Jhony Alberto Marín expuso que la investigación de su caso no avanza en el país y que le redujeron el esquema de seguridad.
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Ante la CIDH llevó su problema de seguridad el alcalde de Toledo, Antioquia
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Momento en el cual el alcalde de Toledo, Jhony Alberto Marín, radica su caso en la CIDH. FOTO CORTESÍA
El alcalde de Toledo, Jhony Alberto Marín, fue a buscar a más de 3.600 kilómetros de distancia la solución al problema que desde hace dos semanas lo tiene despachando por fuera de su municipio. Debido al temor de que atenten contra su vida y a que desde el primero de julio le quitaron parte del esquema de seguridad que tenía, decidió viajar a Washington (Estados Unidos) para poner una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Su pretensión es que ese organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) le ordene al Estado colombiano que dicte medidas cautelares sobre este caso, es decir, que le brinde una protección adecuada al mandatario y genere acciones para esclarecer el atentado y las amenazas que ha sufrido.
Marín condujo los destinos de su municipio por primera vez entre 2016 y 2019 a nombre del Partido Conservador, y desde ese último año ha sufrido amenazas en varias ocasiones. Luego, el 30 de octubre de 2022 fue baleado cuando transitaba por las calles de su municipio y el autor material fue capturado en los días siguientes, pero al parecer las indagaciones no avanzaron hasta dar con el determinador.
Dos heridas en el pecho casi lo matan porque le comprometieron un pulmón, y aunque se recuperó, su vida se transformó porque vive con temor y debe ir siempre con guardaespaldas.
En 2023 se presentó para un nuevo periodo y ganó.
A finales de mayo pasado denunció que quienes lo quieren muerto están ofreciendo 200 millones de pesos por su cabeza. Por eso, las autoridades le reforzaron el esquema de seguridad, pero ahora resulta que el 5 de julio se lo redujeron de nuevo, cambiándole el carro blindado por uno convencional y reasignando a uno de los hombres que lo escoltaban.
Además, debido a que Toledo es un municipio de sexta categoría, el presupuesto no da para costear el alquiler de un vehículo de características especiales.
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Estos serían los motivos por los que el mandatario local dejó su pueblo desde hace casi dos semanas para comenzar a despachar desde Medellín, debido a que su integridad y la de su familia corría peligro.
Al considerar que a nivel nacional no estaba teniendo soluciones -porque tampoco parece haber avances en las investigaciones para esclarecer su caso- pidió un permiso especial para salir del país con el fin de poner en conocimiento su situación a nivel internacional.
“Ayer radicamos el caso ante la Comisión Interamericana para que le solicite al Estado medidas cautelares y que logre determinar los presuntos autores del atentado, de las amenazas y del desplazamiento; además para que la UNP (Unidad Nacional de Protección) brinde la protección que requiere”, expresó el abogado Óscar Santamaría, quien lo representa.
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Santamaría explicó que esperan que en el transcurso de un mes y medio podrán tener respuesta acerca de las medidas cautelares, porque si bien este procedimiento suele ser célere, con la multiplicación de solicitudes desde Venezuela, Cuba y otros países, existe congestión.
Si bien en Toledo hacen presencia grupos armados ilegales como las disidencias de la guerrilla y el Clan del Golfo, Marín ha reiterado en varias ocasiones que, en su caso, la causa de zozobra son actores de la política local.
Desde la capital estadounidense, le explicó a EL COLOMBIANO que a casi dos años del ataque en el que casi pierde la vida, no ha habido ninguna respuesta por parte de la Fiscalía, a pesar de que ha aportado material importante para las investigaciones.
“Acudimos a las instancias internacionales porque sentimos que en Colombia no tenemos las garantías para que estos casos sean ágiles y se puedan resolver para poder gobernar con seguridad. Yo voy a Toledo y estoy pensando en qué momento me van a disparar, e igual pasa cuando estoy en Medellín”, expresó.
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Vale la pena recordar que en septiembre de 2019 fue asesinado en Toledo el candidato a la alcaldía Orley García, y, también en ese caso, habrían existido móviles políticos. Ello llevó a que la esposa del fallecido, Astrid Echavarría, tomara sus banderas del finado y resultara elegida para el periodo 2020-2023.
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