Joaquín* salió de su finca hace más de un año. Allí tenía un galpón de pollos y de eso vivía. Salió rápido, sin vacilar, luego de una llamada. Fue a las 11 de la mañana de un mes que considera impertinente mencionar. Que se reportara ante un integrante del Clan del Golfo, le dijeron; que lo necesitaban con urgencia. Él se descolocó cuando escuchó esa orden: no sonaba a otra cosa que a la muerte. Se negó a cumplir con la cita que le propusieron. Fue de una casa a otra en la vereda. Llegó a un hospital del pueblo alegando enfermedad. Trataba de esconderse: un par de hombres lo perseguían. “Me querían matar y no pudieron”.
El episodio que reseña tuvo lugar en una localidad del Bajo Cauca, zona que abandonó a las 5:00 de la tarde del mismo día en que lo requirieron los ilegales. La Policía, cuenta vía telefónica, lo trasladó a Medellín. En la ciudad deambuló de albergue en albergue: estuvo dos meses en uno, dos más en otro y uno más en un tercero. Varias entidades asumieron su manutención en ese tiempo. Pero de un momento a otro lo dejaron solo. Tuvo que comenzar a rodar sin plata y sin tierra por la región. Hasta entonces Joaquín fue líder social y defensor de derechos humanos.
Su caso no es la excepción y parece, según el gobernador Aníbal Gaviria, ser la regla. El mandatario sostuvo en días pasados que de 103 líderes protegidos en Antioquia, el 30% son del Bajo Cauca. Es decir, tan solo una de las nueve subregiones carga con la tercera parte de este flagelo. El anuncio, sin embargo, refrescó un interrogante: ¿se está cuidando con particular ahínco a los líderes de este territorio? ¿Se han vuelto las cifras paisaje, así como la historia que reseña Joaquín?
La radiografía
Entre 2020 y lo que va de este año, la Gobernación ha atendido 103 solicitudes de protección para líderes sociales y defensores de derechos humanos. Estos, en conjunto con 175 integrantes de sus grupos familiares, han recibido alguna medida de protección. Es en este frente en el que el Bajo Cauca puntea, con 33 del total de casos, seguido por Urabá (18), Valle de Aburrá (14) y Norte (12) —ver gráfico—.
Entre las solicitudes se cuentan un líder discapacitado, tres indígenas, ocho integrantes de la población LGBTI y 37 mujeres. El panorama, dice Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos e integrante de la fundación Sumapaz, es desalentador. Aunque la Gobernación habla de 12 asesinatos a líderes en lo que va del año (en 2021 fueron 24, según este seguimiento), en cuentas de Sumapaz y la Corporación Jurídica Libertad se han registrado 20, además de 75 amenazas individuales y colectivas.
Lo que dice Zapata es que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Clan del Golfo y las disidencias de las extintas Farc cargan con responsabilidad en estos casos. Pero también las autoridades: a través de la alerta temprana número 45 del 31 de agosto de 2020, la Defensoría del Pueblo, entonces en cabeza de Carlos Alfonso Negret, habló de los riesgos que aquejan a los liderazgos de los seis municipios del Bajo Cauca.
En el documento, que es la alerta más reciente que se ha emitido desde la subregión, reposan 46 recomendaciones para combatir esta problemática. En palabras de Zapata, son pocos los puntos que desde entonces se han cumplido. El diagnóstico está hecho: hay pobreza, minería ilegal, centrada particularmente en el oro, debilidad del aparato policial y militar, además de carencia de oportunidades.
¿Qué se está haciendo?
A Joaquín, la Unidad Nacional de Protección le entregó un chaleco antibalas y un teléfono. Los ilegales, dice, le dieron una lección cuando se topó de nuevo con ellos: “Los del Eln me lo quitaron, y me mandaron a decirles a esos funcionarios que eso para qué, que con eso terminaba más expuesto, hasta relacionado con un grupo ilegal”. El episodio, pese a lo paradójico, resultó en que Joaquín dejara de usar el chaleco, además del celular. Ahora solo piensa en cómo levantarse la comida: perdió su tierra, su galpón de pollos.
El departamento cuenta con una política pública para defender los derechos humanos, un plan de prevención y otro de emergencia, una ruta de protección (ver Para saber más) y una mesa territorial de garantías. Pero estos mecanismos, según Zapata, son insuficientes: dice que el gobierno local se ha quedado corto en su ofensiva contra los ilegales, que no ha hecho lo suficiente por evitar su hegemonía en coordenadas alejadas.
No hay que ir muy lejos. El caso de Joaquín bien lo refleja: salió corriendo del Bajo Cauca para salvar su vida, pero tuvo que volver cuando las ayudas oficiales menguaron y sintió que era una carga para la familia que lo recibió en otra subregión. Pide que le cambien el nombre, que no precisen la fecha de lo acaecido, que no se mencione dónde vive. Los hombres que lo hicieron abandonar su finca, desplazarse de su pueblo en menos de seis horas, lograron su cometido: matarlo en vida; callarlo como líder.
*Identidad bajo reserva.
