En lo que muchas personas han considerado un fallo histórico no solo para México sino para Latinoamérica, las mujeres recibieron este martes la noticia de que, en dicho país, la Suprema Corte despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo.
En palabras más simples, desde antier es inconstitucional en ese país criminalizar el aborto y a las mujeres y personas gestantes que lo practiquen. Sigue siendo un delito, en ningún estado es legal hacerlo, pero no serán enviadas a prisión. De hecho, de los 32 estados mexicanos, solo cuatro tienen leyes que permiten la interrupción voluntaria antes de las 12 semanas con algunas causales; los demás podrán decidir y redactar nuevas leyes ante dicha decisión de la Corte.
Casi paralelamente, el miércoles de la semana pasada en Estados Unidos ocurrió lo contrario. En el estado de Texas, que ahora se convierte en el más restrictivo en cuanto al acceso a esta práctica, entró en vigor una ley que prohibe la mayoría de abortos desde la sexta semana de gestación, cuando muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas.
Esta legislación, además, indica que cualquiera puede denunciar a clínicas o personas involucradas en la interrupción, incluso si solo “ayudaron o incitaron” al procedimiento.
Este paralelo en países tan cercanos en ubicación solo demuestra que el aborto es un debate que continúa vigente y que tiene posiciones contrarias y encontradas, sobre todo teniendo en cuenta que, según cifras de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Guttmacher, cerca de 25 millones de abortos peligrosos se realizan cada año.
¿De quién es el derecho?
Cada país, libre de crear sus políticas públicas, tiene diferentes leyes respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. De acuerdo con Marta Restrepo López, del movimiento político de mujeres Estamos Listas, “algunos decidieron despenalizarlo y ponerlo en términos de políticas públicas que atiendan la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y esto lo han logrado los movimientos feministas a través de los años”.
Otros países tienen algunas causales de excepción, como la violación, la malformación del feto o el riesgo de la madre gestante, mientras que cerca de 16 países en el mundo lo prohiben por completo, siete de estos en América Latina: El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Jamaica, Haití y Surinam, según el Centro por los Derechos Reproductivos.
Se trata de un tema de derechos humanos pero, para muchos, la pregunta es: ¿el derecho es de la madre al decidir sobre su cuerpo o del feto y su derecho a la vida?
Para Lorena Rivera, vocera de la Asociación Benéfico Cristiana Promotora de Desarrollo Integral, la vida comienza cuando se une un óvulo con un espermatozoide y, desde ahí, ya se debe amar, valorar y proteger.
De acuerdo con Restrepo, sin embargo, en ningún tratado internacional se ha reconocido el feto como sujeto de derechos por lo que, “en ese sentido, no se le podrían otorgar derechos a este sobre los de una vida ya en curso como la de las mujeres gestantes”.
A propósito, en Colombia por ejemplo, el Código Civil indica que se es persona una vez se nace y se desprende del vientre y que el Estado debe proteger el valor de la vida fetal cuando se producen daños a embarazos deseados por cuenta de violencias hacia las mujeres.
Para Boris Julián Pinto Bustamante, profesor investigador del Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque y profesor principal de la Escuela de Ministerio y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, la discusión del estatuto moral del embrión y en qué momento tiene derechos es un tema largo y ”no estoy seguro de que vayamos a lograr un consenso entre las partes”, pues aún no lo hay siquiera entre las diferentes ramas científicas.
Así, dicen las personas prodecisión que el derecho recaería sobre las mujeres. “Defendemos la autonomía y la libertad para decidir sobre la reproducción, tener derechos reproductivos y sexuales informados, atención médica, prevención de embarazos no deseados y poder acceder a los derechos sin limitaciones por parte de jueces, policías, médicos y demás”, puntualiza Restrepo. Dice que criminalizar un derecho solo envía a las mujeres a la frustración, a la persecución y la clandestinidad o a la maternidad obligada.
Para la concejala Dora Saldarriaga se debe separar el debate moral del jurídico, “porque todos tenemos una idea diferente de lo que es bueno y lo que es malo”. Cree que la libre elección no implica la imposición sino la autodeterminación, “que yo pueda decidir tener muchos hijos o no tener ninguno”, y que penalizar el aborto va en contravía de los principios fundamentales consagrados en la Constitución.
Un debate que no termina
Las dos posturas son claras: están quienes consideran que la mujer debe poder elegir sobre su cuerpo, tener autonomía reproductiva, y quienes creen que el feto tiene derecho a la vida.
Pinto considera que aunque el aborto se puede prevenir, hay casos donde no es posible evitar los embarazos no deseados. Dice que ambas posturas (y aquellas en escalas de grises) tienen raíces conceptuales, ideológicas y filosóficas muy fuertes, tal vez ninguna con razón absoluta, y que el consenso será difícil.
Para monseñor Mauricio Vélez García, obispo auxiliar de Medellín, “la Iglesia siempre ha dicho que no al aborto y continuará haciéndolo porque la vida es un don de Dios y porque el respeto a esta es una tarea permanente”. Considera que no es derecho del hombre (o la mujer) “tomar el atributo de disponer de lo que no le pertenece” y que “el aborto no es la solución al control demográfico ni una respuesta ante un hijo no deseado”.
Los individuos y agrupaciones feministas, en cambio, no consideran el aborto como una forma de anticoncepción sino como una garantía, y dicen que “llevar el conjunto ideológico de creencias, las religiones, es peligroso porque amparados en la libertad de cultos terminan sometiendo a más de la mitad de la población (las mujeres)”, dice Restrepo. “Defendemos tanto la libertad de creencias como la libertad de la mujer a decidir sobre su cuerpo y esas dos cosas no se contradicen sino que coexisten en un escenario democrático”, añade.
Pinto Bustamante puntualiza que, desde el punto de vista normativo y de políticas públicas, cada vez se reconoce que las posturas que enfatizan una sola parte ofrecen una mirada incompleta frente a la complejidad del fenómeno y que el aborto se trata de un problema de salud pública con determinantes sociales, de equidad social, económica y de acceso a salud.
Asunto de salud pública
¿Cuando se despenaliza o legaliza el aborto, aumentan las cifras de interrupciones? ¿Las mujeres lo toman como una opción?
Para Saldarriaga, diversos estudios y datos demuestran lo contrario: “La despenalización reduce el número de abortos y es ahí donde tiene que centrarse el debate”.
Según la OMS, restringir el acceso al aborto no reduce el número o la cantidad de esta práctica sino que lo único que se logra es que sean abortos clandestinos, o inseguros.
Las regiones donde el aborto es legal son las que más tasas de interrupciones seguras hay, con nueve de cada diez casos y, al mismo tiempo, en los países donde está completamente prohibido o con excepciones, solo uno de cada cuatro abortos es seguro.
Para Pinto, “los países que más se empeñan en penalizar la práctica del aborto no han logrado eliminarlo. Las mujeres siguen recurriendo a este aunque los marcos normativos lo prohiban, solo que lo hacen en condiciones inseguras”.
Por eso, dice que se trata de un asunto de salud pública, por lo que el fenómeno se debe reconocer con todas sus variables sin reducir a fórmulas simples. “No se puede exigir responsabilidad a las mujeres cuando se debe tener en cuenta el contexto, sus problemas de acceso a salud, la equidad de género, los fenómenos culturales y las dificultades en la práctica que tienen algunas para negociar o exigir el uso de métodos anticonceptivos. Penalizar la práctica es endosarle a la mujer responsabilidad, heroísmo o autosacrificio”.
Al ser tema de salud pública, afecta a todos: el costo anual del tratamiento de las principales complicaciones de un aborto inseguro se calcula en 553 millones de dólares, según la OMS, teniendo en cuenta que casi todos los casos de muerte o discapacidad se pueden prevenir con interrupciones seguras.
Finalmente, dice Restrepo, “las mujeres hemos abortado toda la vida y vamos a seguir haciéndolo. Lo que debe decidir la sociedad es cómo quiere que esto suceda. Si quiere que sea una causa de limitación de derechos, de justicia social, de acceso a la salud, o si debemos modernizar las instituciones y dar libre decisión”.
Lo que está claro, y en lo que ambos lados concuerdan, es que la educación sexual y reproductiva impartida a hombres y mujeres, la formación sexoafectiva, el autocuidado, la información y la garantía de acceso a la educación y a los anticonceptivos son claves y son los que, al final del día, previenen el aborto.
