La controversia nacional frente a recientes anuncios de Entidades Promotoras de Salud (EPS) y de medidas gubernamentales que recogen la esencia de la reforma que fracasó en el Congreso de la República ha girado en torno al futuro de los pacientes y de las mismas EPS. Y, aunque esa perspectiva centrada en los usuarios no tiene discusión, las garantías de un buen servicio de salud para más de 30 millones de colombianos implica también a clínicas y hospitales, protagonistas sin duda en la transformación del sistema.
Según el Ministerio de Salud el decreto de giro directo a clínicas, hospitales y proveedores de servicios de salud —el primero de un paquete de nueve decretos anunciado por el Gobierno Nacional tras el hundimiento de la reforma— implica que reciban más recursos a través de la Adres sin depender de las EPS. Esto, dice el Ministerio, “contribuirá a mantener sus finanzas estables y asegurar la calidad de los servicios prestados”.
El Gobierno anunció también la implementación de un tarifario único, basado en experiencias internacionales. “Este tarifario permitirá establecer costos estándar para procedimientos quirúrgicos, intervenciones, traslados e internaciones, lo que garantizará una mayor transparencia en los precios y evitará disparidades injustificadas”, explica Minsalud.
Si bien, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) aprueba la intención por un movimiento ágil de los recursos, que el Gobierno decretó en un giro del 85 % antes de 30 días, el restante 15 % antes de 90 días y la auditoría al 100 % de las cuentas, las deudas por más de $16 billones ($25 billones según informe de la Contraloría) y el déficit en los patrimonios de las aseguradoras que ronda los $6 billones son problemas que aún no ven solución.
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Según la ACHC, para que el proyecto de transformación del sistema garantice la supervivencia de clínicas y hospitales se necesita que la reforma contemple la cobertura eficaz, “es decir, que el usuario tenga acceso, continuidad e integralidad en los tratamientos, que el gasto sea eficiente, consiga más y mejores resultados sanitarios, fomente la calidad en la atención y que los recursos se administren de manera limpia y transparente”.
El diagnóstico de los especialistas
Para el presidente del Colegio Médico de Antioquia, Carlos Valdivieso, el giro directo no garantiza que clínicas y hospitales reciban de manera oportuna los recursos que requieren. Pese a reconocer que el actual sistema necesita un cambio estructural, prevé que se abre la puerta a la corrupción por la falta de auditoría sobre $80 billones anuales del sector. “Como el Gobierno controla los pagos, puede usar ese poder para manejar la relación y favores políticos por parte de las diferentes IPS que dependen de esos pagos. Este sistema de clientelismo político en la salud ya se veía en el pasado en el ISS”, señala Valdivieso, cirujano plástico y especialista en Gerencia en Salud Pública. “Había unos sobrecostos porque todo el mundo desfalcaba al sistema. Sobrecostos en los medicamentos, en las tecnologías y manipulación del talento humano en los nombramientos. El Gobierno quiere regresar a eso”.
El especialista defiende que la ventaja del modelo de intermediación financiera es que las entidades privadas cumplen la función de bajar los gastos en el sistema: “Estamos saliendo de la intermediación financiera porque las EPS se quebraron y no van a querer volver a ese negocio. Las EPS se quebraron porque la UPC los hace trabajar a pérdida. Los presupuestos máximos se pagan a las EPS después de que prestan el servicio y el Gobierno les debe $3 billones”. Sobre el giro directo agrega: “Savia Salud debía $400.000 millones antes de ser intervenida. Y en este momento son alrededor de $395.000 millones. No ha mejorado la cartera con los hospitales públicos”.
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Al respecto, Jairo Humberto Restrepo, docente investigador de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia y coordinador del Grupo de Economía de la Salud, considera que el trasfondo de la propuesta del Gobierno frente a las IPS es “la obsesión por acabar las EPS, por eliminar esa función que ejercen como aseguradoras, convencido de que si la Adres es un pagador único, mediante el giro directo las cosas van a mejorar”.
El profesor Restrepo explica que la aplicación del giro directo inició en el pasado en el régimen subsidiado, en el que la Adres gira hoy alrededor de 80 % de los recursos directamente a los prestadores. En el régimen contributivo, la figura de giro directo ha aumentado, especialmente para las EPS intervenidas, así como el pago de los presupuestos máximos. “Hay que tener mucho cuidado, porque las clínicas y hospitales pueden verse favorecidos en el corto plazo. Sin embargo, si no se hace una buena auditoría, definitivamente el recurso no va a alcanzar”.
