En las últimas horas se conoció una carta abierta de la excomisionada de la Verdad, Lucía González Duque, en la que expresa su defensa al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), que ha sido uno de los frentes más atacados por el alcalde Daniel Quintero y parte de sus funcionarios y exfuncionarios.
“En honor a mi existencia, a lo que soy y he tenido la oportunidad de hacer, asumo la responsabilidad como ciudadana, de abogar por el respeto y la valoración de nuestras empresas, que son nuestras porque hacen parte de un capital material, pero sobre todo simbólico y social que nos ha hecho ciudad y Nación”, se lee al inicio de la columna, titulada Hay que decirlo: el respeto a los bienes comunes es un imperativo ético y político.
La excomisionada, que entre sus cargos también fue directora del Museo Casa de la Memoria de Medellín y del Museo de Antioquia, explicó más adelante en su texto que esa primera frase se refiere a las empresas antioqueñas que, a lo largo de los años, han tenido representación para los ciudadanos, a través del servicio y el hacer: “Y nos han hecho sentir que son parte fundamental de nuestra existencia porque han actuado con responsabilidad ciudadana”.
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El final de la carta es lo más contundente, pues González afirma que hay silencio de muchos ciudadanos, sectores y organismos de control ante una estrategia de desprestigio al empresariado. “Por ello, frente a tanto silencio, y frente a un puñado de instituciones y personas que están levantando de manera solitaria la voz, asumo la responsabilidad de decir que la destitución material y simbólica del GEA nos afecta porque en esta toma hostil, nos despoja de un ejemplo de “buena empresa”, de entidades y de personas que han sido nuestras interlocutoras, el apoyo a muchos proyectos de ciudad, y no como lo quieren hacer creer al decir, sin vergüenza, que son empresas que se roban el poder”, dice la excomisionada.
Y califica como un “proyecto criminal” la estrategia desplegada para copar las rentas de la ciudad, a través de engaños, lo que considera una guerra contra los bienes públicos. “Vienen también por EPM, por el Metro, por la Cámara de Comercio, por las entidades de las que pueden sacar provecho económico. Mientras tanto, en el país nacional ciertos poderes, los órganos de control y unos medios de comunicación, aliados a este saqueo o mirando para otro lado, y nosotros aquí sentados, viendo la destrucción de lo que nos ha costado tanto, de lo que nos ha hecho sentir orgullosos. Movilicémonos”, concluye la excomisionada.