Los promotores de la revocatoria contra el alcalde Daniel Quintero no se resignan a perder el pulso en el proceso que el mandatario ya dio por muerto, tras la decisión del CNE de no certificar las cuentas del comité revocatorio y, en consecuencia, frenar el trámite.
Andrés Rodríguez, uno de los voceros de la revocatoria, entregó los descargos en respuesta a la Resolución No 2124 del 26 de abril de 2022 del CNE que determinó que el comité superó los topes de financiación y decidió formular cargos contra Andrés Felipe Rodríguez Puerta, Jorge Alejandro Posada Jaramillo, Luis Alfonso García Carmona, Jaime Gonzalo Torres, Julio Enrique González Villa y el contador de la campaña Raúl Bautista Quiroga.
Rodríguez señala que en la decisión de la Sala Plena se omitieron deliberadamente las subsanaciones que presentaron el 17 de enero, en respuesta a la solicitud que hizo el CNE el 11 de enero para que el comité revocatorio entregara respuesta a las inconsistencias que presentaban las cuentas.
Ese 17 de enero, apunta Rodríguez, el contador Raúl Bautista y la revisora fiscal Sofía León se presentaron en las oficinas del Fondo de Financiación Pública del CNE ante el funcionario Julio Eduardo Bernate Montes a quien le entregaron la documentación requerida para la subsanación de los hallazgos advertidos el 11 de enero.
Sin embargo, Rodríguez alega que en la resolución 2124 que finalmente decidió negar la certificación de las cuentas, no figura por ninguna parte el acta que se firmó el 17 de enero, como constancia del recibo por parte del Fondo de Financiación Pública del CNE de las subsanaciones entregadas por el comité revocatorio.
Según le explicó a este medio el magistrado Pedro Felipe Gutiérrez, inicialmente el comité de la revocatoria reportó la contribución de $47 millones por parte de una ONG, la cual superaba los topes permitidos de donación de una sola fuente establecida en $23 millones. Luego, los revocadores hicieron la corrección contable, señalando que se equivocaron haciendo el reporte y que de esos $47 millones, $25 millones correspondían a un gasto y no a una contribución, contó Gutiérrez.
Sin embargo, Gutiérrez explicó que al revisar los extractos bancarios encontraron la irregularidad de violación de topes, argumentando que los dineros presentados fueron todos como una donación y no como un gasto. El funcionario dijo que Consejo Nacional Electoral encontró en los extractos bancarios una partida de $10.300.000 y otra de $14.700.000 que van para el pago de un proveedor.
Por estas irregularidades, el CNE formuló cargos contra los revocadores mencionados, primero, porque “no figuran en los estados contables la totalidad de los aportes en dinero o en especie que cada persona natural o jurídica que se realizaron durante la campaña”, y segundo porque “se refleja una presunta violación de topes en la campaña de recolección de apoyos ciudadanos de la solicitud de revocatoria contra el alcalde de Medellín Daniel Quintero”.
Según Rodríguez, en el documento de 29 páginas en las que radicó los descargos este 9 de mayo, queda en evidencia que las irregularidades quedaron subsanadas y que, además, los magistrados sobrepasaron sus funciones, pues considera que la resolución 2124 configura una decisión de certificación de cuentas paralela a la que le correspondía emitir al Fondo de Financiación.
