Una semana después de que 13 integrantes del Clan del Golfo fallecieran en un combate contra las disidencias de las Farc y el ELN que delinquen conjuntamente en la zona, la comunidad informó que miembros de esta organización criminal estarían usando una escuela rural como trinchera para resguardarse y atender a sus hombres heridos.
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Los habitantes de la vereda Plaza Nueva, ubicada en zona rural del municipio, a unas cuatro horas de camino del casco urbano, se encontraron con que por la escuela, donde los niños no pueden estudiar por la amenaza constante de la guerra, pasaron miembros del Clan del Golfo que dejaron ropa, morrales e implementos de aseo.
De acuerdo con los pobladores de Plaza Nueva, donde han ocurrido los combates más intensos en las últimas semanas, los miembros de este grupo armado llegaron a la escuela unos cinco días antes de iniciar los enfrentamientos y allí montaron su campamento.
Una fuente que pidió reservar su identidad por el riesgo que implica contar lo que ocurre en la zona, le contó a EL COLOMBIANO que los miembros del Clan del Golfo no solo se tomaron la escuela, sino también la sede de una iglesia pentecostal, y las fincas de varios de los habitantes que ya se han quedado sin marranos, sin ganado y sin fuentes de ingreso. Cuentan que algunos de ellos se tienen que escapar por el monte porque los criminales no los dejan salir por la vía que conduce al casco urbano del municipio. “Cogieron esa vereda de parche”, concluyó la fuente.
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Los cuerpos de los combatientes que murieron duraron más de un día sin que nadie los recogiera porque las autoridades no podían llegar hasta la zona. Por lo que hubo que armar un operativo en el que tuvo que participar hasta el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para darle algún parte de tranquilidad a los habitantes de la vereda.
Principalmente, la disputa es por las riquezas del oro en esta, que es una de las zonas más productoras de este metal precioso en el país, así como por el dominio de un corredor de movilidad para actividades de narcotráfico y tráfico de armas entre Antioquia y el sur de Bolívar.
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Ello ha llevado a que todos los factores de poder armado traten de dominarla a sangre y fuego, por lo cual han ocurrido combates, desplazamientos forzosos, confinamientos y toda clase de afectaciones a las comunidades de Segovia y Remedios, siendo las áreas rurales las más perjudicadas.
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“Ya esta situación había sido alertad y no entendemos cómo hasta el momento no hay una respuesta oportuna y efectiva de las autoridades para hacer control de la seguridad en este territorio”, se lamenta Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos e investigador de la fundación Sumapaz al hacer alusión a las denuncias que se han producido al respecto desde el año 2018 y a la alerta temprana que emitió la Defensoría del Pueblo.
Frente a los últimos hechos y la necesidad de hacer el levantamiento de los cadáveres, las comunidades aledañas han pedido una comisión humanitaria que entre y haga las gestiones pertinentes. Existe el temor de que se presenten desplazamientos masivos de la población.
