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Los discursos justificatorios de las Farc, ahora Partido Farc, frente a las atrocidades cometidas por sus guerrilleros mientras estuvieron inmersos en el conflicto armado contra el Estado colombiano, no conocen límites. Ofende a cientos de miles de víctimas su discurso en las audiencias de la JEP “suavizando” el tenor humillante e inhumano de sus crímenes.
Llamar “retenciones” a secuestros que tardaron meses y años, de los cuales muchas víctimas nunca regresaron o tras los cuales sus vidas quedaron hundidas en traumas y recuerdos de horrores es otro más de los malabares verbales que chocan contra la necesidad, y la obligación, según los acuerdos firmados con el Estado, de decir la verdad, de garantizar no repetición y de reparar no solo económicamente sino moralmente a la estela de víctimas que dejaron.
El idioma y sus acepciones ofrecen claridad: una retención tal vez podría aludir a que uno de los bandos de una confrontación prive de la libertad transitoriamente a civiles en circunstancias de combate, de hostilidad, de comprobación de informaciones de inteligencia, pero los secuestros de las Farc contra diferentes personalidades del país fueron un entramado de cálculos criminales de intimidación a la sociedad, de crueldad, de ostentación de “poder” y humillación a los ciudadanos, que se prolongaron con implacable desprecio por la vida y la humanidad.
En los acuerdos de La Habana con las Farc, así como en los desarrollos normativos, los compromisos de la exguerrilla son claros: incluyen la no revictimización. Si los reincorporados no cumplen, podrían verse sujetos a la revocatoria de los múltiples beneficios jurídicos otorgados.
Por su parte, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) no es espectadora pasiva de lo que quieran testificar los responsables de crímenes tan crueles como el secuestro. Si bien en una primera etapa procesal deben registrar los testimonios, llegará el momento en que deben valorar, contrastar, contrainterrogar, cuestionar y, finalmente, juzgar. Juzgar con la ley en la mano, con las definiciones precisas bajo las cuales las normas tipifican los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
La carta de la líder política Íngrid Betancur a la JEP retrata esa indignación, en una doble vía: la primera, porque se enteró de las categorías y del relato manipulado de los excombatientes, en las audiencias, por versiones de los medios de comunicación, no de los magistrados y del sistema de justicia transicional.
Lo segundo, que es lo más profundo y que es sustancia de este editorial, porque la historia de sufrimiento e ignominia que padecieron las víctimas de esa guerrilla, en especial los secuestrados (hoy vivos o muertos), puede quedar enterrada y sus efectos jurídicos y judiciales diluidos en el olvido y la impunidad.
Varias líneas de la carta de Íngrid describen la sorpresa y el malestar: “El encadenamiento era parte de su obsesión con el castigo para quebrarnos sicológicamente (...) Se apropiaron de mi vida, de mi tiempo familiar y laboral (...) para usarme como escudo militar, moneda de cambio y plataforma mediática”. Por eso, advierte ella con razón que “perdón no es olvido. Tampoco es impunidad”.
Si el Partido Farc y los desmovilizados pretenden insertarse realmente en la vida del país, y en la civilidad, deberán entender que su aceptación no es la desmemoria ni este relato lánguido y eufemístico de sus atrocidades.