La bancada del movimiento Creemos en la Asamblea de Antioquia advirtió este sábado que no le caminará al proyecto del gobernador Andrés Julián Rendón de cobrar un nuevo impuesto de seguridad vía servicios públicos.
A través de un comunicado conjunto, los diputados que integran el movimiento del alcalde Federico Gutiérrez en dicha corporación aseveraron que no ven garantías jurídicas para aprobar dicho proyecto de ordenanza y expresaron su preocupación ante una reciente posición interna sentada por Empresas Públicas de Medellín (EPM) sobre el tema.
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“EPM, en respuesta a una solicitud realizada por la Asamblea Departamental, expone el riesgo de vulneración del principio de legalidad tributaria al facturar y recaudar dicha obligación, lo cual evidencia la eventual nulidad del proyecto”, expresaron los diputados.
Si bien desde esa bancada señalaron estar de acuerdo con Rendón en que mejorar la seguridad en Antioquia es una tarea urgente, instaron al Departamento a buscar otras fórmulas.
Dentro de los efectos adversos que desde la bancada consideraron podrían aparecer en caso de que se implemente el cobro estaría un deterioro en la cultura de pago.
“Consideramos que el deterioro de la cultura de pago como consecuencia de la implementación de esta nueva tasa podría generar un efecto dominó que iría desde el incremento en la morosidad, hasta el aumento del desempleo en el departamento. Esto no solo afectaría la sostenibilidad de los hogares y las empresas, sino que también impactaría la capacidad de Antioquia para financiar proyectos estratégicos y mantenerse en la senda del crecimiento económico”, añadieron y apuntaron que también en medio de las preocupaciones que hay por un escenario de racionamiento el próximo año y la incertidumbre por las reservas de gas, no sería un momento adecuado para implementar un mecanismo que incremente el costo de la energía.
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El proyecto para implementar un nuevo impuesto de seguridad en Antioquia fue relanzado públicamente el pasado 8 de noviembre por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien propuso una tasa especial al servicio de energía para recaudar por lo menos $1,2 billones en los próximos tres años, destinados a inversiones en la Fuerza Pública.
Según explicó entonces el mandatario seccional, el impuesto se trataría de una tasa vía servicios públicos que solo se cobraría a los estratos 4, 5 y 6, y a los clientes comerciales, industriales y oficiales.
Mientras Rendón ha sostenido que es urgente encontrar nuevas alternativas de financiamiento para poder emprender trabajos como arreglos en estaciones de Policía, la construcción de una cárcel para sindicados y el mejoramiento de la red departamental de cámaras de seguridad, entre otras tareas, desde varias agremiaciones económicas como Fenalco y el Comité Intergremial de Antioquia han expresado su oposición a dicho impuesto.
Recientemente el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también hizo público su desacuerdo al cobro de dicho impuesto y le propuso al gobernador Rendón explorar otras alternativas.
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Precisamente bajo esa última óptica, desde la bancada de Creemos instaron al gobernador a analizar otras formas de conseguir recursos para invertir en la Fuerza Pública, como aplicar el modelo de obras con impuestos, inversiones articuladas con entes como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, fomentar alianzas público privadas, vender activos improductivos propiedad de la gobernación o gestionar empréstitos.
“Estas iniciativas representan opciones claras y viables para financiar las cinco acciones prioritarias que buscan abordar la crisis de seguridad en las subregiones de Antioquia. La seguridad debe ser una prioridad, pero no a costa de aumentar la carga tributaria de los ciudadanos”, añadió la bancada.
