La Comunidad de Paz de San José de Apartadó y el Estado colombiano pusieron fin a un largo litigio que tuvo como escenario la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al llegar a un acuerdo amistoso entre ambas partes.
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En el acuerdo se establecen compromisos concretos para reconocer y reparar las múltiples violaciones a los derechos humanos sufridas por los miembros de la comunidad y parte del reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) destacó que el texto incluye importantes medidas para garantizar la reparación de las víctimas, la preservación de la memoria y el impulso al avance de las investigaciones judiciales sobre los hechos.
“Este acuerdo histórico constituye un ejemplo claro del cambio de postura de la Agencia frente a las víctimas. Ahora el Estado no litiga en contra de ellas, por el contrario, está comprometido con reparar los daños causados por graves hechos de violencia, cuando haya lugar y evitar al máximo la revictimización”, dijo el director general de la Agencia, César Palomino.
Entre los puntos más importantes están el compromiso del Estado de celebrar un acto público en el que se destaque la labor de la Comunidad de Paz como un ejemplo, incluso a nivel mundial, por proclamar el desarme como una política de la sociedad civil.
También determinaron la construcción y/o mantenimiento de monumentos para rendir homenaje a las víctimas de la violencia en la región y el establecimiento de espacios de memoria en los cuales instalarán placas, monumentos y murales, con el fin de recordar a las víctimas y preservar la memoria histórica de la comunidad.
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Igualmente, contempla la publicación de un libro que narre la historia de la Comunidad de Paz, con el fin de que las próximas generaciones conozcan lo ocurrido allí. De esa forma buscan garantizar que se preserve la memoria colectiva.
Adicionalmente, el Estado solicitará a la Fiscalía que cree un grupo especial de fiscales y miembros del CTI, con el fin de investigar los hechos ocurridos en la comunidad.
Vale la pena recordar que La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, ubicada en el municipio de Apartadó, Urabá antioqueño, fue creada en 1997, un año en que sus integrantes se declararon neutralidad activa con relación a los actores armados, incluido el Ejército y la Policía. Ello generó hostigamientos desde todos los ámbitos, incluso desde el Estado mismo porque la comunidad se oponía al ingreso de tropas a su territorio.
Así, han sido blanco de hostigamientos, amenazas, desplazamientos, homicidios selectivos, persecución a sus líderes y varias masacres, entre otras formas de victimización.
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Como sexto punto, se estipuló la creación de una comisión independiente, que evaluará el desarrollo de las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos contra miembros de la Comunidad de Paz y elaborará un informe con recomendaciones relacionadas con las acciones que, a su consideración, debe adelantar el Estado. Será presidida por la Defensoría del Pueblo.
