A la misma hora en la que el alcalde Daniel Quintero entraba gritando con un megáfono a los Diálogos Vinculantes con el Gobierno Nacional en Plaza Mayor, la operación sanitaria en Medellín y el Valle de Aburrá estaba ya colapsada.
Desde las 3 de la madrugada de ayer, decenas de campesinos de Barbosa y Donmatías taponaron el acceso al relleno sanitario La Pradera, un bloqueo que duró mediodía y demostró la vulnerabilidad del sistema de recolección de residuos en el Aburrá, con barrios y casas atestados de basura y filas de camiones agolpados en varias partes sin poder operar.
El bloqueo se pudo evitar en la noche del miércoles, solo hacía falta que el gerente de Emvarias, Carlos Borja, aceptara el diálogo, pero no lo hizo.
Según Augusto Osorno, presidente de la Asociación de Veredas Afectadas por La Pradera, en la tarde del miércoles, en reunión con el comandante de la Policía Antioquia, coronel Daniel Mazo, le compartió la intención de los habitantes de 22 veredas de Barbosa, Donmatías y Santo Domingo –conformadas por más de 3.000 personas– de manifestarse ante la crítica situación que padecen por la operación del relleno sanitario.
Mazo llamó al gerente Borja para pedir su presencia en el Comando Departamental, con el fin de mediar y buscar una salida dialogada. Borja, efectivamente, llegó, pero desairó a los representantes de las veredas y solo quiso entenderse con Mazo. Por ello la instrucción a las comunidades fue bloquear el paso.
Están enfermos y quebrados
Mientras más de 40 camiones de Emvarias, Interaseo y Enviaseo se agolpaban en inmediaciones del relleno, y cientos más quedaban parqueados en Medellín, al coronel Mazo le tocó poner la cara por toda la institucionalidad, pues ningún funcionario de alto nivel de Alcaldía, Gobernación y Emvarias se hicieron presentes.
Gracias a la conciliación del oficial y en gesto de voluntad para lograr el diálogo que pedían con Quintero, los campesinos accedieron, poco antes del mediodía, a que durante hora y media ingresaran y salieran camiones, para mitigar los estragos en la operación, aunque no todos estuvieron de acuerdo.
Varios campesinos reclamaron, con voz desgarrada, que es necesario que la ciudad padezca la problemática de las basuras para que entiendan lo que ellos han padecido durante 20 años de operación de La Pradera. Mónica Betancur, habitante de Popalito, narró que su mamá murió de cáncer de colon y de estómago y señaló que solo cuando la ciudadanía entienda que la existencia del relleno está cobrando vidas dimensionarán la crisis que enfrenta el departamento.
Y es que las irregularidades bajo las cuales ha operado La Pradera son reales. En estas dos décadas, Corantioquia no le ha solicitado a Emvarias un estudio epidemiológico sobre las afectaciones a la salud de las comunidades, a pesar de que los habitantes tienen decenas de casos documentados de enfermedades cardiorrespiratorias, dermatológicas y trastornos de la sangre.
La justicia ya determinó en un fallo desde hace trece años que Emvarias no ha cumplido cabalmente con las compensaciones ambientales y sociales que les corresponden a todas las veredas afectadas, unas deudas y perjuicios que siguen sin subsanarse y que podrían agravarse con la ampliación de la vida útil del relleno sanitario, luego de que Corantioquia le entregara licencia para construir un nuevo vaso, pues el actual quedará obsoleto en menos de un año.
De hecho, el trámite de licenciamiento para el nuevo vaso Piñuela estuvo cargado de reclamos de las comunidades y de cuestionamientos por parte de entidades como Procuraduría y Personería. Luego de que Emvarias debiera afrontar, por primera vez en su historia, una audiencia pública para ampliar la vida útil del relleno, Corantioquia otorgó finalmente la licencia, no sin polémicas e interrogantes.
Por ejemplo, le aceptó a Emvarias un Estudio de Impacto Ambiental basado en el llamado Modelo Arboleda, creado por EPM para medir el impacto en proyectos hidroeléctricos, pero no en rellenos sanitarios que tienen impactos en la salud humana y ambiental diferentes.
Los habitantes de las veredas en zona de influencia del relleno llevan un año entero pidiendo entablar diálogos para llegar acuerdos a las problemáticas desencadenadas por el relleno que, según apunta Héctor Álvarez, secretario de la Asociación, han dejado a decenas de campesinos en la quiebra por la pérdida de cultivos, proyectos avícolas y ganado ante la contaminación de suelos y aguas.
Meses atrás, Emvarias respondió a este medio que entre 2003 y 2021 ha asignado $51.352 millones para cumplir con sus compromisos ambientales y sociales en torno a la implementación y operación del relleno sanitario La Pradera.
Sin embargo, hoy cursa en el Consejo de Estado un proceso por el incumplimiento en el pago y ejecución de estas compensaciones a las que la empresa se comprometió desde 2002.
Además, Emvarias no ha aclarado satisfactoriamente por qué le entregó a una sola junta de acción comunal, La Pradera, contratos entre 2006 y 2020 por casi $6.600 millones, mientras hay veredas afectadas que ni siquiera han sido cobijadas por el Plan de Manejo Ambiental.
No obstante la gravedad de los reclamos y la reiterada solicitud de negociación, según denuncian, Quintero, la gerencia de Emvarias, la autoridad ambiental y la Gobernación de Antioquia han hecho oídos sordos permitiendo que el conflicto escale a las vías de hecho.
Hace un mes las comunidades afectadas le hicieron un plantón a Emvarias y no fueron recibidas por ningún funcionario.
Ayer, buscando una salida conciliada a este problema, Augusto Osorno habló por teléfono con Quintero pidiéndole que por fin le dé la importancia a la crisis sanitaria y social que se está cocinando. Le pidió una reunión ayer mismo en la Alcaldía. Según relató Osorno, la respuesta destemplada de Quintero fue: si les sirve el lunes, bien; si no, ahí va el Esmad en camino.
¿Qué es lo que piden?
El lunes, siempre y cuando Quintero honre su palabra, los representantes de las veredas afectadas negociarán un pliego con al menos 11 puntos, entre estos, que Emvarias cumpla con la obligación por ley de invertir el 1% de lo que genera la operación para que las comunidades recuperen las cuencas y restauren ecológicamente los impactos del relleno.
Piden, además, el cambio del Plan de Manejo Ambiental que hasta ahora, según Osorno y Álvarez, se ha enfocado “en inversiones de bajo impacto, como cursitos y entrega de estufas”, y que lo centren en “proyectos que impacten en las comunidades, como vías, conectividad, agua potable, saneamiento básico, educación, salud y centros de acopio”.
Le exigirán al alcalde que Emvarias se comprometa a realizar estudios ambientales y epidemiológicos y entregue una radiografía, adelantada por una entidad independiente, que determine la afectación a la economía campesina causada por la lluvia ácida y la contaminación de aguas profundas y superficiales.
Otro punto en el que no están dispuestos a ceder es que Emvarias respete la estación del tren como Patrimonio Histórico (su futuro es incierto ante la construcción del nuevo vaso) y que respete también el derecho de las comunidades a la carretera Pradera-La Cumbre-La Meseta (vía pública que Emvarias planea desaparecer con la ampliación del relleno).
El otro pedido es que quede firmado que con la operación del vaso Piñuela, que entrará a operar en 2023 y agotará su vida útil antes de 2030, el relleno La Pradera llegue a su fin y no siga su expansión.
Este último punto es una responsabilidad compartida que recae no solo en la Alcaldía y Emvarias sino en la Gobernación y cada municipio.
Y es que el departamento lleva varios años coqueteando con una crisis sanitaria de gran calado. La vida útil de La Pradera se está acortando a un ritmo acelerado. Aunque las obras para el nuevo vaso debieron empezar a principio de año, según el cronograma la propia empresa, todavía no arrancan.
A eso se le suma que está recibiendo las basuras del 60% del departamento, algo para lo que no fue construido el relleno, contemplado solo para solucionar la disposición final de residuos del área metropolitana.
Esto ocurre porque solo el 10% de los rellenos sanitarios del departamento tienen una vida útil mayor a 5 años. Quiere decir que entre 3.500 y 4.000 toneladas de basura se pasean por todo el departamento, cada día, dejando lixiviados y contaminación a su paso, para llegar finalmente a La Pradera.
Según Corantioquia, las cifras de reutilización y separación en la fuente de material aprovechable en cada municipio no alcanzan ni el paupérrimo 20% aunque debería acercarse al 80%, tal como lo dicta la Ordenanza Basura Cero.
En consecuencia, la indiferencia institucional y la falta de cultura ciudadana frente al manejo de residuos mantienen condenados a los habitantes de 22 veredas. Eso sí, ellos mismos lo advierten, si del lunes no salen acuerdos, volverán los bloqueos .
LAS DENUNCIAS POR LA OPERACIÓN DE LA PRADERA
Aunque desde un inicio, hace 20 años, Emvarias vendió la promesa de un “parque ambiental”, la evidencia que han recogido las comunidades muestra todo lo contrario. El propio personal del relleno ha documentado situaciones anómalas, una de ellas, la fractura de los majoles, una especie de tubos al interior del relleno que sirven como filtro para el correcto funcionamiento del vaso y que, según los operarios, la empresa taponó y no reportó a la autoridad ambiental. La segunda imagen corresponde a uno de los tantos videos que han recopilado y que evidenciarían la contaminación con lixiviados sin tratamiento alguno, vertidos al río. Hace ocho años Corantioquia multó a Emvarias por verter lixiviados al río Aburrá. Sin embargo, los videos demostrarían que dicha contaminación no cesó.
