Ante la posibilidad de un eventual cambio de contratistas en Hidroituango, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) emitió un ultimátum a Empresas Públicas de Medellín (EPM) y anticipó que se retirará del proyecto, argumentando que este quedaría en el limbo bajo ese escenario.
Así le confirmó a EL COLOMBIANO una fuente de alta credibilidad, quien aseguró que esa institución se retiraría de forma inmediata en caso de que se cambie el consorcio constructor y cobraría la deuda a EPM.
Según pudo conocer este diario, la organización financiera estaría preocupada por la inestabilidad administrativa que implicaría aquel cambio y suspendería la financiación del proyecto, temiendo que la megaobra no comience a generar a mediados de 2022.
El ultimátum del BID se da en medio de una jornada turbulenta para el proyecto, en la que el Consorcio CCC Ituango (conformado por las empresas Conisa, Conconcreto y Camargo Correa) aseguró que la viepresidencia jurídica de EPM les solicitó ceder el contrato de la obra.
Ya EL COLOMBIANO había revelado que en reuniones entre emisarios del Gobierno Nacional y el BID se había mencionado que si no se cumplía con el cronograma actual cobrarían la deuda en cuarenta y cinco días.
Justo este viernes, Santiago García, representante legal del consorcio constructor, dijo en entrevista a Blu Radio: “Nos dieron un mensaje de la gerencia”, y sostuvo que esa sugerencia se produjo en medio de una reunión privada.
Ese mismo consorcio, en una carta con fecha del pasado jueves 21 de octubre, le pidió al gerente de EPM, Jorge Carrillo, que sentara una posición formal sobre su continuidad en el desarrollo de las obras, teniendo en cuenta que el próximo 31 de diciembre se vencerá el contrato vigente.
“En diferentes oportunidades hemos manifestado nuestro compromiso para continuar ejecutando el contrato que hoy está vigente hasta el 31 de diciembre del año en curso y brindarle a EPM el apoyo que esté a nuestro alcance con la ejecución de las obras faltantes, siempre y cuando la entidad así lo considere pertinente”, dice.
Esta carta se produjo un día después de que la Contraloría General de la República se viera obligada a suspender el proceso de responsabilidad fiscal que adelanta contra 26 personas y empresas relacionadas con Hidroituango, a causa de una recusación presentada por la exsecretaria de Planeación de Antioquia María Eugenia Ramos Villa.
En ese recurso, la exfuncionaria denunció una presunta falta de imparcialidad por parte de los organismos de control que investigan el proyecto, argumentando, entre otras cosas, que en declaración a medios de comunicación el contralor Carlos Felipe Córdoba habría prejuzgado a los procesados. Esta recusación es estudiada por el Consejo de Estado.
Según se conoció el mes pasado, la deuda de EPM con el BID asciende al menos a 450 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a $1,7 billones. El gran temor es que tras la decisión del BID también podría desatarse un cobro acelerado de otros acreedores.
