El Consejo de Estado le tumbó definitivamente a la administración de Daniel Quintero el pago de más de 40.000 millones de pesos que les pensaba hacer a los dueños del lote Aguas Vivas, ubicado en la parte alta de El Poblado.
EL COLOMBIANO había denunciado cómo la Alcaldía de Medellín había renunciado a defenderse ante una reclamación millonaria por parte de los dueños de este megalote de 147.000 metros cuadrados ubicado en la vía a Las Palmas; también se reseñó un posible tráfico de influencias que comprometería a funcionarios y aliados de Quintero.
En cambio del litigio que ha sido la fórmula más acostumbrada para salvaguardar los recursos del erario a nivel local, la oficina de Defensa y Protección de lo Público, con ayuda de la Secretaría de Gestión Territorial, había aceptado una conciliación como la vía más expedita para el pago. Y como este mecanismo fue rechazado a finales de diciembre pasado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, tanto dependencias de la administración como los exdueños del terreno llevaron el caso ante el Consejo de Estado, que en una decisión de cierre el pasado 23 de septiembre falló en el sentido de corroborar lo que ya habían dicho los magistrados regionales.
En el documento —que se conoció este martes—, el Alto Tribunal argumenta que la conciliación no era el mecanismo apropiado para subsanar las fallas de legalidad que se alegaron frente a la cesión gratuita del lote en mención que realizaron las firmas IDC, Técnicas Constructivas y Juan Manuel Villegas.
En principio, los tres socios habían ofrecido la finca Aguas Vivas al Municipio para que la incorporara al banco de tierras con las cuales los constructores pagan los derechos por obligaciones urbanísticas que se originan cuando levantan un edificio, hacen una urbanización o un complejo industrial. La intención es generar espacio para el disfrute de las comunidades.
La cesión no consideró ninguna compensación económica directa, sino que IDC, TC y su socio debían recuperar su inversión en el predio negociando con agentes del sector inmobiliario que tuvieran proyectos.
Sin embargo, no lo lograron y por eso alegaron que el Municipio debía haber proveído los clientes para los derechos de obligaciones inmobiliarias y que había incurrido en enriquecimiento sin causa, lo cual era una falla que ameritaba echar atrás la escritura que se firmó.
En principio, pedían entre $48.000 y $54.000 millones por su bien, más los perjuicios.
