La audiencia de imputación de cargos por presuntas irregularidades en la contratación de Buen Comienzo en contra de Alexandra Agudelo, secretaria de Educación de Medellín, Lina María Gil, exdirectora técnica de Buen Comienzo, y Henry Paulison Gómez, representante legal de la Corporación Colombia Avanza, comenzó este martes 7 de febrero, a las 5:25 de la tarde, tras ser aplazada en dos ocasiones desde el año pasado.
Luego de que las partes se presentaran ante la jueza 39, Santiago Trespalacios, abogado defensor de la secretaria Alexandra Agudelo, solicitó excluir a la veeduría ciudadana Todos por Medellín de su calidad de víctima en el proceso. Cabe recordar que dicha veeduría ha liderado las denuncias sobre los escándalos que han rodeado al programa en la actual administración.
Lucidia Amaya, apoderada de Todos por Medellín, expresó que la solicitud de acreditación de la veeduría como víctima se hará en próximas audiencias del proceso y argumentó que la pretensión se basa en que busca representar a los niños, niñas y madres gestantes que pudieron ser afectadas con las presuntas irregularidades del contrato que se investiga y también la protección de los recursos públicos que se habrían visto afectados por los presuntos responsables de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, los delitos que la Fiscalía busca imputar a los tres procesados.
Sin embargo, Trespalacios y Mildred Hartmann, abogados defensores de la secretaria Agudelo y la exdirectora Gil, se opusieron a la solicitud de la veeduría al considerar que esta entidad no sufrió daños directos.
La jueza decidió que Amaya podría solicitar la acreditación como víctima en el proceso, ante un juez de conocimiento, durante la audiencia futura de acusación. Así las cosas, en esta audiencia de imputación, la veeduría no podrá participar.
Llegó el turno de la Fiscalía
Antes de explicar los hechos, la fiscal 49, Ana Delia Amaya, manifestó que había inferencia razonable de que los tres investigados serían coautores de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, tentativa de peculado en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, respecto al contrato de prestación de servicios 4600085185, suscrito entre la Secretaría de Educación y la corporación Colombia Avanza para la atención de Buen Comienzo.
De acuerdo con la representante del ente acusador, las actuaciones de Agudelo, Gil y Gómez habrían violado principios importantes de los estatutos de contratación, como planeación, selección objetiva, responsabilidad, economía y transparencia. El mencionado contrato, que fue por un monto total de unos $23.000 millones, habría sido entregado a la corporación Colombia Avanza, tras un presunto común acuerdo entre los tres investigados.
La fiscal Amaya, en la lectura de los hechos, manifestó que en su calidad de servidoras públicas, Agudelo (ordenadora del gasto) y Gil habrían actuado para dar apariencia de legalidad a la contratación, que fue en modalidad directa, con la cual solo se habría pretendido favorecer a Colombia Avanza, para lo que habrían establecido requisitos a la medida. Esta presunta conducta se habría generado, incluso, desde etapas previas como el informe de análisis del sector económico y de idoneidad del contratista.
Entre los hechos que menciona la fiscal está que se habría establecido como requisito habilitante no subsanable que el proponente para el contrato debía acreditar que formaba parte del banco de oferentes del ICBF, el cual Colombia Avanza empezó a cumplir desde el 30 de diciembre de 2019, dos meses antes de que se le adjudicara la contratación directa.
Esto, con el agravante de que en el concepto del ICBF, la corporación obtuvo el menor rango de calificación en calidad operativa y financiera, lo que limitaba su capacidad para suscribir contratos de esa magnitud, según la fiscal. Aún así, Agudelo y Gil habrían avalado su participación y posterior contratación. Esto también habría limitado la participación de entidades con mayor trayectoria en la atención de la primera infancia.
Asimismo, la fiscal habló de los impactos que la presunta contratación amañada causó en la prestación del servicio a los beneficiarios. Entre algunas irregularidades estarían, por ejemplo, el uso de contratistas del Inder para entregar paquetes alimentarios, cuando era una obligación de Colombia Avanza, a lo que se suma un presunto detrimento de recursos públicos porque se habrían hecho maniobras para inflar precios de los productos e, incluso, disminuir el tamaño de los paquetes alimentarios que se entregaban a los beneficiarios.
Además, según la Fiscalía, la corporación tampoco habría tenido requisitos mínimos como el bodegaje y el personal necesarios. Inclusive, el Municipio les habría prestado a empleados de otras dependencias de la alcaldía y hasta una bodega.
Tras finalizar la imputación de los cargos, los tres investigados manifestaron haber entendido los delitos de los cuales se les señala. Por su lado, la jueza no tuvo ninguna observación. Ninguno de los tres procesados aceptó los delitos imputados. La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento se realizará el próximo lunes a las 2:30 p.m.
