Con un acuerdo pactado con las familias ocupantes se logró finalmente el desalojo del predio Bellavista, en Necoclí, en cumplimiento de un fallo de restitución de tierras efectuado el pasado martes y en medio del cual se presentaron enfrentamientos con la fuerza pública.
La información la dio a conocer este jueves el diputado Andrés Mesa, del Partido Liberal, quien le ha hecho seguimiento a este proceso desde que se inició, buscando que no se dejara a su suerte a las familias que habitaban el lote, en el corregimiento El Totumo.
Según reveló el corporado, a instancias del Ministerio del Interior se alcanzó un acuerdo consistente en que el Estado reconocerá tres meses de arriendo a las familias desalojadas y en el término de 20 días la SAE (Sociedad de Activos Especiales) entregará un predio a la Alcaldía de Necoclí para que reubique a las familias desalojadas.
“El Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental deberán aunar esfuerzos para ejecutar un plan de vivienda para estas familias, teniendo en cuenta que en su mayoría son personas víctimas del conflicto armado”, explicó el corporado.
Las cifras de las familias que ocupan el lote aún no están claras. Mientras algunos medios afirman que son 100, el diputado Mesa sostiene que son 280. La alcaldía, que logró aplazar varios meses un desalojo que estaba programado para agosto, no brindó información sobre el tema. Tampoco ha respondido a los insistentes llamados para aclarar el tema.
El lote en disputa, de 40 hectáreas, se conoce como Bellavista y hace parte de un proceso de restitución de tierras por orden de un juez de la República. El desalojo estaba programado para principios de noviembre, tal como se efectuó, aunque el primer día hubo enfrentamientos entre el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) de la Policía y las personas asentadas allí hace casi dos décadas.
Estas familias afirman ser víctimas de la violencia y aseguran que adquirieron los lotes de manera legal, por lo cual no aceptaron salir del predio sin una solución de vivienda para ellas.
La finca fue reclamada a través de la Ley 1448 de Restitución de Tierras. La alcaldía les había ofrecido a los beneficiarios del fallo (la familia Briceño Moreno) tierras avaluadas en $5.000 millones, pero trascendió que ellos piden su predio o la restitución en dinero.
En la zona no faltaron los rechazos al desalojo. En su red social Facebook, Aleida Julio, habitante de la zona, expresó que “es un atropello quitarles sus casas” después de más de 34 años de habitarlas “y haber sido compradas y trabajadas con el sudor de sus frentes, con hambre y pasando necesidades para tener un lugar”.
