La jueza 39 de control de garantías concedió la medida de aseguramiento de casa por cárcel en contra de la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, y la exdirectora técnica de Buen Comienzo, Lina Gil, por presuntas irregularidades en contratos de Buen Comienzo y alimentación escolar.
Las dos están imputadas por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en tentativa, interés indebido en la celebración de contrato y peculado por apropiación consumado en favor de terceros. También está imputado Henry Paulison Gómez, hasta hace una semana representante legal de Colombia Avanza, pero contra él no se dictó casa por cárcel.
En la audiencia de este lunes 20 de febrero, la jueza sustentó la medida de aseguramiento privativa de la libertad en los lugares de residencia de las dos funcionarias en el riesgo de reiteración expuesto por la fiscal 49, es decir, en su consideración, ambas podrían repetir conductas similares a las que las tienen bajo este proceso penal.
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Los argumentos de la jueza
“Cuando uno analiza que son funcionarias públicas, que lo que se está protegiendo es el patrimonio y el interés estatal, estos delitos que afectan la administración de justicia son graves porque la prestación del servicio es para la comunidad de la primera infancia, madres lactantes y estudiantes”, manifestó la jueza al argumentar su decisión.
Y continuó diciendo que comparte la apreciación de la delegada de la Fiscalía de que hay riesgo para la administración pública, en tanto que ambas servidoras públicas están investigadas por cuatro delitos y siguen laborando dentro de la Alcaldía de Medellín, Agudelo en su condición de titular de Educación y Gil vinculada a la Secretaría de Inclusión Social.
“La delegada de la Fiscalía tiene razón cuando dice que hay una probable reiteración de la misma conducta porque estas personas continúan en las dependencias y tienen a disposición recursos públicos”, agregó la jueza, quien reiteró que la medida de aseguramiento busca evitar que desde sus cargos puedan incurrir en las conductas que presuntamente cometieron y por las cuales están en la investigación.