El excongresista antioqueño César Pérez García fue condenado por la Corte Suprema de Justicia como determinador del asesinato del exalcalde de Remedios (Nordeste antioqueño) Elkin de Jesús Martínez Álvarez, ocurrido en 1988.
El alto tribunal y específicamente su Sala Especial de Primera Instancia le impuso una pena de 279 meses (más de 23 años) de cárcel y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 10 años.
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Esta es la segunda condena contra el exrepresentante a la Cámara, pues ya estaba afrontando otra pena de 30 años de prisión por la masacre de Segovia, la cual fue perpetrada por paramilitares en noviembre de 1988, con un saldo de 46 personas muertas y más de 50 heridas.
En el caso del exalcalde Martínez, la defensa de Pérez había pedido que al político se le otorgara la casa por cárcel, dada su avanzada edad, pero la Corte le negó esa posibilidad.
Ambos episodios, que conmocionaron al país, habrían sido ordenados ante la pérdida del poder de Pérez en el Nordeste por el copamiento de espacios que estaba realizando la Unión Patriótica.
La investigación realizada por la Corte estableció que tan pronto perdió el poder político en la zona, Pérez García se contactó entonces con Fidel Castaño y Henry de Jesús Pérez, jefes del grupo armado ilegal Muerte a Revolucionarios del Nordeste y les pidió que expulsaran a los líderes de izquierda en esa subregión.
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El ejecutor directo de esa orden de asedio fue, también según el expediente, Alonso de Jesús Baquero Agudelo alias Vladimir y en ese contexto ocurrió el homicidio del entonces alcalde electo Martínez Álvarez, el 16 de mayo de 1988, cuando esperaba un taxi en la puerta de un hotel de Medellín, para evitar su posesión, que debía verificarse unos días después.
Después, Vladimir testificó en contra de Pérez y dijo que incluso este dio el nombre de algunas de las personas militantes de la UP que debían ser eliminados.
La matanza comenzó el 11 de noviembre. Esa noche, un grupo de paramilitares acompañados de efectivos del Ejército y la Policía local llegaron a la zona urbana de Segovia en camionetas lujosas y se establecieron en el parque principal.
Después comenzaron a recorrer las calles dotados de fusiles y procedieron a ejecutar a los objetivos que habían establecido previamente y adicionalmente cayeron transeúntes que se les atravesaron en el camino.
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Tras dejar regado el pueblo de sangre, se habrían refugiado en el Batallón Bomboná, de Puerto Triunfo, de acuerdo con los testimonios recogidos en el proceso.
La masacre no prescribió a pesar del tiempo que se demoró para que la Justicia dictara un fallo, pues fue declarado como crimen de lesa humanidad.
A Pérez, quien en el pasado fue uno de los principales electores liberales en Antioquia, un juez le había concedido en 2017 la prisión domiciliaria, pero ahora, ya con 90 años de edad, tendría que purgar detención intramural.
