La Universidad de Antioquia vive desde hace cuatro meses en medio de la tensión. Una tensión que se evidencia en comunicados internos, reuniones y asambleas en las que se habla con preocupación de la crisis financiera que atraviesa la institución; que se debate en redes sociales entre políticos, académicos y ciudadanos; que se revela en los pasillos con hechos como los reprochables actos violentos de encapuchados la semana pasada. El tema, puesto sobre la mesa en los últimos días con intervención de congresistas y el Ministerio de Educación, tiene en expectativa a una comunidad universitaria que se pregunta cuáles serás las soluciones.
Solo este miércoles 18 de septiembre, 38 congresistas de distintos partidos firmaron una carta para pedirle al Gobierno Nacional que destine $168.000 millones para inyectarle a la UdeA, cuyos problemas financieros empezaron a cobrar fuerza en la luz pública desde mayo pasado, cuando el personal recibió un comunicado oficial en el que les anunciaron un retraso en el pago de los salarios.
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El revuelo que causó la noticia terminó en convocatorias diversas y de inmediato todos pidieron explicaciones. Así, se enteraron de que con corte a 2023 el desfinanciamiento de la universidad más importante del departamento ascendía a $348.095 millones por aportes de Ley 30, que los recursos no eran suficientes para los gastos de funcionamiento, que no había flujo de caja ni forma de hacer traslados de recursos para pagar nómina. Y fue entonces cuando empezaron a evaluar un plan de austeridad que agitó mucho más los ánimos, en especial por la decisión de recortar profesores y horas de cátedra, pero también incluye la venta de propiedades y solicitar nuevos créditos.
Hace poco, desde el claustro de profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la universidad indicaron que además ven con preocupación que el “déficit calculado para este 2024 es de $76.884 millones y que la iliquidez proyectada haya pasado para el 2021 de -$12.824 millones a -$141.016”. Para los docentes también es inquietante que entre 2013 y 2023 la UdeA se endeudó por más de $128.653 millones y afirman que, según los mismos estados presentados por las directivas, casi el 96% fueron deudas adquiridas en 2022 y 2023.
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La situación de los estados financieros es conocida por toda la comunidad universitaria y en general, pero han causado especial resquemor es el anuncio de medidas para solventarla, sobre todo, las que se enfocan en el recorte presupuestal para la labor de los docentes. Hace algunos días se conoció una carta enviada al secretario de Educación y exrector de la universidad, Mauricio Alviar, en la que le hicieron un reclamo del que mucho se viene hablando en pasillos y recintos: la propuesta que lanzó en una entrevista con EL COLOMBIANO de disminuir el 50% de los contratos de cátedra.
“Son los profesores de cátedra un piso indispensable de nuestra institución universitaria a que, justamente, antes que masacrarla laboralmente, como usted lo exige, debe protegerse, más aún encontrar en ella la salida de un túnel a la que usted contribuye taponar la salida”, se lee en la misiva. Esta consideración crítica la tienen distintos actores, para quienes los esfuerzos de austeridad se deben hacer en frentes que no afecten el desarrollo de las actividades académicas. “Estas medidas afectan los derechos laborales y el mínimo vital de los profesores de cátedra quienes, en muchos casos, tienen en la UdeA su único sustento económico”, expresaron, por ejemplo, los profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
El recorte presupuestal para actividades docentes que se venía planteando en la universidad, se decía que podría ser del 17%, según la Vicerrectoría Académica, lo que equivale a 253.149 horas cátedra y generaría un ahorro del gasto a la universidad de $19.540 millones. Sin embargo, también apuntaron desde la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que prácticamente ese mismo monto, $19.091 millones, es la cifra que destina la universidad para pagar los intereses anuales de las deudas que contrajo con diversas entidades financieras.