En Nueva Jerusalén, Bello, en cualquier parte en la que se ponga la vista, aparecen casas nuevas como plantas sobre la tierra: en el borde de las quebradas, de tres o cuatro pisos, en medio de las vías estrechas, a la altura de los cables de energía. Erika Restrepo, que vive ahí hace 12 años, ha visto cómo se llena el terreno de más de 60 hectáreas, que fue primero el lote de una finca privada con apenas 80 familias.
Ahora hay apartamentos y hasta arrendatarios, pero a pesar de la llegada de nuevos habitantes, de todas las nacionalidades, muchos desplazados, todavía no ha arribado el alumbrado público a las calles ni un sistema refinado de recolección de desechos.
El punto de basura más cercano está en el vecino barrio París y por eso la quebrada la Loca, que a veces se desborda por las lluvias, se inunda de muebles, neveras, bolsas y otros residuos indecorosos. No hay una norma que los respalde como un barrio legal y por eso todo les es denegado. Hasta lo más básico, como el alcantarillado, que construyeron con tuberías hechizas.
Nueva Jerusalén es uno de los dos asentamientos más grandes de Bello, junto con Granizal. Entre los dos suman más de 10.000 familias, de acuerdo con la Alcaldía. De este tipo de construcciones irregulares, que crecen en el cinturón urbano-rural de todo el Valle de Aburrá, no hay censos exactos ni mediciones coordinadas y, según el Área Metropolitana (Amva), es cada municipio el que debe sacar sus propios mapeos y establecer controles.
En Medellín, por ejemplo, cada día se presenta una nuevaconstrucción ilegal, generalmente ubicada en zonas de ladera o de alto riesgo. Así lo explicó el subsecretario de Control y Gestión Territorial, Mauricio Vergara, quien añadió que el promedio de nuevos asentamientos en el municipio oscilaba entre 30 y 40 al mes. La pandemia, sin embargo, aceleró el problema y el promedio mensual pasó a entre 60 y 70 nuevas ocupaciones irregulares.
Crece en pandemia
La Personería de Medellín ya había alertado de esta aceleración en un informe publicado a finales de 2020. En el estudio, la entidad recordó que el crecimiento urbanístico del municipio se ha concentrado en los bordes de ladera, por lo que actualmente se tienen límites para el crecimiento y la diferenciación entre lo urbano y lo rural, según lo establecido por el Acuerdo 48 de 2014, Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
A pesar de ello, en las zonas de alta ladera, la entidad encontró que el control frente al crecimiento irregular de la ciudad era insuficiente y que zonas que no deberían ser habitadas estaban siendo urbanizadas informalmente.
Así, en este compilado, la entidad alertó de 12 puntos críticos que requirieron de atención urgente por el rápido crecimiento de invasiones (ver gráfico), como el Morro de Moravia (Aranjuez), Vallejuelos (Robledo), el cerro Pan de Azúcar (Santa Elena), el barrio San Antonio (Villa Hermosa), y los barrios La Cruz y Boston (Manrique). Además de estos, otras zonas de ocupación ilegal son el corregimiento de San Antonio de Prado y la carrilera del tren, sectores la Paralela y oleoducto, en Castilla.
En ese sentido, mencionó el subsecretario de Gestión y Control Territorial, las laderas de Medellín están casi copadas por completo. Estiman que en este tipo de invasiones habitan, solo en Medellín, más de 80.000 personas. No obstante, legalizar los predios afronta varios problemas, según el funcionario, pues la mayoría se ubican en zonas de alto riesgo, reservas forestales o cuencas hídricas, con una prohibición expresa dentro del Plan de Ordenamiento Territorial.
Suelen estar, también, ubicados por encima de la cota de prestación del servicio de acueducto o alcantarillado, lo que invalida la instalación de servicios públicos.
Sin acceso a servicios
Hace cuatro años, por ejemplo, el profesor Jaime Agudelo emprendió, con sus estudiantes del Consultorio Jurídico de la U.deA. y la comunidad involucrada, una Acción Popular para exigir acceso al agua potable y a los servicios de acueducto y alcantarillado en Granizal, Bello. Aunque el fallo del Consejo de Estado, en marzo de 2020, resultó a favor de la comunidad, el asunto no ha sido un camino allanado.
El profesor cuenta, entre otras cosas, que la difícil regularización de estos sectores se debe a que las personas no se asientan siempre en terrenos que son de los municipios, por ello los gobiernos locales pierden competencia para adelantar obras en esos puntos.
Asimismo, la falta de redes o de disponibilidad de servicios públicos hacia estas zonas incrementa los costos. La falta de voluntad política también influye para que los municipios no afronten el asunto.
A un año del fallo del Consejo de Estado, en Granizal apenas avanzan los estudios técnicos y administrativos para construir un acueducto provisional. Sin embargo, en este punto del Aburrá, como ocurre también en Medellín, la instalación de servicios públicos no es exactamente la prioridad en el caso de estos crecimientos irregulares. La urgencia es, en palabras de Juan David Casas, secretario de Medio Ambiente de Bello, vigilar y evitar que sigan apareciendo en zonas de alto riesgo o de reserva, como ocurre hoy en el Cerro Quitasol.
Además de sus dos asentamientos más grandes, Nueva Jerusalén (4.800 familias) y Granizal (5.300 familias), en Bello se han identificado 89 puntos en los que hay al menos 10 viviendas que no cumplen con las normas urbanísticas. Si bien algunos de estos puntos son pequeños, de no más de 20 casas, otros, los de gran tamaño, están en predios privados, como es el caso de Los Espejos. Este es un lote particular en el que hay cerca de 1.000 familias.
“Hoy venimos haciendo un registro muy minucioso, sobre todo en el límite entre la zona urbana y la zona rural que colinda con el Cerro Quitasol, que es una de las mayores preocupaciones por la venta de lotes que hagan actores ilegales en esta zona”, explicó Casas.
Para el secretario, regularizar estos asentamientos se ha hecho más difícil, pues los procesos de legalización deben hacerse casi que punto por punto, contemplando aspectos como las condiciones del terreno, los usos del suelo y los núcleos familiares.
En caso de una emergencia, como ya ha ocurrido, la atención de desastres sale a duras penas avante. El coordinador del riesgo de desastres de Bello, Wber Zapata, recordó cómo en la última emergencia, con un incendio que afectó 29 viviendas y dejó gravemente heridas a tres personas en Nueva Jerusalén, la máquina de bomberos se quedó estancada a medio camino entre el barro y el lodo de las vías improvisadas y estrechas.
En el sur del Aburrá
El COLOMBIANO consultó a los departamentos de Planeación de los municipios del sur del Aburrá y, aunque no tuvo respuesta de las Alcaldías de Envigado e Itagüí, en el municipio de La Estrella precisaron que no cuentan con grandes extensiones en cuanto a desarrollos informales.
“Esta forma de ocupación no es propia de sectores sino de todo el Municipio y de manera aleatoria, no está agrupada en alguna zona. Lo que sí es claro es que la mayor parte de las fajas de terreno están paralelas a la ribera del río Medellín, podría decirse que es la que nos genera mayor foco de riesgo y vulnerabilidad”, precisó este departamento de Planeación.
Allí, indicaron, no ha sido factible lograr la reubicación total de la población. Tampoco tienen un censo, solo se ha registrado a aquellos actores que se han visto afectados por algunos riesgos.
En Sabaneta, según el Plan de Ordenamiento Territorial de 2019, algunas de las zonas con asentamientos en mayor condición de riesgo están en el área rural. Por ejemplo, en los márgenes de la quebrada Cien Pesos, las veredas María Auxiliadora, San José, San Isidro y Pan de Azúcar. De forma similar, otro punto crítico es la quebrada Doña Ana, en donde hay asentamientos sobre el cauce.
Para las familias que habitan estas zonas, la amenaza de desalojo es un terror constante. Mientras adelantan acciones populares para que lleguen las conexiones de servicio eléctrico o de agua potable, los nuevos vecinos continúan instalándose, los planchones siguen en escalada y las casas de ladrillo, que van creciendo en pisos hasta rozar los improvisados cables de energía, no dejan de construirse
70
sería el promedio mensual de ocupaciones irregulares en Medellín: Mauricio Vergara.
80.000
es el estimado de habitantes en las zonas de invasión en la ciudad: Sub. Control Territorial
