La Mesa de Derechos Humanos de Periodistas de Medellín y Antioquia rechazó las amenazas que provocaron el desplazamiento forzado del jefe de redacción del periódico La Chiva de Urabá, Edward Fabián Álvarez, desde esta subregión donde residía.
De acuerdo con un comunicado de la Mesa, el domingo 12 de mayo, Día de la Madre, en la mañana y cuando estaba en el barrio Mateguadua, de Apartadó, el comunicador recibió mensajes a través de Whatsapp en los cuales un sujeto identificado como el comandante Lucas, del Clan del Golfo, lo conminaba a abandonar la zona.
“Decía que no se metiera y no hiciera mas publicaciones sobre una persona que estaba detenida, respecto de la cual había publicado una nota el día 10 de mayo donde se
denunciaba una extorsión a una mujer desde el penal de la Brigada XVII por parte de esta persona”, explica el comunicado.
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Según publicó La Chiva de Urabá en su momento, el escrito que recibió su periodista decía lo siguiente: “Desde las montañas de Colombia se le da un saludo del Ejército Gaitanista de Colombia EGC, Frente Juan de Dios Úsuga, se le informa que a partir de la fecha martes 14 de mayo a las 00:00 horas usted se convierte en objetivo militar de nuestra organización y se le advierte que no se responderá por su integridad personal o la de su familia, el presente comunicado se realiza por la publicación por usted realizada a uno de nuestros integrantes recluido en una cárcel y se le invita a no seguir afectando su buen nombre (sic)”.
A renglón seguido, “se advierte que en caso de hacer caso omiso a dichas advertencia y continuar en la región habrá represalias contra de familia los cuaIes tenemos ubicada. Puede esconderse donde su esposa en Buriticá o donde sus familiares pero no se responde por los demás civiles que queden en medio de la acción militar (sic)”.
Posteriormente y tras hacer pública la amenaza, también según La Chiva de Urabá, el autodenominado Bloque Central Urabá Juan de Dios Úsuga del EGC se pronunció en el sentido de que estarían siendo usurpados y manifestando que no tienen la intención de atentar contra Álvarez.
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Pero aún así, Álvarez evaluó la gravedad de las amenazas y determinó que lo mejor era abandonar Urabá con el fin de preservar su vida, así como la integridad de su esposa y de su familia.
“Pedimos a los organismos de garantía goce y satisfacción de Derechos, que luego de denunciar penalmente y declarar ante personería de Medellín estos hechos, nos brinden el acompañamiento respectivo para que se refleje garantía, protección, goce y satisfacción de derechos constitucionales en favor del periodista”, escribió la Mesa de Derechos Humanos de Periodistas de Medellín y Antioquia.
El 9 de febrero pasado, con ocasión del Día del Periodista, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) informó de la ocurrencia de 460 ataques contra la prensa durante el año 2023, con un total de 505 víctimas.
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Del total de agresiones, la mayoría, 121 casos, provinieron de funcionarios, mientras que en 101 los autores fueron particulares y hubo también 110 reportes en los que no se pudo definir bien quién fue el responsable.
