El alcalde Daniel Quintero se ha dedicado en las últimas semanas a diseñar y poner en práctica la estrategia para dejar a un hombre de toda su confianza instalado en la Alcaldía de Medellín para el periodo 2024-2027.
Entre los elegidos están, aunque no son los únicos, el concejal Albert Yordano Corredor y el hasta hace poco secretario de la No Violencia, Juan Carlos Upegui. Pero la idea de Quintero no es tan simple como hacerles el guiño.
En el caso de Upegui, ha empezado a aplicar tácticas que suelen ser útiles para posicionar personajes que como él son desconocidos para la opinión. Ambos se tomaron una foto en Nueva York, en el foro de la iniciativa Clinton, y la publicaron en sus redes sociales. Upegui, a pesar que desde febrero ya no es funcionario público, se ha convertido en protagonista de entrevistas en Telemedellín e incluso, salió a denunciar que estaba amenazado de muerte, y el alcalde amplificó esa noticia en su cuenta de Twitter de casi 900.000 seguidores.
De esa manera, dicen conocedores de la política local, se va creando la percepción de que Upegui es su candidato, mientras al concejal Corredor lo hace parecer como “independiente” de él. De suerte que trata de ganar la Alcaldía con uno o con el otro porque sabe que así como su heredero puede ganar, también podría dar al traste con cualquier candidatura etiquetada con su marca.
¿Y cómo es la campaña de Corredor? EL COLOMBIANO ha recogido varios testimonios que indican que Corredor estaría utilizando la secretaria de Educación como su plataforma de campaña, con métodos que bien podrían ser investigados por los entes de control. Adicionalmente, estaría haciendo uso de datos personales de ciudadanos, que no es claro de dónde los obtiene, para mandar propaganda directa vía Whatsapp con el fin de madrugarles a otros posibles contendores a la Alcaldía de Medellín.
Muchas personas han recibido los mensajes desde un perfil de Corredor en el que les comparten hasta los suspiros de este en las redes sociales.
Una persona que ha sido destinataria de esas comunicaciones le contó a EL COLOMBIANO que primero Corredor (o quien sea que le maneje esta cuenta a su nombre) suele presentarse y pedir autorización: “Hola, soy Albert Corredor, tengo tu contacto, ¿quieres seguirme?”, dice, y tenga o no respuesta afirmativa, luego viene la invasión de mensajes.
¿Se estarían materializando las suspicacias acerca del uso que le da la administración municipal a la información recogida a través de plataformas como Medellín Me Cuida para servir a intereses particulares o políticos amigos? ¿O son la cadena de contactos que más de 1.000 funcionarios de la Secretaría han brindado?
Según los testimonios, han montado toda una pirámide con contratistas y funcionarios de esa secretaria para irrigar la propaganda en favor de Corredor.
“Esto viene desde la campaña para las elecciones de mayo. Primero nos mandaron un excel para que lo llenáramos con la cédula, el puesto de votación y que garantizáramos que conseguíamos de 15 a 20 votos cada uno”, dice una profesional vinculada durante la administración Quintero. “El día de las elecciones recibimos siete chats diciendo: ‘No se te olvide votar por Juan Diego Echavarría y María Eugenia Lopera’. Nos pedían mandar foto del voto”. Los dos ganaron, son hoy congresistas.
Pero después de las elecciones hicieron más sofisticada la estratagema y distribuyeron a los contratistas en varios grupos de chat, a algunos de los cuales tuvo acceso este diario.
Cada grupo tiene de nombre la palabra “Equipo” y a continuación una letra y un número. Quienes entregan este testimonio no saben cuántos grupos de estos hay.
“En estos grupos nos han pedido ir a reuniones en la Universidad del concejal (la Corporación Universitaria Americana). Todos a las 6, nos dicen”.
Además, les mandan mensajes para que se conviertan en una suerte de bodega de redes sociales apoyando a Corredor.
“Por favor apoyar dando me gusta y reacción a la última publicación tanto en Instagram, Facebook, Twitter y Tik Tok. Brindemos un cálido apoyo a cada paso y post que se hagan en redes, agradecemos su compromiso con este proceso”, es una de las “invitaciones” que han circulado, a la cual tuvo acceso este medio (ver imagen) y que se refería a un tuit en el que Corredor contó con fotos la historia de su entrañable amistad con Quintero.
Es una combinación de zanahoria y garrote, en la cual se les pide amistosamente que hagan eco de sus adeptos, pero es claro que la “colaboración” resulta importante para que puedan seguir disfrutando de un empleo.
Cada funcionario o contratista se convierte en un nodo de una cadena o pirámide, pues también los conminaron a que cada uno diera entre 15 y 20 nombres de allegados —también con los datos complementarios de contacto— que estuvieran dispuestos a asistir a reuniones en sede de la Corporación Universitaria Americana que controla la familia Corredor.
En la secretaría de Educación son alrededor de 734 funcionarios y unos 350 contratistas.
El mecanismo de control ha sido nombrar como coordinador de cada grupo a un líder de la cuerda directa de Corredor que es responsable de hacer circular la información y verificar que los compromisos se cumplan, añadió uno de los informantes.
Otros testimonios indican que por lo menos parte de las amenazas se cumplieron con los profesionales que no obedecieran a rajatabla las instrucciones, dentro de la contratación de psicólogos del programa Entornos Protectores, que depende de la Secretaría de Educación. Además, las fuentes consultadas indicaron que Corredor o su equipo político intervienen a la hora de definir nombres.
Este diario tuvo contacto con un psicólogo al que desde un principio le dejaron claro que su estabilidad dependería de que colaborara. “Una compañera me dijo: ‘Aquí hay garantía de permanencia, pero todo tiene un precio’. Eso fue en el periodo previo a las elecciones de Cámara y Senado”, relató. Casi de inmediato, le llegó el formulario de Google y las citaciones para las reuniones políticas.
Como no accedió a participar en todo el engranaje electorero, si bien no lo podían echar de inmediato, tan pronto finalizó su contrato le notificaron que su trabajo no tenía tacha pero “lamentablemente” no firmaría de nuevo.
Aunque no se refirió exclusivamente a la última coyuntura de despidos de psicólogos, Manuel López, presidente del Sindicato de Directivos Docentes de Medellín (Sindidmed), manifestó que Medellín le ha escurrido el bulto a nombrar a estos profesionales como parte de la planta de personal, como debería, sino que ha tercerizado su contratación. “¿Y a qué conduce esto?, es pura clientelización, porque si es por carrera no estoy sujeto a la afugia del contrato, pero si me contratan por órdenes de servicios, se da una la pauperización del trabajo y tenés que someterte a las condiciones del contratista. Eso se ha prestado para que muchas personas hagan clientelismo y sirva a los intereses burocráticos de la administración de turno”.
López añadió que “si aparte el contrato es por dos o tres meses —como está ocurriendo en muchos casos— la persona contratada es sometida al vaivén de quien sea el patrón y eso se presta para politiquería”.
En este caso, es conocido que la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, es cuota de Corredor y las decisiones sobre muchos contratos en esa dependencia tendrían su influencia
