En el Oriente antioqueño todavía no salen del estupor luego de conocerse la captura del comandante de la policía de La Ceja, el capitán Guillermo Stevens Salgado Rendón, detenido el pasado miércoles 18 de septiembre, señalado de haber pactado un vínculo para beneficiar al Clan del Golfo en La Dorada, Caldas, a cambio de un salario mensual de $8 millones.
La información que tiene en su poder la Fiscalía sobre el actuar del oficial es escandalosa, y además plantea serios interrogantes sobre cómo fue posible que la Policía no solo lo mantuviera entre sus filas, sino que lo premiara con un cargo de tanta relevancia como estar al frente de la comandancia de La Ceja.
En febrero de 2020, alias Tití, a quien el Clan del Golfo delegó para tomarse a sangre y fuego las rentas criminales de La Dorada, en Caldas, confesó en interrogatorio ante la Fiscalía que fue el propio Salgado, siendo teniente en dicho municipio, quien en 2017 le pidió una cita y él mismo le propuso el pacto de que el grupo criminal a cargo de Tití no cometería homicidios dentro de La Dorada, al menos en zona urbana, y a cambio Salgado los dejaría operar y traficar libremente en el corregimiento, y además le informaría cada vez que capturaran a alguien por tráfico de estupefacientes, para que la gente de Tití verificara si se trataba de uno de los suyo y así lo dejaran libre. En contraparte, según el testimonio de alias Tití, Salgado pidió $4 millones quincenales.
“Hablo de convenio porque entro a [hice] un convenio con la policía. O sea, directamente digámoslo: con Salgado llegamos a ese punto, a ese convenio, en el que no le matábamos gente en el pueblo y él a nosotros no nos perjudicaba, no nos atacaba, no nos coge gente. Nos da vía libre para trabajar”, fueron las palabras de Carlos Adolfo Orejuela, alias Tití en el 2020.
José Leonardo Rincón Peña, alias “Leo” o “Chupa Huevo”, hombre de confianza de Tití, ratificó ante la Fiscalía la versión de Tití, en interrogatorio realizado el 2 de marzo de 2022. “Teníamos un convenio”, dijo Chupa Huevo en interrogatorio. “Que si [los policías] cogían a alguien con estupefaciente o cometiendo un delito, nos avisaban para saber si trabajaba con la organización”. Alias Leo fue asesinado por sicarios en La Dorada el 31 de marzo del 2022, tres semanas después de rendir su declaración, sin que hasta ahora exista claridad sobre los autores del crimen.
Nada de esto evitó que Salgado fuera ascendido a capitán y quedara a cargo de la seguridad del municipio de La Ceja. La captura del oficial valida las voces de quienes han señalado en los últimos años que la rápida expansión del Clan del Golfo en el Oriente no sería posible si no tuviera vínculos con la institucionalidad, tanto con integrantes de la fuerza pública como actores políticos.
Por este mismo caso fueron capturados el teniente Santos Steven Pirabán Martínez, quien formaba parte de la Dirección de Tránsito y Transporte de la institución. Otros uniformados en Pereira, Manizales, y Armenia también fueron detenidos para responder por este escándalo.
El comandante de la policía, coronel Carlos Andrés Martínez Romero, le expresó al medio Oriéntese, tras la captura de Salgado, que “en la Policía Antioquia hay cero tolerancia con estos actos. De hecho, van más de cien policiales sacados de la institución por actos de deslealtad y otras causas”. Sin embargo, esta cifra sugiere dos cosas: la primera, que no se tratan solo de “algunas” manzanas podridas los uniformados que están cometiendo ilícitos dentro de la institución en el departamento. La segunda, que, efectivamente, como señaló el gobernador Rendón y lo ratificó también el coronel Martínez, es necesario fortalecer la contrainteligencia al interior de la policía para acelerar la depuración al interior de las filas y hacer que sobre estas personas caiga todo el peso de la ley.
Por otra parte, el próximo 3 de octubre en Marinilla están citados a sesión descentralizada del Congreso donde están convocados el ministro de Defensa, Iván Velásquez; del Interior, Juan Fernando Cristo; la fiscal general Luz Adriana Camargo; la defensora del Pueblo Iris Marín y la procuradura Margarita Cabello, la plana mayor de la institucionalidad, en un escenario del cual se esperan anuncios de fondo para empezar a contrarrestar la dinámica criminal que, según organizaciones del Oriente, tienen a esta subregión viviendo ya una crisis humanitaria en marcha, ante el silencio de muchos actores tanto en el departamento como en la Nación.
