El problema de controlar la seguridad de Contienental Towers, uno de los edificios con fallas estructurales en El Poblado que tuvo que ser evacuado por su inminente riesgo de colapso, quedó en manos de los mismos propietarios que tuvieron que abandonar sus hogares en 2013.
En una controvertida decisión, una inspección de Policía de El Poblado declaró responsables de “incurrir en comportamientos contrarios a la convivencia” a quienes fueran los integrantes de ese abandonado conjunto residencial, hoy habitado por ocupantes irregulares que lo están desmontando por pedazos.
Pese a que el futuro de esa estructura no es claro desde hace más de ocho años, la inspectora catorce de Policía Urbana de El Poblado, identificada como Luz Estella Giraldo Villegas, emitió una instrucción el 21 de julio en la que ordenó a esos propietarios encargarse del “cerramiento” y el “mantenimiento” de la construcción, mientras se toma una decisión de fondo.
Además de la inmediata repercusión en dinero que implicaría a las víctimas cumplir con lo ordenado, la decisión levantó ampolla por varios motivos. Primero, porque, pese a la orden, la tenencia del lugar no les ha sido otorgada; y segundo, porque en el proceso la inspección se negó a vincular al distrito de Medellín.
Los claves del lío
Aunque el problema de vigilar Continental Towers se remonta a 2013, cuando la Alcaldía declaró la calamidad pública y ordenó evacuar el lugar, esa responsabilidad había sido asumida por la sociedad en liquidación que quedó de la constructora Alsacia CDO, que levantó la endeble estructura y también el desaparecido edificio Space, ubicado a tan solo un par de cuadras.
Tras encargarse de esa tarea por aproximadamente siete años, el 6 de marzo de 2020 esa sociedad envió un oficio a la Alcaldía señalando no tener más recursos para continuar con la labor y dejó a su suerte el edificio deshabitado.
Tal como lo ha relatado EL COLOMBIANO desde junio pasado, esa situación desató una serie de problemas de orden público en El Poblado. Según testimonios de decenas de vecinos, además de ser ocupado ilegalmente por familias en situación de vulnerabilidad, el edificio comenzó a ser desmontado a plena luz del día por desconocidos, que comercializan sus vigas, ventanas y demás componentes que quedaron abandonados tras la evacuación.
Además de múltiples denuncias por robos, los vecinos expresan su preocupación por el riesgo de un colapso, dado que en esos trabajos de desmonte se vienen demoliendo parcialmente varios componentes estructurales.
A raíz de ese lío, desde 2020 los vecinos de una unidad vecina interpusieron una denuncia ante la inspección de Policía, dando inicio al proceso que fue resuelto en primera instancia el pasado 21 de julio. Desde el comienzo de esa diligencia, la inspección de Policía convocó a una audiencia pública para discutir quién debía hacerse cargo del edificio.
En medio de esa diligencia, los antiguos propietarios de la edificación pidieron dos acciones principales. Por un lado, solicitar que se vinculara a la Alcaldía en el caso, con base en la calamidad pública declarada en 2013 , y por otro, llamar en garantía a la constructora en liquidación.
A juicio de quienes habitaron la abandonada propiedad horizontal, no tenía asidero que la inspección terminara haciéndolos responsables de asumir el cuidado del sitio, sobre todo porque, tal cómo se mantiene vigente hoy, la tenencia del mismo había quedado en manos de la constructora en liquidación.
Pese a esos reclamos, la inspección de Policía negó ambas solicitudes y el pasado 21 de julio emitió la resolución ya citada. Según quedó especificado en ese documento, la copropiedad tendría un plazo de 30 días, contados a partir de que la orden quede en firme, para encargarse del cerramiento del recinto.
“El que desacate, sustraiga u omita el cumplimiento de las decisiones u órdenes contenidas en esta decisión impartida por la autoridad de Policía (...) incurrirá en conducta punible de conformidad con la legislación penal”, advierte la orden emitida por la inspección.
Según pudo conocer EL COLOMBIANO, los antiguos propietarios de Continental Towers interpusieron un recurso de apelación buscando revertir la decisión.
De acuerdo con el procedimiento establecido, dicha orden deberá ser revisada en segunda instancia por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, que tendrá en sus manos mantenerla o revocarla, tal como ocurrió en condiciones similares en 2020 (leer Antecedentes).
En caso de que la decisión tomada por la inspectora vuelva a quedar en firme, el equipo legal de los copropietarios no descarta escalar la disputa a la rama judicial, en donde eventualmente podría ser revisada por el Consejo de Estado, al tratarse de un acto administrativo.
