El recinto del Concejo de Sabaneta es diminuto. Tal vez por esto, sus corporados lucen apretujados y por lo mismo terminan compartiendo no solo su afinidad política con el alcalde sino también viajes al exterior con particulares contratos. Resulta que el 27 de enero se firmó el contrato de prestación de servicios 024 entre el Concejo de Sabaneta y la Fundación Ángeles por Colombia por $242 millones.
Su objetivo era capacitar a los concejales y a su secretario general en un curso internacional y nacional en “herramientas para la gestión de recursos, para el análisis y gestión de la seguridad y la convivencia en los territorios’”.
Este iba hasta el 30 de septiembre y fue firmado por el presidente del Concejo, John Freddy González Montoya, y el representante de la Fundación, Héctor Gil Guzmán.
La Fundación fue la única oferente y por eso resultó elegida pues –como se lee en el contrato– “se suscribe por necesidad del servicio”. Según la propuesta de la Fundación, el curso buscaba ahondar en la cooperación internacional y sus implicaciones políticas y económicas en el desarrollo; así como las metodologías para la gestión de proyectos enfocados en seguridad ciudadana, innovación, internacionalización y emprendimiento.
Se realizaría en solo 40 horas que se desarrollarían “durante la inmersión de experiencias vivenciales en Colombia, Canadá y Chile”, según la propuesta. Las capacitaciones –en promedio dos horas por día– se realizarían en Montreal, Canadá, entre el 15 al 22 de mayo; en Medellín entre julio y agosto; y en Santiago de Chile entre el 18 y el 25 de septiembre; con los gastos pagos.
Algo curioso del contrato es que se determinó que de los $242 millones se pagaría el 50% en abril, con tan solo la entrega del plan de reservas para los viajes. Aún así, este pago se hizo el 18 de marzo tras visto bueno del secretario del Concejo Gabriel Vanegas.
No obstante, el 4 de agosto se modificó el contrato 024, con una justificación que sin más detalles indicaba que había que cambiar destinos, fechas y montos de pago para poder darle continuidad. Por ello, el 18 de agosto se le pagó a la Fundación $70 millones más, previa terminación de la capacitación de nueve horas (que se hizo el 22 de julio y el 11 de agosto en un centro de convenciones de Sabaneta) y la entrega de reservas e itinerarios de los nuevos destinos, mientras que un tercer pago se haría al fin de la capacitación en Argentina y Uruguay.
Con este panorama, el 3 de septiembre salieron hacia Buenos Aires, los concejales José Julián Cano, John Fredy González, Alder James Cruz, Alexander Morales, Margarita Flórez, Óscar Daniel Galeano, Juan José García, Giovany Zapata, Carlos Mario Cuartas, Fabricio Henao y Licinio López, así como el secretario Gabriel Vanegas Chaverra. En el informe del viaje se lee que en la primera capacitación, del 5 de septiembre, “se expusieron casos reales de emprendimientos actuales que han surgido debido a la critica situación por la que esta atravesando Argentina”.
La segunda jornada fue el 7 de septiembre en la municipalidad de San Miguel, donde recibieron “enseñanzas en seguridad y convivencia” del alcalde Jaime Méndez y su secretario de Seguridad. Si bien esta localidad –con sus 83 kilómetros cuadrados– es cinco veces Sabaneta y tiene el doble de habitantes, las tasas de reducción de criminalidad de ambas ciudades –sobre todo hurto y homicidios– son similares con 65%. Por ello hay duda si se justificaba ir a San Miguel.
Desde el 8 de septiembre los concejales se embarcaron en su “capacitación de turismo local” en la que visitaron la hacienda Santa Susana, la Floralis Genérica, el Obelisco y la Casa Rosada en Buenos Aires. Y el 10 de septiembre estuvieron en Colonia, Uruguay, para “capacitarse en seguridad y convivencia”. Los concejales regresaron al país el 12 de septiembre y el 28 se le pagó a Ángeles $47 millones.
