En una asamblea, realizada ayer a puerta cerrada, los accionistas de Plaza Mayor Medellín aprobaron, con salvedades, un balance del año 2015 con pérdidas netas de 10.123 millones de pesos.
Juan David Pérez Ortiz, gerente general de Plaza Mayor, dijo que el 80 % de las pérdidas surgieron de la operación de la entidad. Eso significa que de seis negocios, solo dos dieron utilidades: arriendo de espacios y explotación de áreas. Con signo negativo quedaron solución completa, proyectos propios, canales comerciales y la zona franca.
El funcionario indicó que, de acuerdo “con la información contable encontrada por la nueva gerencia general”, los ingresos de Plaza Mayor fueron de 73.460 millones de pesos, con incremento del 52 por ciento frente al 2014. No obstante, los costos se situaron en 62.543 millones de pesos, o sea un 130 % más que en el ejercicio anterior.
El énfasis de Pérez Ortiz en que la información contable y financiera fue la recibida de la anterior administración, se explica por sorpresas recientes, como seis alertas del revisor fiscal que no le fueron entregadas durante el empalme por Uriel Hernando Sánchez Zuluaga, el anterior gerente general.
El impacto de esas revelaciones del revisor fiscal sobre los estados financieros de Plaza Mayor apenas se está investigando y no es lo único que podría alterar el balance aprobado ayer. Tal como lo recordó la gerencia general, en marcha están tres auditorías sobre temas financieros, administrativos, de talento humano, contractuales y legales.
La de Ernst & Young, termina el 19 de mayo; la de la Secretaría de Evaluación y Control de la Alcaldía de Medellín culminó ayer y la Contraloría General de Medellín producirá su informe definitivo en mayo.
Justamente una auditoría del ente de control y los seis informes del revisor fiscal, que estaban ocultos, llevaron a que la Gobernación de Antioquia expresara sus objeciones al balance de 2015. En su condición de propietario del 9,51 % de las acciones de Plaza Mayor, afirmó que los estados financieros de esta empresa mixta no son claros y que no se tiene “certeza en cuanto a su coherencia con la realidad económica de la entidad”.
La auditoría de la Contraloría que la Gobernación tomó como base de sus reparos, está fechada 18 de noviembre de 2015 y versa sobre la administración delegada de recursos para la operación de eventos.
En el caso del convenio 343 con el Ministerio de Educación Nacional, los auditores destacaron fallas en los controles del área financiera, que pusieron en riesgo la administración de esos dineros de terceros. Plaza Mayor hizo actividades sin la aprobación previa del Mineducación, cuyos costos estaban en conciliación, podrían no ser aprobados y generarían un detrimento patrimonial. Los hechos económicos no se contabilizaban oportunamente. Hubo falencias en el manejo de los avances, anticipos y honorarios. Se registraron operaciones que no correspondían a la realidad y se dejaron de registrar contablemente otras. También detectaron “conciliaciones contables no confiables”.
De seis hallazgos de la Contraloría, el tercero destaca que “no se están llevando en debida forma los libros de contabilidad financiera, distorsionando la información en ellos consignada, lo que entorpece la adecuada toma de decisiones y el ejercicio del control fiscal”. Y en el hallazgo 4, la Contraloría de Medellín sostiene que “se observaron retrasos en la identificación y registros tanto de notas de crédito como débito por debilidad en la gestión contable de la entidad, lo cual no brinda confiabilidad, claridad ni transparencia en el manejo de estos dineros, poniendo en riesgo los recursos del contrato” suscrito con Mineducación
