El caso que desde hace más de tres años tiene contra las cuerdas al exsenador liberal Julián Bedoya, señalado de estar implicado en un entramado fraudulento para obtener su diploma de abogado, podría estar a punto de caerse.
En una movida que ha tomado por sorpresa a muchos de los implicados en esa investigación, la Fiscalía General de la Nación radicó ante un juzgado penal de Bogotá una solicitud de preclusión del caso, tras considerar que el material que sustenta los señalamientos en contra del poderoso gamonal antioqueño no probarían ningún delito.
La decisión no sólo llamó la atención por ir en dirección opuesta a una investigación que ya adelantaba la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (que perdió la competencia del caso), sino por aparecer como un regalo caído del cielo para Bedoya, que desde hace varios meses viene volcando toda su maquinaria para pavimentar su aspiración para la Gobernación de Antioquia.
Y es que el líder liberal, reconocido por su fuerte influencia política en subregiones como el Urabá y el Bajo Cauca, podría librarse del principal fantasma que acecha sus aspiraciones políticas, que recientemente se desnudaron no solo por cuenta de una ostentosa fiesta en la que entregó a manos llenas costosos regalos a periodistas, sino en varios acercamientos con otros barones electorales locales, como el senador conservador Carlos Andrés Trujillo.
La pregunta del millón consiste ahora en cuáles serán las razones que la Fiscalía esgrimirá en los tribunales para sustentar que el caso no tiene fundamento, que, según se conoció, deberán ser expuestas en profundidad en una audiencia programada para el próximo martes 25 de abril en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá.
Lo que sigue
La labor del ente acusador no se proyecta fácil, sobre todo si se pone la vista en los antecedentes del escándalo, que en 2019 le costó el cargo al exrector de la Universidad de Medellín, Néstor Hincapié, y lo puso a afrontar un juicio por el delito de falsedad ideológica en documento público, junto a otros tres exintegrantes de esa misma institución de educación superior, identificados como Juan Felipe Hernández, John Mario Ferrer y Yolanda Cossio. Todo este grupo, dicho sea de paso, imputados por la misma Fiscalía en aquel momento.
Más allá de esos procesos, que avanzan de forma independiente al de Bedoya, el principal reto de la Fiscalía será el de controvertir las pesquisas que ya venía realizando la Corte Suprema, que en sus primeras indagaciones ya había sacado a flote delicadas pistas.
Dentro de esos indicios, por ejemplo, los togados encontraron actas de aprobación firmadas por una sola persona (cuando deberían ser aprobadas por tres), documentos que indicarían que el exsenador supuestamente habría presentado en un mismo día hasta tres evaluaciones para homologar sus estudios (algo sospechoso por la alta complejidad de las pruebas) y testimonios orales que aludirían a un supuesto trueque entre Bedoya y altas cabezas de la Universidad de Medellín, que habría determinado presuntamente la entrega de su diploma.
En esos testimonios, que se conocieron en 2019, salió salpicada la hoy concejal de Medellín por el Partido Liberal Aura Marleny Arcila, entonces presidenta de la Consiliatura de esa universidad, señalada de tener intereses en recibir apoyo político de Bedoya. Al ser consultada por ese tema, la cabildante negó utilizar esa posición en la universidad para hacer política y sostuvo que dicha institución no tenía “interés en apoyar candidaturas políticas de ningún tipo”.
Para José León Jaramillo, uno de los exprofesores que encendió las alarmas por el caso en 2019, la clave será analizar en profundidad los argumentos de la solicitud de la Fiscalía, que a su juicio también resaltan por haberse concretado en menos de seis meses, cuando las indagaciones de la Corte avanzaron por cerca de dos años.
En contraste, el exvicefiscal Jorge Perdomo Torres, quien hoy lidera la defensa de Bedoya, consideró que a pesar del ruido que desató el caso en 2019, la solicitud del ente acusador era previsible. A su juicio, pese a los indicios documentados por la Corte, las acusaciones contra Bedoya carecen de pruebas sólidas y están sustentadas en interpretaciones erradas del reglamento de la Universidad de Medellín.
Más allá de esas opiniones encontradas, lo cierto que la última palabra la tendrá el juez que revisará el caso el próximo 25 de abril, que deberá sopesar si hay mérito para que la investigación siga.
