En ese espacio, la procuradora Margarita Cabello Blanco expresó su preocupación ante el cambio en las políticas migratorias del vecino país, en cabeza de José Raúl Mulino, quien sin completar un mes en el poder ya inició la construcción de un cerco en la selva del Darién y prometió mano dura para impedir el tránsito de los migrantes que no tengan legalizada su situación.
Además del cerco, durante las últimas semanas el ministerio de Seguridad Pública de Panamá también había advertido del cierre de cinco pasos fronterizos y el incremento de patrullajes marítimos para interceptar embarcaciones con migrantes.
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“Decisiones como la adoptada por el gobierno de Panamá, al cerrar al menos tres pasos fronterizos, no deben distraernos de la realidad: los flujos migratorios por la zona del Darién no se detendrán. Los grupos armados ilegales son los más interesados en que el tránsito continúe”, expresó la servidora pública.
Sobre este último punto, Cabello recordó que en la zona se conoce de la fuerte presencia del Clan del Golfo, que extorsiona a quienes transitan por la zona y por esa vía capta rentas que superaron los 140 millones de dólares el año pasado.
“Persiste la falta de capacidades instaladas en municipios clave como Necoclí, Turbo y Acandí. La respuesta institucional ha sido insuficiente. No se entiende cómo entre 3 y 4 funcionarios de Migración Colombia realizan las labores de registro y control a los no menos de 400 y hasta 3.000 migrantes que hacen tránsito en un solo día por el municipio de Necoclí”, agregó Cabello.
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Las alertas de la Procuraduría se suman a otras también emitidas por la Defensoría del Pueblo, que este mes expresó su preocupación por los riesgos de salubridad que están corriendo los migrantes.
De acuerdo con este último ente, en los municipios antioqueños y chocoanos más cercanos a la frontera podrían dispararse las cifras de enfermedades como la sífilis congénita, chikunguña, dengue, entre muchas otras.
“El área de influencia de la subregión Urabá-Darién presentaría un posible aumento en la tasa de contagio de sífilis congénita, con un 5.7%; de chikunguña y dengue, 5.2%, y de leptospirosis, 4.7%, por cada 1.000 habitantes”, calculó la Defensoría.
Entre habitantes locales de municipios como Acandí, organizaciones ciudadanas también han llamado la atención por el nuevo riesgo de una crisis, cuestionándose que durante los últimos cinco años no se haya emprendido ninguna acción de fondo para resolver el lío.
“Desde 2019, cuando nos visitó el canciller Carlos Holmes Trujillo, hemos planteado que hay que construir un documento Conpes, una política pública para la migración transcontinental, en la que se resuelvan temas de seguridad, salud, energía, ambientales, de niñez y de dignidad para el migrante. Todo eso hay que tratarlo de manera responsable, eso no es colocar una malla ahí y mandar a la guardia para que atropelle a la gente”, expresó por ejemplo Emigdio Pertuz Buendía, integrante del consejo comunitario Cocomanorte, organización que preparar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidiendo poner en cintura al gobierno panameño.
