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El próximo 30 de noviembre se iniciarán las negociaciones del salario mínimo para 2021. La pandemia obliga a que la mayoría de las reuniones se hagan de forma virtual, pero esa va a ser la menor de las dificultades en ese proceso. Si en tiempos normales la discusión sobre la fijación del salario mínimo desata pasiones, en las actuales circunstancias la tensión entre los distintos actores no debería ser menor sino todo lo contrario.
Ya se han mencionado algunas cifras que dan una señal de lo distanciadas que pueden estar las partes. Las centrales obreras quieren que el salario mínimo sea de un millón pesos para 2021 y que el subsidio al transporte sea de $120.000, sumando los dos valores, el salario mínimo total aumentaría 14,2 %, en relación con el que se tiene este año ($980.657). Para sustentar esa propuesta, algunos dirigentes de las centrales obreras plantean que si se fortalece la capacidad adquisitiva de los trabajadores aumentaría el consumo y eso contribuiría a la reactivación de la economía.
El problema del argumento y de la propuesta de incremento del mínimo, es que en realidad no está teniendo en cuenta los mecanismos que desencadena una recesión tan profunda, en la cual la economía colombiana terminará el año con un crecimiento negativo de alrededor del 8 %. Que la economía esté en recesión significa un deterioro muy grave del mercado laboral y también de la casi totalidad de los sectores productivos. No solo se han perdido miles de empleos, sino que paneles enteros de empresas han desaparecido o están cerca de la quiebra.
Un aumento del salario mínimo como el que se está proponiendo, no lo podrían soportar las pequeñas y medianas empresas y el efecto sería contraproducente porque lo único que generaría sería mayor pérdida de puestos de trabajo. En esas condiciones sería una labor titánica reducir la tasa de desempleo a niveles inferiores al 10 %, como ya se vio en la crisis de fin de siglo.
De otra parte, según la ley 278 de 1996, el aumento del salario mínimo debe tener en cuenta la inflación pasada, la meta de inflación del año siguiente, el crecimiento de la economía, la contribución de los salarios al ingreso nacional del año que está terminando y la productividad laboral.
Si se examinan una a una las variables, se insinúa un escenario como el que platea la Universidad de los Andes (Nota Macroeconómica No 24) en el que se concluye que debería considerarse, incluso, la reducción del salario mínimo. Esto porque la inflación llegará a 1,8 % en 2020, el crecimiento será -8 % y, en esas condiciones, no es factible que la productividad laboral o la contribución de los salarios hayan aumentado. La meta de inflación es la de largo plazo, que es 3 %, y sería la única señal diferente.
La sentencia 815 de la Corte Constitucional hace inviable la propuesta de la Universidad, porque allí se estipula que el ajuste del salario mínimo no puede reducir el poder adquisitivo de los trabajadores y pensionados.
Es difícil llegar a un acuerdo, que sería lo ideal, algo que solo se ha logrado en ocho oportunidades en 23 años de negociaciones. Como siempre el Gobierno tratará de que las partes se acerquen, pero eso se ve muy difícil por las extraordinarias circunstancias que rodean la negociación y, es de esperar que el salario mínimo se fije nuevamente por decreto .