En tercer debate fue aprobado este sábado el proyecto de ordenanza 01 del 10 de febrero del 2020 por el que se conceden “facultades especiales” al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que le permiten determinar una nueva estructura de la Gobernación a nivel central.
Según Luz Elena Gaviria, secretaria de Hacienda, desde hace 24 años Antioquia no iniciaba un proceso administrativo de reorganización. A través de estas facultades, dijo, se buscará “modernizar” la estructura del departamento.
Antes de esta decisión la Asamblea había llevado a cabo dos sesiones extraordinarias más donde los funcionarios pidieron que Gaviria resolviera una serie de inquietudes para tomar postura ante el proyecto. Frente a esto, el Secretario General del departamento, Juan Guillermo Usme, fue el encargado de resolver las inquietudes en días previos y aclaró las últimas dudas en la reunión que se llevó a cabo este sábado.
El proyecto otorga estas capacidades por un tiempo de seis meses. En su artículo primero establece que el gobernador podrá determinar la nueva estructura administrativa de la Gobernación de Antioquia en el nivel central, “las funciones de sus dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías”.
Esto, dice, priorizando la creación de unidades administrativas como Inclusión Social y Familia, Seguridad, Protección y bienestar de la fauna silvestre y doméstica; Migración; y Ciencia, tecnología e innovación para la competitividad y el desarrollo institucional.
Además, la nueva ordenanza le posibilitará al mandatario crear la Secretaría de Turismo y una figura jurídica que se encargue de administrar y operar los parques departamentales. En el artículo segundo la Asamblea establece, sin embargo, que la ”Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) se exceptúa del rediseño y modernización por parte de la Administración en el contexto de esta ordenanza”. Esto teniendo en cuenta que algunos diputados temían que dicha empresa, que pertenece a la gobernación y es regulada por la Secretaria de Hacienda, se viera afectada por los cambios administrativos.
Sumado a eso, la ordenanza aprobó que un equipo de seis diputados de diferentes partidos para que hagan un ejercicio de veeduría en el diseño y la implementación de los cambios.
Al final de la jornada, con 25 de los 26 integrantes de la Asamblea, la votación cerró con 22 diputados a favor y 3 en contra. Los corporados que se negaron a la iniciativa fueron Andrés Guerra, del Centro Democrático; Luis Peláez, del Polo Democrático; y Néstor Mauricio, del Mira.
Estos últimos concordaron en que aprobar la iniciativa sin tener los estudios previos era como “firmar un cheque en blanco y dar un salto al vacío”, en palabras de Guerra, y en que, aunque la Gobernación si necesita cambios a nivel administrativo, “sería mejor que el gobernador realizará todo el proceso en compañía de la Asamblea y no otorgándole las facultades especiales” que le permiten tomar las decisiones a él como mandatario, como lo expresó Peláez.
“Hoy la coalición que armó el gobernador hizo su rol. Nosotros quisimos evidenciar que la reestructuración era necesaria, pero que se requería el estudio técnico antes para nosotros poder tener la posibilidad de analizarla”, dijo Guerra, excandidato a la Gobernación.
A partir de ahora el Gobernador deberá iniciar un estudio (que podría tardar dos meses), en el que se establecerá que cambios hará finalmente en la organización administrativa del departamento. El proceso contará con la veeduría de 6 diputados.
