fusión entre China CNR Corporation y CSR Corporation Limited, carga con menos cuestionamientos (es una de las más conocidas en el sector por sus desarrollos de trenes ligeros, intraurbanos, líneas férreas y equipamientos industriales). Se sabe que una de sus filiales se vio envuelta en la cancelación del Tren México - Querétaro en 2014, según la prensa de ese país.
Qué viene en el proceso
Estos antecedentes causan preocupación entre expertos del sector constructor y hasta en el alcalde Daniel Quintero, quien ayer dijo que “tener un solo oferente es preocupante, porque si por alguna razón no cumple algún requisito o se cae el proceso, toca hacer otra vez la licitación y ahí perdemos dos o tres meses”.
Aunque desde el Metro se había dicho que 42 firmas estaban interesadas en asumir las obras del metro ligero, sorprendió que luego de tres aplazamientos en el tiempo para recibir propuestas, además de una autorización de adelanto por cerca de $350.441 millones, solo se presentara un interesado.
Las primeras inquietudes se han gestado al interior de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Su director en Antioquia, José Fernando Villegas, ha expresado que este panorama se da luego de que el mercado enviara varios mensajes que fueron desestimados, cuestión que habría impactado en la pluralidad de proponentes.
La licitación, según Villegas, se dio en condiciones macroeconómicas difíciles para el mundo y el país, “lo que incide en el costo de insumos importantes de obras civiles, como el acero y el cemento, pero también en el dólar y las tasas de interés”. Debido a este cambio, muchas empresas solicitaron ajustes de presupuesto en el proyecto, pese a ello, en palabras del vocero regional de la CCI, esto no se hizo. “También pasó con los fabricantes del material rodante”.
Contraria es la postura de Sergio López, director de Planeación de Medellín y gerente del Metro de la 80, para quien se escuchó a todos los actores del mercado y se publicitó, con tiempo, el cuerpo de requisitos para pujar por el robusto contrato.
“Hemos buscado la pluralidad al mostrar los términos de referencia desde octubre del año pasado. Respondimos más de 1.800 preguntas que se han hecho este año (...). Dimos tres prórrogas de tiempo, el tema de anticipos, además de los términos de los seguros. Hicimos visitas en territorio, tres ‘workshops’, recepción de ofertas, reuniones con embajadores; todo lo necesario para que la oferta fuera conocida”, expresó el funcionario.
Y agregó: “Hay que recordar que en el sector ferroviario no hay un número gigante de empresas que asuman el desarrollo de trenes. Son cinco o seis las firmas, de esas la que se presenta, la Crrc, es la más grande. Ellos (otros actores del mercado) son conscientes de que en la competencia con los chinos podrían perder”.
Pese a esto, para Jorge Beltrán, experto en contratación estatal, no deja de ser extraño que solo un proponente se haya postulado para asumir las obras. El proceso era muy atractivo para los mercados nacional e internacional, por lo que concuerda con Villegas en que el panorama económico —además de exigencias en experiencia, personal y otros frentes— pudo haber espantado a otros interesados.
“Que solo un proponente se haya presentado no es lo mejor. Esta Cámara siempre ha tenido reservas con propuestas de este tipo, hemos preferido un número plural de oferentes”, agregó Villegas y, a paso seguido, añadió: “El Metro es una empresa que históricamente nos ha dado mucha confianza, ya los especialistas tendrán que determinar si la oferta que se presentó cumple con todo y que comercialmente sea viable y se pueda ejecutar dentro de los plazos”.
Aunque buscamos a Mota Engil para conocer en qué va el pleito con el Ffie y cuál es su postura respecto a las inquietudes por su pretensión de asumir las obras de este proyecto de movilidad, no fue posible entablar comunicación con alguno de sus representantes en Colombia previo al cierre de esta edición.
En lo que respecta a la calificación de la propuesta presentada, dijo López, se necesitará un mes para conocer si cumple con los requisitos habilitantes. Como no hay otras propuestas sobre la mesa, y por ahora se desconoce un fallo de fondo en contra de esta firma, ello podría ser suficiente para que la unión temporal se quede con el proyecto. Escenario paradójico: para construir el metro de Bogotá se postularon cinco interesados.
“Lo que ocurrió con esa firma podría ser un inhabilitante, pero hay que recordar que hasta que no sea una empresa sancionada, o que haya respondido con su patrimonio, no habría impedimento (...). Pero el tema va estar en revisión, no nos podemos pronunciar hasta dentro de un mes”, concluyó López.
¿Y si se declara desierto el proceso?
En caso de que la unión temporal cumpla con los requisitos habilitantes, la adjudicación podría tener lugar entre noviembre y diciembre de este año, según López. Si se descarta la propuesta, se volverá a abrir la oferta ante el mercado con las mismas condiciones. “Eso nos llevaría a que la oferta llegue a finales de este año y la adjudicación se logre a principios del próximo”, sostuvo. Por el momento, se estudiará si los postulantes cumplen con la fabricación de al menos 80 trenes, la construcción de por lo menos 100 km de línea férrea a doble nivel, experiencia en la construcción de trenes ligeros, y ningún tipo de sanción o pleito jurídico. Esto se conocerá el 5 de septiembre.
Cronología del pleito por colegios:
24-05-2019: La alerta se generó porque en tres instituciones educativas de Envigado los
cronogramas de construcción eran inciertos, las obras se paralizaron y se estaban llenando de maleza. Más de 4.000 estudiantes llevaban más de un año esperando la entrega de sus colegios. “Nos hemos equivocado, lo aceptamos y hemos intentado solucionarlo”, dijo uno
de los voceros de la firma Mota Engil en una sesión realizada por el Concejo de Envigado.
03-07-2019: Argumentando que los constructores beneficiados se “embolsillaron” una parte del dinero, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez le envió una carta al presidente Iván Duque para solicitar “pronta intervención” frente a la parálisis en el proyecto del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, que comenzó en 2016. Mota Engil respondió que las demoras y dificultades respondían a un “desequilibrio en el flujo de caja de los proyectos”.
13-09-2019: Mota Engil, consorcio encargado de la construcción de los megacolegios en el
departamento, no continuó con las obras argumentando “graves y continuados incumplimientos del Ffie”. La firma solicitó el pago de los perjuicios y sanciones contractuales y argumentó que la decisión se debió a la determinación del Ffie “de dar por terminados de manera unilateral, uno a uno, los acuerdos de obra, incumpliendo lo estipulado en los contratos”.
12-02-2020: Destrabaron contratos en 20 sedes de los megacolegios paralizados, que se sumaron a otros siete que ya estaban en curso. Cuatro firmas constructoras asumieron la reactivación de los trabajos
en los colegios para la jornada única en Antioquia. Los contratos para la reactivación de estos 27 proyectos, según el Ffie, beneficiarían a más de 21.000 alumnos en el departamento. Además, se retomaron 17 contratos en el Valle de Aburrá.
