Los comisarios de Familia de Medellín madrugaron este miércoles a protestar en La Alpujarra, para reclamar atención de la Alcaldía de Medellín ante la difícil situación que sus dependencias vienen afrontando por aspectos como la reducción del presupuesto y las malas condiciones para operar y cumplir su labor. Y se quejan porque consideran que ha sido en la administración de Daniel Quintero en la que han aumentado sus dificultades.
La protesta comenzó pacífica en la plazoleta de La Alpujarra, pero casi a las 10:00 de la mañana, en vista de que nadie bajó a atender sus llamados, decidieron ingresar a la Alcaldía. En el primer piso, trascendió en videos en redes sociales, gritaron arengas contra la administración.
En el sitio, le contaron a periodistas de EL COLOMBIANO que cuando entraron los atendió un funcionario, al parecer, de nivel subsecretario. La promesa que les hicieron, según aseguraron, es que los recibirán este miércoles, a las 2:00 de la tarde, para analizar sus peticiones, las cuales llevan haciendo hace mucho tiempo sin recibir respuestas.
De acuerdo con sus denuncias, luego de la pandemia los hechos de violencia intrafamiliar se dispararon en la ciudad y ha crecido la demanda de sus servicios por parte de la población, pero con las condiciones actuales no han podido cumplir a cabalidad su tarea, con eficiencia y oportunidad.
“La violencia ha crecido y el presupuesto no lo ha hecho en la misma medida. Hemos hecho nuestras demandas ante la Alcaldía pero no hemos sido escuchados y por estamos en este plantón”, expresó Uberney García, uno de los voceros de los manifestantes.
En la protesta, que se inició a las 7:00 de la mañana, gritaron consignas como “alcalde Quintero, con la salud de las mujeres y los niños no se juega” o “alcalde Quintero, los niños abusados han sido abandonados”, entre otras.
En Medellín hay 30 comisarios de Familia y una dependencia por comuna, además de una sede permanente que opera las 24 horas del día para atender casos de violencia intrafamiliar y temas de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Una de sus demandas es que el presupuesto asignado para su trabajo en 2023 se aumente de $7.700 millones a $10.400 para poder ellos, según sus cálculos, prestar un adecuado servicio de sus funciones.
Las quejas de los comisarios
Previo a la protesta, los comisarios dieron a conocer un documento de varios puntos en el que expusieron las difíciles condiciones que denuncian. Entre los aspectos más relevantes afirmaron que el presupuesto asignado para su trabajo ha venido disminuyendo desde 2020 y que este 2022 aumentaron en un 28% las solicitudes de restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes, y en un 15% las atenciones por violencia intrafamiliar entre adultos.
También afirmaron que desde que Quintero es alcalde, los profesionales que trabajan en las comisarías no han tenido acceso a atención en salud mental, pese al riesgo de sufrir afectaciones psicosociales por las altas cargas que manejan y los casos tan delicados que atienden.
Además, dan cuenta de que las sedes tienen goteras, humedades y otras fallas estructurales que les impiden desarrollar sus labores, a lo que se suma que no tienen, ni siquiera, buenas sillas para sentarse ni los equipos idóneos para escanear los procesos que atienden y que deben presentar a las diferentes autoridades.
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Entre las quejas se conoció también que no cuentan con personal suficiente en las sedes para atender la demanda: faltan auxiliares, secretarios, psicólogos y trabajadores sociales. Esto tiene un agravante, pues, según aseguraron, no hay continuidad en la contratación del persona, muchas veces los contratos duran hasta días y se han presentado recesos de hasta un mes entre un contrato y otro, lo que afecta la prestación de los servicios.
Hace justamente un año, también se desató una ola de quejas y críticas contra el alcalde, de parte de los inspectores de Policía de la ciudad, porque también estaban trabajando en “condiciones precarias”. En ese entonces, hablaron de la falta de insumos y personal de apoyo, los contratos tardíos, el cambio constante de colaboradores, la ausencia de mantenimiento en algunas sedes y el recorte de presupuesto que, para 2021, tuvo su peor bajón desde 2017.
