Dos exintegrantes de la Policía, el subintendente Luis Fernando Bustamante Santa y el patrullero Wilmer Antúnez Moreno, fueron condenados por retener de manera ilegal a varias personas porque estaban transportando 400 gramos de oro por una calle de Bello. En medio de este procedimiento les pidieron plata o que les dejaran parte de este oro para liberarlos.
Ambos recibieron una pena de cuatro años y tres meses de prisión por los delitos de concusión y privación ilegal de la libertad por los hechos registrados el 14 de octubre de 2023 en el barrio Serramonte, en la zona urbana de este municipio del norte del Valle de Aburrá. Además, deberán pagar cada uno una multa de 35,4 salarios mínimos mensuales vigentes para la época, lo que equivale a 41.064.000 pesos.
Según el reporte judicial, ambos uniformados, para la época adscritos a la Policía Metropolitana y prestando servicio a la estación de Bello, estaban realizando un operativo e interceptaron a las víctimas. Cuando les encontraron el oro, les dijeron que estaban cometiendo un delito, por lo que les dijeron que tenían dos opciones para dejarlos ir sin abrirles un proceso judicial.
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La primera propuesta era que les entregaran 80 millones de pesos en efectivo y que en caso de no tenerlos, que les dejaran 200 gramos de oro para ellos y evitar así cualquier inconveniente bajo el argumento que no contaban con los permisos necesarios para transportar tanta cantidad de este metal precioso, señalaron desde la Fiscalía.
En medio de la investigación, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de Medellín demostró que las víctimas de este hecho le alcanzaron a entregar a los entonces uniformados 11 millones de pesos que tenían a cambio de que no les quitaran el oro que estaban transportando y del cual no trascendió su finalidad.
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Cabe destacar que cada persona puede transportar sin inconveniente alguno hasta tres gramos de oro y a partir del cuarto gramo es obligatorio declararlo ante las autoridades competentes para corroborar su legalidad, aunque no existen leyes que califiquen como un delito tener este metal precioso en su poder.
La decisión judicial se logró mediante un preacuerdo, en el que ambos aceptaron su responsabilidad en los delitos cometidos contra estas personas, abusando de la autoridad que tenían en ese momento y el desconocimiento de las leyes de sus víctimas para hacerles tales exigencias económicas.
En medio de este proceso, el expatrullero Antúnez Moreno está vinculado en otro hecho de concusión en Bucaramanga, el cual se encuentra actualmente en etapa de acusación.
