En la audiencia de medida de aseguramiento por el caso Buen Comienzo, que continuó durante este jueves 16 de febrero, la primera en intervenir fue Beatriz Mejía, procuradora delegada del Ministerio Público para este proceso judicial.
La funcionaria advirtió que se debía hacer una verificación de la inferencia razonable de la autoría señalada por la Fiscalía, basada en los insumos y soportes trasladados para verificar las categorías que fueron imputadas. Dijo que era necesario hacer ese examen con juicio porque la imposición de una medida de aseguramiento es excepcional e invasiva.
Dicha medida de aseguramiento, en modalidad de casa por cárcel, fue solicitada en la pasada audiencia por la fiscal 49 contra la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, la exdirectora de Buen Comienzo, Lina María Gil, y el representante legal de la corporación Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez, para lo cual ha aportado distintos elementos probatorios, entre audios, actas y pantallazos, entre otros.
Los delitos imputados son celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en tentativa, interés indebido en la celebración de contrato y peculado por apropiación consumado en favor de terceros.
Luego del análisis de algo más de una hora, dijo que la medida solicitada por la Fiscalía de casa por cárcel era “viable y jurídica” para la secretaria Agudelo y Gil, pero no así para Gómez, para quien pidió hacer un análisis personal de su actuar.
La intervención de la procuradora
“Se logra corroborar que sí hubo una flexibilización, una sujeción a requisitos con menos exigencia, con un único oferente, lo que imposibilitaba una mejor recepción de ofertas, además de la ausencia de control del oferente para poder verificar qué iba a hacer y cuál era la ejecución del contrato”, aseguró Mejía haciendo referencia de uno de los argumentos de la Fiscalía en este caso: que los tres imputados habrían llegado a acuerdos para que Colombia Avanza se quedara con dos contratos.
Añadió la procuradora delegada que los requisitos legales no son caprichosos, sino que implican una talanquera al Estado, con el fin de que el fin corresponda al objeto y al monto contratado. “Son líneas que dan a entender que, en efecto, hubo una flexibilización que lleva a la ubicación de los tipos penales que fueron imputados”, añadió.
Sobre el contrato 4600085185 (para atender la modalidad familiar de Buen Comienzo), Mejía dijo que sí hay una inferencia razonable de autoría. “Encontramos que no se verificó la idoneidad, que se presentó reducción de requisitos y que no era viable el tipo de contrato. Es un sobrecosto que desemboca en ese peculado”, afirmó.
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Con respecto al contrato 4600085448 (para entregar paquetes alimentarios a escolares), expuso que se concluyen dos situaciones. Primero, que al hacer el contraste, según los elementos aportados por la Fiscalía, se verifica que se pudo haber pagado un valor doble. También dijo que había una incapacidad de ejecución de Colombia Avanza porque no tenía el personal suficiente, ni el perfil para distribución, ni la bodega, lo que llevó a la Alcaldía a suplir esa falencia.
“Debieron haberse presentado controles, al final no se observa una situación que permita estructurar una hipótesis delictiva diferente. Son elementos que encuentro verídicos, creíbles, genuinos, no se les advierte mala interpretación. Se concluye que hay inferencia razonable, hay una materialidad de esas cuatro conductas punibles y al mismo tiempo la conexidad de los ciudadanos, cada uno en su rol”, indicó.
Sobre la posibilidad de la obstrucción a la justicia, la procuradura dijo que las llamadas interceptadas por la Fiscalía dan cuenta de posibles acciones para alterar el sistema contable por parte de funcionarios del contratista Colombia Avanza. “Diríamos que podríamos advertir un riesgo de obstrucción en relación con la supuesta alteración del sistema de facturación, de la multiplicidad de empresas y la manera cómo se factura y la acomodación del manejo contable”, expresó.
Para Mejía, la Fiscalía tiene un temor fundado con pronóstico de riesgo medio o bajo frente a la posibilidad de que Henry Paulison Gómez obstruya la justicia. “Sí hay elementos pendientes de ser recolectados y hay un nivel de pronóstico de que al parecer de Colombia Avanza tendrían esta documentación y surge el riesgo de que esta información no llegue a su destino para que la Fiscalía haga ese análisis”, aseguró.
Sin embargo, sobre el riesgo de obstrucción a la justicia por parte de Alexandra Agudelo y Lina Gil, la procuradura dijo que no está en riesgo, toda vez que la primera solo tiene un cargo directivo actual, por lo que considera “gaseosa” la solicitud de la Fiscalía; mientras que para Gil, dijo que “tampoco logra que se concrete o se proyecte una actividad que obstruya la recolección de información, los testigos y documentos”.
Sobre el riesgo de reiteración, la procuradora dijo que para la secretaria Agudelo “hay un riesgo del peligro de reiteración, en un nivel alto y constante, por el cargo que sigue ocupando”. El mismo razonamiento aplicó para Lina Gil, que sigue siendo funcionaria de la Alcaldía, en otro programa de la Secretaría de Inclusión Social. “El nivel de riesgo de materialización de este peligro está presente frente a las conductas de la señora Lina”, amplió.
Luego del análisis de algo más de una hora, la procuradora delegada dijo que la medida solicitada por la Fiscalía de casa por cárcel era “viable y jurídica” para la secretaria Alexandra Agudelo y Lina María Gil, pero no así para Henry Paulison Gómez, para quien pidió hacer un análisis personal de su actuar.
Lo que dijo el defensor de Henry Paulison Gómez
Terminada la intervención de la procuradora, Daniel Ramírez, abogado defensor de Henry Paulison Gómez, se refirió al delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, imputado por la Fiscalía con el argumento de que desde los estudios previos se habrían habilitado requisitos para favorecer a Colombia Avanza con el contrato 4600085185.
Ramírez indicó que la Secretaría de Educación tenía la facultad de contratar de forma directa prestación de servicios con entidades sin ánimo de lucro, figura en la que enmarcó a Colombia Avanza y aseguró que esta forma parte del banco de oferentes del Icbf desde noviembre de 2015, lo que contradice el argumento de la Fiscalía de que su ingreso a dicho banco fue en diciembre de 2019.
Al respecto, el ente acusador había manifestado que la Alcaldía habilitó este requisito por primera vez para contrataciones de primera infancia en Medellín, pero que no les habría informado a tiempo a otros posibles oferentes, por lo cual se quedaron por fuera del proceso.
Ramírez mostró, además, contratos directos de otras alcaldías del país, por sumas elevadas de dinero, para indicar que esta tipología de contratación es común para atender a la primera infancia y la niñez.
Ramírez también negó que se haya cometido el delito de peculado por apropiación en tentativa, por un monto de $1.292 millones, que la Fiscalía argumentó en presuntos sobrecostos de los productos. Sostuvo el abogado que ese fue un hallazgo que hizo la Contraloría tras revisar los contratos, pero que luego lo archivó porque no pudo establecer el promedio del valor de todos los productos que componían los paquetes alimentarios.
El representante demeritó el análisis que hizo el investigador judicial en enero de 2023, con el que concluyó los posibles sobrecostos. Incluso, manifestó que los valores de los paquetes alimentarios fueron menores y que hubo ahorro de recursos.
Y sobre el peculado consumado por el contrato 4600085448, ya liquidado, el abogado criticó que la conclusión se haya generado por un análisis de investigador de campo de la Fiscalía, apenas en enero. Para Ramírez, ello sería muestra de que se “acomodaron” los precios para imputar.
Además, afirmó que los 220.578 paquetes alimentarios que se debían entregar en este contrato llegaron a los niños y niñas, pero que la corporación no tenía la obligación de distribuirlos puerta a puerta, sino de llevarlos a las instituciones educativas. La fiscal había dicho que esta labor se habría pagado dos veces, porque se usó otro contrato entre la Secretaría de Educación y Plaza Mayor, pero el abogado sostuvo que esta última entidad solo llevó paquetes a los beneficiarios de un colegio cerrado.
Sobre la bodega que el Municipio de Medellín le habría prestado al contratista, sin contraprestación, para almacenar alimentos. El abogado reconoció que sí se usó esa bodega porque la que la corporación tenía ocupada la que poseían en Bello. Y dijo que este trámite se hizo porque la ciudad estaba en emergencia sanitaria por covid-19 y que no había bodegas disponibles para alquilar. Sorprendentemente, añadió que el requisito era tener una bodega, pero no para almacenar alimentos del contrato suscrito. Agregó el abogado que el personal del Inder que ayudó a entregar paquetes lo hizo porque estaban en pandemia y que el apoyo fue de otras dependencias de la Alcaldía y la fuerza pública.
Sobre la obstrucción a la justicia, que también reveló la Fiscalía, Ramírez indicó que Gómez renunció a su cargo de representante legal en Colombia Avanza el 14 de febrero de 2023, decisión que le aprobó la asamblea de la corporación. Así las cosas, dijo el abogado que lejos de su cargo no podrá participar en la liquidación del contrato 4600085185.
Por otro lado, el abogado manifestó que previo a la audiencia de imputación, enviaron varios correos electrónicos a la Fiscalía para que permitieran a Gómez rendir un interrogatorio y explicarle su postura sobre el caso.
Lo que dijo la defensora de Lina María Gil
Tras un receso de 15 minutos, Mildred Hartmann, defensora de Lina María Gil, defendió la contratación directa para ejecutar políticas públicas ágiles, en casos como la atención a la infancia. Negó, además, que se hubiera actuado para favorecer a Colombia Avanza, puesto que se hicieron análisis serios y profundos sobre los beneficiarios del contrato: mujeres gestantes y lactantes y niños y niñas de la primera infancia, así como una justificación técnica para elegir el tipo de contratación.
La abogada fue reiterativa en mencionar que la fiscal del caso no demostró con pruebas contundentes la presunta responsabilidad de su defendida en los cuatro delitos imputados. “La Fiscalía no cumplió con la base demostrativa requerida en este audiencia”, expresó.
Sostuvo que la justificación y los estudios previos del contrato 4600085185 no solo fue firmado por Gil, sino también por un abogado y que su defendida no fue quien definió la modalidad de contratación y que, en todo caso, esta se encuentra avalada por las determinaciones de Colombia Compra Eficiente.
Asimismo, rechazó el concepto de que el requisito de estar en el banco de oferentes del Icbf fuera para favorecer a Colombia Avanza, puesto que este es una herramienta para que las entidades sepan que hay un filtro de que los contratistas que están inscritos cumplen condiciones para operar.
La abogada reiteró lo dicho por el defensor Ramírez respecto a que Colombia Avanza estaba mucho antes de 2019 en el banco nacional de oferentes, pero aunque él dijo que fue desde 2015 y ella afirmó que desde 2016. Además, manifestó que el proceso fue adecuado y basado en la normatividad desde su etapa precontractual e indicó que la fiscal “no probó” el supuesto acuerdo entre los tres imputados para suscribir el contrato.
Respecto al delito de peculado por apropiación en grado de tentativa por el mismo contrato señaló que el contrato ni siquiera se ha liquidado, por lo cual las cuentas no se han saldado y es posible que sean a favor del Distrito de Medellín.
Sobre el préstamo de la bodega que hizo el entonces Municipio a la corporación, la abogada Hartmann sostuvo que hay que tener en cuenta que este contrato se suscribió en el marco de la pandemia y que la fiscal no mostró pruebas del supuesto pago que la administración le hizo a Colombia Avanza por los gastos que hizo para habilitarla.
La audiencia se suspendió pasadas las 9:00 p.m. y continuará este viernes a las 2:30 p.m.
Contexto breve de la imputación
Como ya se ha informado en este proceso, la presunta participación de las dos funcionarias y el particular está relacionada con dos contratos de 2020. El 4600085185, para atender la modalidad familiar de Buen Comienzo, y el 4600085448 para entregar paquetes alimentarios a población escolar.
Ambos fueron suscritos entre la Secretaría de Educación y Colombia Avanza y en los dos se habrían presentado anomalías como una oferta hecha a la medida para el contratista, sobrecostos y hasta duplicidad en el pago que hizo la administración por una misma labor.
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A los argumentos de la Fiscalía de que estos contratos habrían tenido irregularidades en la etapa previa a la adjudicación y en la fase de ejecución, se sumaron elementos que dan cuenta de que también se habrían configurado acciones tendientes a ocultar o destruir pruebas para obstruir la investigación.
De hecho, son varios los audios que mostró la Fiscalía en los que se oyen conversaciones sobre cómo hacer las facturas y a cómo cobrar productos. Asimismo, algunos audios revelan que trataron de eliminar facturas y ocultar pruebas el mismo día que se iba a hacer una inspección judicial en una sede de Colombia Avanza.
Desde el comienzo de la audiencia, la fiscal aclaró que la medida de aseguramiento idónea para los tres procesados es la privativa de la libertad en sus residencia, con el fin de que no tengan facilidades de obstruir la investigación. Esto, porque Gómez sigue fungiendo como representante legal de Colombia Avanza, Agudelo como secretaria de Educación y Gil tiene un cargo en la Secretaría de Inclusión Social.
La fiscal manifestó que las presuntas actuaciones de Agudelo y Gil con los dos contratos mencionados, en su calidad de servidoras públicas, están enmarcadas en el típico caso de desviación de poder y de corrupción, pues habrían buscado que la corporación Colombia Avanza se quedara con los dos contratos.
Sobre Henry Paulison Gómez, la fiscal agregó que aunque se le imputaron los mismos delitos que a las dos funcionarias, su pena podría rebajar porque su presunta participación en los hechos no se dieron desde un cargo de administración pública.
