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No es normal que después de más de un año con una licitación abierta y a 42 días de que se acabe el contrato, el país no sepa quién se va a encargar a partir del 2 de octubre de elaborar este documento.
El contrato de la elaboración de los pasaportes de los colombianos podría servir como un caso de estudio en las universidades para entender cómo opera, y por qué no suele funcionar, el gobierno de Gustavo Petro.
No es normal que después de más de un año con una licitación abierta y a 42 días de que se acabe el contrato con la firma que por 17 años ha hecho esa tarea sin mayores contratiempos, el país no sepa quién se va a encargar a partir del 2 de octubre de elaborar este documento imprescindible para cualquier colombiano moverse por el mundo.
El gobierno Petro se ha hecho un ocho con el proceso. El canciller Álvaro Leyva abrió esa licitación por 600.000 millones en abril de 2023. Petro, como si no fuera gobierno sino un activista opositor, apareció en su cuenta de X cuestionando el proceso y terminó poniendo en pausa la licitación. Ese arrebato del gobernante le costó a Colombia una demanda por 117.000 millones de pesos de Thomas Greg & Sons, la renuncia de la entonces directora de la Defensa Jurídica del Estado que alertó sobre el mal manejo jurídico del caso, y la caída del canciller Leyva a quien la Procuraduría suspendió.
Ahora la Cancillería dice que está tratando de hacer un nuevo proceso para cumplir las indicaciones del presidente Petro de que los pasaportes los haga una entidad pública y no una firma privada. Pero en la práctica lo que ha trascendido es que va a pasar todo lo contrario, el mismo canciller Luis Gilberto Murillo dijo en la última semana que participará un privado y que lo hará bajo la tutela de un gobierno extranjero.
Para que no queden dudas, estas fueron las palabras del canciller Murillo: “El esquema incluía que parte de estos procesos los asumía la Imprenta Nacional. Otro componente, en este híbrido, un socio privado y todo esto bajo la tutela de nuestro socio de gobierno extranjero”. Añadió que la Imprenta no estaba lista.
Entonces ahora estamos en que para “priorizar” una entidad pública, lo que va a hacer el gobierno Petro es poner a un “socio privado”, “bajo la tutela” de un gobierno extranjero a producir los pasaportes de los colombianos. ¡Qué tal la contradicción!
La pregunta de fondo es si el gobierno de Gustavo Petro en el caso de los pasaportes está enredado en una suerte de incompetencia o si lo que pasa es que hay algo que están ocultando.
La improvisación está probada. Sin embargo, y lo que es más preocupante, es que existe también la posibilidad de que haya un interés distinto detrás de ese discurso estatizante.
Atención a esta historia que puede tener la clave de lo que está pasando: Cuando se destapó el escándalo de los Panama Papers en 2016, una de las tantas revelaciones fue que Cuba controlaba desde el 2006 el sistema de pasaportes de Venezuela. Cosa que había estado oculta durante 10 años.
Plataformas de investigación como armando.info, de Venezuela, e IDL-Reporteros, de Perú desenredaron la historia. En 2005, el entonces ministro de Interior de Venezuela, Jesse Chacón, recibió instrucciones del presidente Hugo Chávez de hacer un nuevo contrato para los pasaportes. “Las empresas de Estados Unidos quedaron descartadas de entrada y los chinos prefirieron pasar de largo frente a la intermediación cubana”, dice la investigación. Porque el propósito era que Cuba participara.
Y apareció un exdirector del Banco Central de Perú, Francisco Pardo Mesones, que les ayudó a hacer la triquiñuela: con el apoyo del bufete panameño Mossak Fonseca diseñó una triangulación de transferencias y contratos a través de paraísos fiscales. De suerte que en uno de los tantos documentos de Panamá Papers aparece el “Acta de aceptación final del sistema” de los pasaportes venezolanos. La firman, de una parte una empresa alemana (Bundesdrukerei) y una offshore (Billingsley Global Corp), y de otra parte, Albert Ingeniería y Sistemas, por Cuba.
La Habana se quedaba, de acuerdo con el contrato hasta ese momento secreto, con el acceso al software y los datos para la emisión y actualización de los documentos. ¿Podría pasar algo parecido en el caso de Colombia?
Y ojo al dato: una de las firmas que se ha mostrado más interesada en hacer los pasaportes colombianos es Veridos, de Alemania. Hasta carta le mandaron al ministro Leyva en su momento. Según información que aparece en la página web de Veridos, la firma Bundesdruckerei —la misma de la triangulación de los pasaportes venezolanos para Cuba— tiene una participación del 40% en ella. Y la Cancillería aseguró la semana pasada que el aliado internacional estaba entre Canadá, Alemania, Países Bajos, Austria, Portugal y Francia.
Podría tratarse simplemente de una coincidencia. Pero son este tipo de coincidencias las que exigen del canciller y del gobierno de Gustavo Petro más transparencia y consideración con los colombianos. Hemos visto como para los venezolanos sacar el pasaporte no solo se ha vuelto un privilegio sino un viacrucis eterno.